El 74% de los venezolanos considera que la democracia es la mejor forma de gobierno y el 62% quiere cambios importantes en el sistema político y en el liderazgo durante los próximos 12 meses. La demanda de cambio también aparece cuando se pregunta por las elecciones presidenciales: el 45% considera que deberían celebrarse lo antes posible, mientras que otros prefieren esperar hasta 2031, la liberación de los presos políticos o una recuperación económica.

Pero el dato que introduce mayor complejidad es otro: el 42% de los encuestados afirma no confiar en ningún político ni en ninguna figura pública. Entre quienes sí mencionaron a alguien, María Corina Machado obtuvo 26%, seguida por Edmundo González con 6% y Nicolás Maduro con 5%; el resto de las figuras mencionadas no supera el 3%.

La encuesta también muestra que el rechazo al chavismo sigue siendo elevado: el 80% califica negativamente sus efectos, mientras que las principales condiciones señaladas para una eventual reconciliación son el cambio de gobierno, la rendición de cuentas y los procesos judiciales, el reconocimiento de errores por parte del Gobierno y la liberación de los presos.

Hay otro dato relevante para entender el nuevo escenario internacional: 77% evalúa positivamente o muy positivamente el papel desempeñado por Estados Unidos en Venezuela entre enero y julio de 2026, y 82% quiere relaciones cercanas o muy cercanas con el gobierno norteamericano. Al mismo tiempo, la economía sigue siendo la principal preocupación, ya que cuatro de cada diez personas la consideran el principal problema del país.

Más que una fotografía sobre preferencias electorales, los resultados muestran una tensión que será central en los escenarios y es que existe una demanda mayoritaria de democracia y cambio, pero eso no se traduce automáticamente en confianza hacia quienes buscan representar ese cambio. La distancia entre ambas cosas (el deseo de transformar el sistema y la desconfianza hacia sus actores) puede ser uno de los principales desafíos de la próxima etapa política en Venezuela.

La encuesta se realizó entre el 12 de junio y el 15 de julio de 2026, mediante entrevistas telefónicas a 1.203 adultos residentes en Venezuela, con un margen de error máximo de ±3,9 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo fue interrumpido durante dos semanas tras el terremoto del 24 de junio y posteriormente retomado.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• María Corina Machado afirmó estar dispuesta a regresar a Venezuela y trabajar con quienes estén en el poder para reconstruir el país. Tras conversar con el senador estadounidense Rick Scott, reiteró su disposición a impulsar una nueva etapa política y fortalecer la relación con Estados Unidos y sus aliados.

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prepara un plan de colaboración de dos años para Venezuela, con foco en la recuperación del sistema eléctrico y la protección social. El organismo ya envió misiones al país para evaluar la situación macroeconómica, revisar los datos y definir las áreas de cooperación para los próximos dos años.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) explora establecer una oficina en Venezuela para retomar la cooperación técnica con el país. El organismo confirmó que Caracas aún no ha solicitado un programa de financiamiento, mientras ambas partes discuten el formato y el calendario de una eventual presencia local.

• El presidente chileno José Antonio Kast se reunió en Nueva York con Delcy Rodríguez para avanzar en el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela. Kast afirmó que su gobierno respalda la reconstrucción de Venezuela y señaló que espera retomar las relaciones diplomáticas en los próximos meses.

• María Corina Machado intentó regresar a Venezuela tres veces en un lapso de 24 horas, mientras Delcy Rodríguez se encontraba en Nueva York. Los intentos, por vía marítima y aérea desde Panamá, no tuvieron éxito y elevan a siete las ocasiones en que la líder opositora ha intentado regresar al país en los últimos meses.

• El BID trabaja en un posible préstamo de US$2.500 millones para Venezuela, pero enfrenta la oposición de algunos miembros de su consejo directivo. Las dudas se centran en la capacidad de Caracas para pagar la deuda, aunque existe consenso en torno a la importancia de retomar la cooperación con Venezuela.

• Telefónica reactivó el proceso de venta de su filial en Venezuela y ha recibido muestras de interés de potenciales compradores. La compañía aún no tiene una oferta firme ni ha tomado una decisión definitiva, pero estudia organizar un proceso competitivo para concretar su salida del país durante el próximo año.

• GeoPark planea invertir US$7.000 millones en el yacimiento petrolero venezolano de Bare para elevar la producción de unos 11.000 a 90.000 barriles diarios para 2038. La entrada de la compañía colombiana en Venezuela se produce tras un acuerdo de producción compartida por 25 años con el Gobierno, y sus operaciones en la Faja del Orinoco comenzarían en diciembre.

Le estamos poniendo el ojo:

Flávio Bolsonaro terminó la primera vuelta por delante de Lula da Silva, con alrededor del 47% de los votos frente al 45% del actual presidente, y ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 25 de octubre. El resultado sorprendió a las encuestas previas, que lo situaban ligeramente por encima, y confirmó una elección altamente polarizada.

Más allá de la diferencia entre los candidatos, el resultado también deja un Congreso con mayor peso de la derecha. El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro se convirtió en la mayor fuerza tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esto significa que, independientemente de quién gane la Presidencia, el próximo gobierno tendrá que gobernar frente a un Legislativo con una composición más favorable a la derecha.

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Este 12 de octubre comienza la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Una nueva temporada para volver a las tribunas, seguir a los equipos y disfrutar de uno de los grandes rituales que acompañan a los venezolanos cada año.

La escena resume bien cuánto cambió la relación de fuerzas después del 3 de enero. Rodríguez pasó años denunciando al “imperio”, atacando al actual presidente estadounidense y participando de la campaña “No + Trump”. Ahora aterriza en Nueva York y busca una fotografía con el presidente que ordenó la operación que terminó con Nicolás Maduro preso en Brooklyn.

Trump se encargó este martes de hacer aún más incómoda esa contradicción.

Ante la Asamblea General, y con la delegación venezolana en el salón, reivindicó la operación estadounidense en Venezuela como prueba de que Washington no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos avancen en el hemisferio. Recordó la captura de Maduro, a quien llamó “dictador prófugo” y “criminal”, habló de la liberación de cientos de presos políticos y presentó el acuerdo sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas como “el mayor trato jamás firmado”. Su resumen fue menos diplomático: “al vencedor le pertenece el botín”.

El mensaje tiene una carga política difícil de desmarcar de la visita de Rodríguez. Durante casi tres décadas el chavismo convirtió el antiamericanismo en una parte central de su identidad, utilizó la soberanía como argumento recurrente y presentó a Washington como responsable de buena parte de los problemas venezolanos. Ahora su principal dirigente está en Nueva York buscando entendimiento con el gobierno que capturó a Maduro y que reivindica públicamente haber impuesto las condiciones del nuevo acuerdo petrolero. La Casa Blanca sostiene que ese acuerdo otorga a Estados Unidos un control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela.

La humillación política para el chavismo es difícil de ocultar. Pero una cosa es la derrota de su vieja retórica y otra la democratización de Venezuela.

Ese será probablemente el terreno que Rodríguez intentará administrar cuando suba al podio de las Naciones Unidas. Es previsible que hable de paz, estabilidad, recuperación económica, soberanía y cooperación; que presente las excarcelaciones y algunas aperturas recientes como pruebas de una transformación política, y que intente proyectarse como la dirigente capaz de garantizar orden después de Maduro.

Tiene razones para hacerlo. Desde enero, ha cooperado estrechamente con Washington y ha logrado mantenerse al frente del Estado. El problema sigue siendo el mismo: gobierna sin haber sido elegida presidenta y Venezuela continúa sin fecha para una elección presidencial.

La Casa Blanca, por su parte, no ha organizado un encuentro formal. Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU, describió el encuentro como un pull-aside: una conversación informal al margen de la Asamblea.

Mientras tanto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, siguen presos en Nueva York. Una visita de Delcy Rodríguez a la cárcel no está en la agenda. Tiene sentido, dado que lleva semanas sin usar el “interina” en sus comunicados. Su antiguo jefe espera juicio mientras ella busca estrechar la mano de quien ordenó su captura.

Este martes, mientras Rodríguez desarrollaba su agenda en Nueva York, venezolanos se concentraron frente a las Naciones Unidas para reclamar elecciones presidenciales y la libertad de los presos políticos. La protesta había sido convocada bajo una consigna sencilla: “New face, same regime”.

En su discurso del jueves, Delcy Rodríguez probablemente intentará justificar su permanencia en el poder ante el mundo. La idea de que la paz, la estabilidad, la recuperación económica, la soberanía y la normalización política son posibles solo con ella al mando.

Presentará las excarcelaciones, el levantamiento parcial del bloqueo a la prensa o el acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos como pruebas de que Venezuela atraviesa una transición. Pero cuatro días antes de su discurso, los datos dicen otra cosa.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó en un informe reciente que el aparato represivo permanece intacto. Entre 325 y 450 personas siguen detenidas arbitrariamente; se documentaron desapariciones, muertes bajo custodia y torturas posteriores al 3 de enero. Los organismos de seguridad e inteligencia no han sido reformados y los funcionarios vinculados a la represión siguen ocupando posiciones de poder.

Tampoco existe todavía una fecha para la elección presidencial. Rodríguez enfrenta un problema de legitimidad. Ejerce la presidencia sin haber sido elegida. Por eso, cada reconocimiento exterior, cada acuerdo y cada fotografía tienen un valor enorme para ella. La normalización internacional puede servir para compensar temporalmente la falta de legitimidad electoral.

Todo esto conlleva un riesgo para el presidente Trump. El significado de una fotografía tras el encuentro con Rodríguez dependerá de lo que se obtenga a cambio. Si viene acompañada de condiciones para el regreso de María Corina Machado, la liberación de todos los presos políticos, el desmontaje del aparato represivo, y especialmente, una fecha para la elección presidencial, puede inscribirse en una secuencia de transición.Si no, el chavismo habrá conseguido una fotografía con el presidente de Estados Unidos mientras conserva buena parte del poder que tenía antes del 3 de enero.

Una delegación del régimen de Delcy Rodríguez, a invitación de Estados Unidos, participará en las reuniones del G20 sobre energía en Houston, donde se reunirán las grandes economías del mundo y los principales paises productores de petróleo.

Aunque no se espera que Venezuela tenga un rol conductor en la cumbre, la invitación de Washington refleja el rol central que Estados Unidos le está dando a Venezuela luego de la captura de Maduro el 03 de enero.

El secretario del Interior, Doug Burgum, explicó que una de las prioridades de Washington es trasladar el centro geopolítico del petróleo de Oriente Medio hacia el hemisferio occidental. En ese escenario, las enormes reservas venezolanas son estratégicas paralEEUU

La delegación del régimen estará encabezada por la ministra de Petróleo, Paula Henao, y el vicepresidente de PDVSA, Jovanny Martínez, quienes tendrán reuniones bilaterales, yencuentros con representantes de la industria. Aunque no participará en las reuniones oficiales , su presencia evidencia que Venezuela vuelve a las conversaciones internacionales sobre energía.

El régimen de Delcy Rodríguez ha convertido la atracción de inversión extranjera en una prioridad para recuperar la industria petrolera. La participación en Houston permite mostrar a Venezuela nuevamente como un destino para capital, tecnología y acuerdos energéticos, después de años en los que el deterioro de PDVSA a manos del chavismo, las sancionesy la caída de la producción limitaron su presencia en los mercados internacionales.

El momento de la cumbre no es casual, la guerra en Medio Oriente ha elevado los precios de hidrocarburos Por lo que Estados Unidos ha redoblado esfuerzos en disponer de un proveedor de petróleo adicional en el hemisferio occidental y Venezuela parece cumplir con ese rol.

Después de años de aislamiento, Venezuela vuelve al tablero energético internacional, de la mano de Donald Trump.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• Estados Unidos busca ampliar su acceso a los recursos minerales de Venezuela, incluido el oro, más allá del sector petrolero. Según Reuters, la iniciativa podría abrir la minería venezolana a la inversión estadounidense y facilitar el acceso a mineralesestratégicos para la seguridad nacional de EE. UU.

• Venezuela enfrenta importantes vacíos de información sobre su potencial minero. Datos publicados por el Gobierno han utilizado indistintamente conceptos como “reservas” y “recursos”, lo que dificulta determinar con precisión la magnitud de sus depósitos y cuánto conoce realmente el país sobre su potencial geológico.

• Chevron planea más que duplicar las plataformas petroleras que opera en Venezuela como parte de su expansión en el país. La compañía y sus socios prevén invertir más de US$7.000 millones para elevar la producción a 600.000 barriles diarios en 2031.

• La defensa de Cilia Flores pidió que pase a arresto domiciliario en Nueva York alegando problemas cardíacos. Sus abogados aseguran que ha sufrido episodios de presión en el pecho y falta de aire, y que podría requerir atención cardiológica especializada; el juicio está previsto para junio de 2027.

• Empresarios colombianos, como el Grupo Gilinski, ven oportunidades de inversión en Venezuela ante la reapertura de su economía, pero avanzan con cautela por las dudas sobre la seguridad jurídica.

• Alex Saab se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas. Como parte del acuerdo, deberá entregar cerca de US$195 millones y podría enfrentar hasta 20 años de prisión; la sentencia está prevista para enero de 2027.

• Delcy Rodríguez planea viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y reunirse en privado con Donald Trump, según Bloomberg. ería su primera visita a Estados Unidos desde que asumió el gobierno interino y es una señal del acercamiento entre ambos países.

• El Tesoro de Estados Unidos modificó una licencia para impedir cambios no autorizados en la gobernanza de Citgo Petroleum y sus empresas matrices, PDV Holding y Citgo Holding. La medida busca preservar el control actual sobre los activos venezolanos en EE. UU., mientras Delcy Rodríguez intenta recuperar su control tras el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos.

Le estamos poniendo el ojo:

Estados Unidos retiró a Venezuela como país que ha “fracasado de forma demostrable” en la lucha contra el narcotráfico. Aunque Washington mantiene a Venezuela en la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas del mundo, la nueva designación señala que el gobierno de Trump considera que el régimen de Delcy Rodríguez ha comenzado a adoptar medidas suficientes en la lucha contra el narcotráfico.

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El podcast 30X, con Andrés Bilbao donde entrevista a Pedro Vallenilla, CEO de Cashea, cuenta cómo pasó de fracasar durante años, quebrar en pandemia y trabajar cobrando deudas a liderar la fintech más grande de Venezuela. Un episodio sobre construir desde cero y sobrevivir sin capital hasta llegar al éxito.

Vásquez es abogada, académica y jurista venezolana. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y, durante este año, se postuló al cargo de Fiscal General de la República ante el Comité la Asamblea Nacional, candidatura que recibió el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de las principales universidades del país

¿Cómo describiría, desde el derecho, lo que ocurre hoy en Venezuela respecto del proceso de diálogo? ¿Es un proceso jurídico, político o ambos a la vez? ¿Cómo lo describe?

Este no es un proceso jurídico; esto es un proceso político, que ha estado determinado por las condiciones del contexto, y de allí que muchas de las decisiones y propuestas que se han formulado no se adecuen estrictamente a lo jurídico. Esto tiene entre sus antecedentes más directos iniciativas que han surgido a partir del 3 de enero de este año, como la ley de amnistía, y desde allí han surgido otras iniciativas y decisiones que van a incidir en lo jurídico, como la búsqueda de cambiar la cabeza del Poder Judicial, pero su fundamento o sustento es principalmente político.

¿Qué consecuencias o precedentes se generan de que este proceso sea netamente político?

El hecho de que las decisiones obedezcan a la política, en la vía de esa tan ansiada reinstitucionalización, no es en sí mismo el problema. Lo importante es que, hasta donde sea posible, lo político no se superponga a lo jurídico. Ya sabemos de entrada que hay aspectos normativos que no se están respetando y que tampoco se respetaron en procesos anteriores. Sin embargo, creo que hay una diferencia: lo que yo percibo, a partir de los anuncios que se han hecho, es que hay diferencias importantes respecto a procesos anteriores, que dan un mayor margen de maniobra y que están dirigidos a favorecer una mayor participación de la ciudadanía.

En esa línea, todo aquello que permita cumplir, hasta donde sea posible, con las exigencias tanto de la Constitución como de la ley, hay que fortalecerlo e impulsarlo. Es decir, en el proceso hay cosas que no corresponden con lo establecido en la Constitución, pero también entendemos que el proceso previo se puede de otra manera. La idea es que lo político (que ha sido lo determinante para iniciar este proceso) luego no se superponga sobre lo jurídico y lo institucional

La Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, que amplía el Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23 miembros y otorga mayoría a la sociedad civil. ¿Basta con cambiar la composición numérica del comité para garantizar la escogencia de magistrados independientes o esta reforma en sí misma no lo garantiza?

Ninguna reforma normativa puede garantizar un resultado. Al final del día, todo depende de quienes están llamados a aplicar esa norma, y eso pasa en todos los ámbitos, con cualquier reforma legal. Incluso en este caso hay una primera debilidad, que se conoce suficientemente: ese comité de postulaciones (el reformado, incluso, cuya conformación se modificó en la Ley del TSJ) no se adapta a lo que establece la Constitución, porque la Constitución habla de un comité de postulaciones conformado por miembros o representantes de la sociedad civil.

Pero, ¿qué diferencia hay en relación con procesos previos? Desde que se aprobó la primera Ley Orgánica del TSJ hasta la fecha, la conformación del comité no se ha llevado a cabo conforme a lo que establece la Constitución. Sin embargo, en esta oportunidad se le está dando mayoría a la representación de la sociedad civil, y eso es positivo. Ahora, ¿eso es una garantía de que el proceso sea independiente? Por supuesto que no. Eso va a depender de cómo se conduzca, de si efectivamente el comité de postulaciones puede actuar desprendido de valoraciones políticas y conducir a un proceso con transparencia y respeto de las credenciales.

Un tema importantísimo, que representa un cambio radical respecto a procesos anteriores, es que se ha afirmado que se va a conformar un comité de verificación de credenciales, que sería un órgano técnico distinto al comité de postulaciones, encargado de llevar a cabo esa verificación. Entendemos que será la instancia responsable de la elaboración del baremo. Ahí viene el punto importante: si efectivamente hay decisión política de permitir que ese comité técnico tenga la autonomía y la independencia para hacer propuestas que permitan que quienes resulten electos se adecuen al perfil de magistrado que establece la Constitución y la ley.

Al final, todo termina siendo una decisión política: si se le va a dar esa autonomía y esas facultades al comité de verificación de credenciales, y si el comité de postulaciones también va a actuar de manera objetiva e independiente, sin obedecer ni orientarse por compromisos o cuotas políticas. Lo que hay que ver ahora es hasta qué punto hay disposición para permitir que lo técnico y lo institucional primen sobre lo político.

El comité de postulaciones no cumple con lo establecido en la Constitución. ¿Qué consecuencias tiene que el comité de postulaciones incluya a diputados y no esté plenamente integrado por la sociedad civil? ¿Cree que existe riesgo de que los miembros de la sociedad civil sean cooptados o influenciados por el Estado o el gobierno, o considera que esa parte puede estar íntegramente representada por sus propios miembros?

Empezaría por lo último. Para que esto sea distinto en relación con procesos anteriores, es fundamental que quienes integren el comité de postulaciones sean personas que la sociedad civil pueda percibir como verticales, en el sentido de que puedan actuar con objetividad, autonomía e independencia.

Ahora bien, sí hay riesgo de que en el comité de postulaciones, incluso dentro de la cuota de la sociedad civil, haya miembros con tendencias partidistas. Esos riesgos siempre existen, pero para neutralizarlos es importante que se hagan públicos los perfiles, que se difundan oportunamente, de manera que la gente pueda cuestionar, hacer sus observaciones y ejercer su función contralora. Pero no podemos predecir esos riesgos hasta saber quiénes lo integrarían. Lo aspiracional es que sean personas que no respondan a cuotas de ningún tipo y que puedan evaluar objetivamente el perfil de los aspirantes.

En cuanto al tema de que formen parte del comité diputados, eso ha sido un vicio de origen, porque no es lo constitucional, y más que eso, no es lo adecuado ni lo institucional. ¿Por qué? Porque al final los miembros de ese comité de postulaciones terminan siendo juez y parte: como miembros de la Asamblea llevan a cabo el proceso de selección, y luego, también como miembros de la Asamblea, proceden a realizar la designación, la escogencia. Lo que se buscaba cuando la Constitución estableció que el comité de postulaciones estuviera conformado por integrantes de la sociedad civil era, por una parte, que hubiera intervención de la sociedad, que sus voces se hicieran sentir; y por otra, que los diputados pudieran tomar una decisión a partir de un filtro hecho por una instancia ajena al propio parlamento.

Entonces, desde ningún punto de vista es conveniente que diputados integren el comité. Pero, como decía, esa ha sido la realidad desde la primera Ley Orgánica del TSJ, aprobada después de la entrada en vigencia de la Constitución del 99.

Es muy difícil poder afirmar que van a salir, por ejemplo, de la mesa, porque nosotros conocemos lo que se ha difundido en cuanto a los acuerdos a los que se ha llegado, y en principio la atribución para hacer la designación le corresponde al poder legislativo. Pero eso va a depender del nivel de acuerdo y de qué tan profundos son esos acuerdos, hasta dónde han llegado en ese sentido.

Yo creo que, por lo que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación y los voceros de un lado y del otro, pareciera que hay un compromiso frente al país de que se quiere hacer algo distinto a lo anterior. No estoy diciendo que esto será perfecto, pero creo que hay un compromiso de que será distinto a los procesos anteriores. Y creo que, como venezolana, y todos estamos en esa línea, aspiramos a que los compromisos se honren, y a que esto no termine siendo un nuevo proceso que frustre a los ciudadanos frente a las expectativas que tienen.

Creo que esos pasos que se han dado, como el de reformar la Ley Orgánica del TSJ (y ahí viene la importancia de lo político y el peso de esos compromisos) y el hecho de que se haya planteado la conformación de ese comité técnico de verificación de credenciales, un comité distinto, que no está contemplado en la ley pero que va a realizar un trabajo técnico para elaborar el baremo... Nosotros quisiéramos saber si eso se hace, si ese comité elabora el baremo, si ese baremo es conocido por la sociedad. Ya eso representa un avance muy importante, que le hace pensar a uno en un pronóstico favorable de que, efectivamente, los compromisos que se han difundido se van a cumplir.

Entonces, dónde se va a tomar la decisión definitiva (si es en la Asamblea Nacional o en la mesa) no lo sabemos. Pero aspiramos a que la decisión que se tome atienda esos compromisos que se han anunciado, en el sentido de despolitizar el TSJ, de asegurar que esté integrado por jueces autónomos e independientes, y que pueda enviar un mensaje poderoso de que hay una verdadera voluntad política de que cambie el sistema de justicia, comenzando por la cabeza del poder judicial.

¿Qué diferencias podrían haber entre estos nombramientos de nuevos magistrados, otorgados a principios de año, y los del defensor y el fiscal? ¿Por qué esto es diferente?

La primera diferencia la vamos a ver en cómo se conformó el comité de postulaciones; ahí ya hay una diferencia importante. Hay algo que todavía no sabemos, pero que, si se cumple lo que se ha anunciado, también marcaría una diferencia: que haya, por ejemplo, un cronograma que se ejecute. Fíjate que en estos procesos previos se hizo una convocatoria, luego se extendió el plazo, luego hubo otra prórroga (es decir, prórrogas y prórrogas). No hubo claridad en relación con el proceso de impugnación de los aspirantes. Aquí se ha dicho que se va a difundir, como debe ser, como se establece en la ley: que se debe publicar el nombre de los aspirantes, de manera que la sociedad civil pueda avalar o cuestionar esas postulaciones. El hecho de que eso se haga puede marcar una diferencia.

También marca la diferencia algo que mencionaba hace poco: el baremo, es decir, cuáles son los criterios que van a regir la selección. Y eso va más allá del tema de los requisitos formales, porque la Constitución establece unos requisitos, la ley agrega otros adicionales, y es importante que la gente sepa el peso que tendría un mérito u otro al momento de la selección.

Entonces, yo creo que hay varias diferencias importantes, incluso al compararlo con el reciente proceso de convocatoria para proveer los cargos de magistrados. Recordemos que cuando tuvieron lugar los sucesos del 24 de junio, estaba corriendo un proceso para la selección de magistrados del TSJ, que, a partir de estos acuerdos, queda sin efecto, porque ahora el proceso comienza desde cero, y además comienza con la renovación total del TSJ, no solo con un grupo de magistrados.

Fíjate que si comparamos este proceso con el anterior (que sería el más comparable), vamos a ver diferencias importantes también. En ese proceso anterior, la Asamblea Nacional convocó la conformación del comité de postulaciones sin que se supiera cuáles ni cuántos eran los cargos a proveer. Después de haberse convocado la conformación del comité, la Sala Plena anunció varias jubilaciones; entonces, estando en curso el proceso, se dijo cuántos serían los cargos a proveer, número que no se correspondía efectivamente con la cantidad real de cargos que había que proveer, porque había otros casos de magistrados suplentes que estaban incorporados por ausencia del titular, y esos cargos no se estaban incluyendo en la convocatoria. Por añadidura, se reformó la Ley Orgánica del TSJ para incrementar el número de magistrados de 20 a 32.

Entonces, si te das cuenta, era un proceso cuya legitimidad estaba muy comprometida. Si uno compara ese proceso con este, ve diferencias importantes

El acuerdo firmado en agosto habla de la transformación del sistema de justicia. Sin embargo, el acuerdo señala que se enfocará en cuatro puntos que giran en torno a la reforma de la ley, la ampliación del comité, la reactivación del proceso de postulaciones y la revisión de credenciales. ¿Qué le falta a esta hoja de ruta? ¿Qué otras acciones necesitaría el sistema de justicia venezolano para hablar de una transformación real?

Yo diría que este es el primer paso; la ruta es larga. Por eso me parece adecuado que se inicie por el TSJ, porque el sistema de justicia en Venezuela está muy cuestionado, y con razón: su funcionamiento, desde hace muchos años, no es el que demanda la ciudadanía. Y ahí estamos hablando de muchas cosas, no solo vinculadas con la falta de autonomía, de independencia, de transparencia, con un irrespeto al debido proceso (y eso aplica no solamente a la jurisdicción penal, que quizás es la más sensible y la que nos toca más de cerca, sino en general), sino también con un problema de dilación procesal.

Hay muchas cosas en juego. Entonces, yo creo que comenzar con la cúspide del Poder Judicial, que es el TSJ, es un primer paso importante, que luego tiene que llevar a que eso baje en cascada. Esto debe suponer que se inicie, nuevamente, un proceso de fortalecimiento de la carrera judicial, porque nada se hace (o poco se hace) para asegurar la autonomía e independencia de los magistrados del TSJ si el resto de los tribunales de la república sigue funcionando como ha estado funcionando hasta ahora. Esto supone que hay que darles estabilidad a los jueces a través de la recuperación de la carrera judicial, convocando concursos de oposición para el ingreso y para el ascenso en la carrera judicial. Y eso en lo que respecta al poder judicial, pero también hay que revisar la situación de otros órganos del sistema de justicia: todo el tema policial, el tema penitenciario. Son muchas aristas.

Pero bueno, por eso digo que la ruta es larga. El hecho de que haya un inicio a través del TSJ, y si se hace bien, es indicativo de que las cosas podrían mejorar (no tan pronto como quisiéramos, porque esto es, obviamente, un proceso largo y complejo, que amerita ir resolviendo las situaciones más críticas). En el caso de los tribunales, no es la misma situación la de los tribunales laborales que la de los tribunales penales, por ejemplo. Entonces, habrá que establecer prioridades en un momento determinado, para poder avanzar y que comiencen a verse resultados concretos.

Con la renovación de magistrados, ¿debería haber algún tipo de revisión de decisiones ya tomadas por el TSJ actual (sentencias políticas, por ejemplo) o incluso de otros acuerdos que se estén adoptando actualmente, como el acuerdo petrolero recientemente firmado con Estados Unidos?

Pensando en el pasado y el futuro, yo creo que una manera en la que se evidencie cuánta autonomía e independencia se pueden proyectar en el TSJ va a estar asociada a la actuación de quienes lo integren, de esos magistrados. ¿Qué quiero decir con esto? Un juez no puede entrar de oficio a revisar decisiones previas (eso aplica hasta para el TSJ); un juez va a conocer de aquello que se le someta a su conocimiento.

Pensemos en los inconvenientes que se han presentado desde la aplicación de la ley de amnistía. Particularmente, yo creo que esa ley no ha cumplido el objetivo que persigue una ley de amnistía: tiene vacíos, tiene disposiciones que han dado lugar a mucha interpretación, y tampoco ha habido la mejor voluntad en cuanto a su aplicación. Entonces puede ser que lleguen casos de personas a quienes no se les ha aplicado la ley; si eso llega al tribunal, el tribunal tendrá que revisarlo. Pero lo que quiero decir con esto es que el tribunal debe entrar a conocer de cosas pasadas o futuras en la medida en que los legitimados, los interesados, acudan a esa instancia judicial, porque los jueces hablan a través de sus sentencias (y así debe ser), y esas sentencias deben estar sustentadas, por supuesto, en lo que se haya acreditado en el marco de un determinado proceso. Entonces, de entrada, decir que el TSJ debe hacer esto o lo otro, sin tener siquiera claridad acerca de cómo va a quedar conformado, me parece muy apresurado.

Ahora, lo que sí es importante, de cara a lo que comentabas sobre los acuerdos que se han dado y el tema de los contratos suscritos recientemente, es que en Venezuela ningún órgano puede estar exento de control. Entre los poderes públicos debe haber, desde Montesquieu, una suerte de pesos y contrapesos, donde un poder controla al otro, sin que eso signifique que un poder está por encima del otro. En este caso, deben cumplirse unos procedimientos dependiendo del tipo de contrato del que se trate: si lo suscribe el Poder Ejecutivo, ¿qué rol cumple ahí el Poder Legislativo? ¿Es un contrato de interés nacional? Entonces eso tiene que someterse a consideración de la Asamblea. ¿Se incumple algún protocolo, alguna exigencia legal o constitucional en relación con esa contratación? Eso puede ser cuestionado ante el poder judicial.

Ahora, de entrada no se puede decir que eso se va a convalidar o se va a anular, porque se desconoce la manera como se ha llevado a cabo el proceso; no se maneja más información que la que los voceros han dado. Entonces hay que esperar que ese proceso avance, y en función de eso, que los técnicos... En esta parte sí quiero insistir mucho en algo: a veces siento que la gente opina sobre cualquier cosa sin que sea su área de especialidad. Yo suelo decir que soy muy respetuosa de las especialidades, y parto de una cuestión: en el caso específico de estos contratos, es un tema de formación jurídica. Cuando estamos hablando de un contrato de interés nacional, la Constitución dice que debe haber una aprobación de la Asamblea (eso lo dice la Constitución). Ahora, lo que se determine tendrá que analizar el contenido para ver si efectivamente estamos hablando de ese tipo de contratación al que se refiere la Constitución, o si, en este caso, justamente (y eso nos lleva al punto de inicio) los acuerdos políticos, en un momento determinado, van a tener más peso que el tema jurídico en aras de un bien mayor. Eso tiene que evaluarse

Justo hablando de que lo político puede tener más peso que lo jurídico en esta etapa, durante años hemos conocido los riesgos de que las decisiones se tomen desde lo político y no desde lo estrictamente jurídico. ¿Cree que hoy, en la Venezuela que tenemos, es posible cumplirla cabalmente para lograr los cambios políticos? ¿O hay una brecha entre esa exigencia y nuestra realidad que requiere otros modos de actuar?

Sabes que esa es una pregunta muy difícil de responder para un abogado, sobre todo para un abogado y profesor universitario, porque obviamente, como abogado y como docente, uno tiende a ser muy cuadriculado: la norma dice esto, y esto debería ser así. Pero la norma tampoco puede estar ajena al contexto, y el contexto en el que estamos inmersos los venezolanos implica que habría que hacer una relectura de muchas de esas disposiciones de la Constitución y de la ley, en aras de un bien mayor.

Esto, por ejemplo, como lo comentábamos con el comité de postulaciones: está claro que el comité de postulaciones no atiende a lo que dice la Constitución, pero es que ninguno lo ha hecho en el pasado, desde que existe la Constitución del 99. Entonces, el hecho de que ahora tampoco se esté adecuando plenamente a lo que dice la Constitución, pero que haya algunos avances aparentemente significativos que puedan contribuir a esa reinstitucionalización a la que todos aspiramos (y que posibilite que, más adelante, efectivamente se comiencen a cumplir los procedimientos ciñéndose estrictamente al marco legal) ya es un avance.

Hay que reconocer que, en el actual estado de cosas en Venezuela, en algunos casos lo político va a marcar la pauta. Lo que sí es importante es que lo jurídico no se obvie por completo, y que, en la medida de las posibilidades, tratemos de cumplir con esas formalidades, con esas exigencias. Creo que, en el caso de este proceso de transformación anunciada del poder judicial, podríamos ver cuánto compromiso hay en esa línea, porque hay una debilidad de origen asociada a la conformación del comité de postulaciones. Pero si el producto de este proceso es el que aspiramos los venezolanos, entonces podríamos decir que, a pesar de que no se cumplió completamente con el procedimiento que establece la Constitución, se sentaron unas bases para que los procesos siguientes sí puedan adecuarse, y que comiencen a verse algunos avances, comenzando con la reinstitucionalización de uno de los poderes públicos

Pensando en la transformación del sistema de justicia de la que hemos venido conversando: ¿cómo ve usted la aplicabilidad de la justicia transicional al caso venezolano? ¿Es un tema que hoy tiene sentido invocar o todavía es prematuro hablar de eso mientras el proceso político sigue en curso?

Yo creo que es un tema para el que tenemos que irnos preparando, pero en este momento, sin que tengamos claridad en cuanto a la conformación o la transformación del poder judicial, es difícil hablar de una implementación a corto plazo de aspectos o procesos propios de la justicia transicional. Sin embargo, sí es algo para lo que deberíamos prepararnos, considerando otras experiencias y la propia situación venezolana.

En ese sentido, una mejor aplicación de la ley de amnistía hubiese sido un elemento propio de esa justicia transicional que habría reportado mejores resultados. Creo que se pueden manejar iniciativas; esa fue una que se pudo haber potenciado. Pero, por ejemplo, ahí quedó algo que no se implementó, que es la reparación a las víctimas, que es propia de una justicia transicional.

Entonces, hay muchas cosas que se podrían ir implementando progresivamente. Pero sí creo que todavía hay un camino que recorrer para hablar de una posible implementación, como tal, de justicia transicional en Venezuela.

¿Qué debería ver usted en los próximos meses para poder decir “el sistema de justicia sí se está transformando de verdad”?

Yo diría que ver cómo queda conformado el tribunal. En el sentido de que, primero, quiénes van a integrar el comité de postulaciones; luego, quiénes van a conformar ese comité de verificación de credenciales; pero, sobre todo, el producto, que es la elección de los magistrados.

Al final del día, nos conocemos entre abogados, y hay algo que a uno le resiente (y lo comento mucho con colegas profesores): en mi época de estudiante, los magistrados del TSJ eran una referencia. Eran personas cuyos libros uno había estudiado; uno sabía quiénes eran, porque era gente muy calificada, muy reconocida, incluso para uno como estudiante. Hoy en día, incluso a mí me preguntan, como profesora, como abogada, y desconozco quiénes son la mayoría de los magistrados del TSJ.

Entonces, cómo quede conformado ese tribunal es, para mí, Magaly Vásquez, lo que podría dar indicativos de que efectivamente hay alguna voluntad de mejorar el sistema de justicia.

María Corina Machado construyó buena parte de su trayectoria política en contra de esa premisa.

Machado ha defendido la propiedad privada, cuestionando al Estado empresario en un ambiente político en el que ello significaba nadar a contracorriente. Su enfrentamiento con Hugo Chávez en la Asamblea Nacional en 2012, resumido en la frase “expropiar es robar”, ocurrió cuando el Estado todavía disponía de una enorme capacidad fiscal, PDVSA era utilizada como uno de los principales instrumentos de expansión del poder y el chavismo defendía abiertamente la subordinación política de la petrolera.

La expresión más cruda de esa concepción había surgido algunos años antes. En noviembre de 2006, Rafael Ramírez, entonces ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, exigió públicamente el compromiso político de sus trabajadores con la revolución y proclamó una PDVSA “roja, rojita”. Dos décadas después, esa discusión tiene un significado distinto. La producción venezolana, que superaba los tres millones de barriles diarios a finales de los años noventa, entró en un colapso que la llevó a alrededor de 360.000 barriles diarios en 2020. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ha identificado, entre las causas acumulativas, la falta de mantenimiento, el deterioro financiero de PDVSA, la pérdida de personal, los problemas eléctricos y, en una etapa posterior, el impacto de las sanciones estadounidenses.

La discusión que Machado planteaba cuando el Estado petrolero todavía parecía inexpugnable puede leerse ahora desde otro lugar: qué debe hacer el Estado venezolano con el petróleo y, sobre todo, qué debe dejar de hacer.

Instituciones y privatización

La respuesta más sistemática aparece en Venezuela Tierra de Gracia, el programa presentado por Machado en 2023, un proyecto general de transformación económica y política que sitúa la energía dentro de una estrategia más amplia de reinserción de Venezuela en los mercados internacionales.

Parte de la premisa de que el Estado venezolano carece del capital necesario para reconstruir por sí mismo una industria que requiere inversiones por decenas de miles de millones de dólares. La propuesta consiste en atraer inversión privada y transferir progresivamente actividades productivas al sector privado.

Se trata de un diseño institucional que pretende modificar la relación entre la propiedad de los recursos, la operación de la industria y el poder del Estado. El Estado no necesita operar directamente un pozo para capturar la renta que produce; puede hacerlo mediante regalías, mientras traslada el capital, el riesgo y la operación a empresas privadas.

En marzo de 2025, Machado presentó ante ejecutivos de empresas de energía reunidos en Houston una propuesta para una industria que aspira a ser gestionada por el sector privado, mientras que el Gobierno se concentraría en actuar como regulador. El desarrollo técnico del modelo extendía la participación privada a la exploración, la producción, la refinación, la comercialización y la infraestructura, con acceso a los activos mediante mecanismos competitivos.

María Corina planteó reducir drásticamente el tamaño y las funciones de PDVSA, transferir progresivamente actividades al sector privado y crear una agencia de hidrocarburos independiente y autónoma. También proyectó que Venezuela podría alcanzar los cinco millones de barriles diarios en una década, para lo cual estimó inversiones por cerca de 150.000 millones de dólares.

Un Estado que regula sin producir

El núcleo institucional del modelo consiste en separar funciones que durante décadas se habían concentrado. El Ministerio de Energía y Petróleo mantiene la definición de la política pública. Una agencia independiente de hidrocarburos ejerce funciones técnicas y regulatorias. Las empresas compiten, invierten y operan. El Estado captura renta mediante el régimen fiscal y las regalías.

“El Estado debe dejar de ser al mismo tiempo ‘juez y parte, operador y fiscalizador’ para convertirse en “un regulador serio’”, resumió Machado.

La distinción tiene antecedentes en otros sectores regulados y responde a un problema clásico de diseño institucional. Cuando el Estado participa comercialmente en una industria y, simultáneamente, determina las reglas bajo las cuales compiten los demás operadores, surgen incentivos para favorecer al actor estatal, modificar las condiciones y politizar decisiones que deberían responder a criterios técnicos.

La propuesta de Machado busca sustituir esa relación jerárquica por una relación contractual.

Eso también explica la importancia que se le atribuye a las licitaciones públicas y abiertas. El acceso a los recursos no debería depender de una decisión discrecional del Ejecutivo, sino de reglas publicadas previamente, competencia entre interesados, requisitos técnicos y financieros y resultados susceptibles de escrutinio. La privatización, en este diseño, no equivale a sustituir un monopolio público por relaciones privilegiadas entre el poder político y determinadas compañías. Supone, al menos en el plano normativo, despersonalizar la asignación de derechos económicos.

Ese es probablemente uno de los componentes más liberales (en el sentido institucional del término) de la propuesta: no basta con reducir el Estado; es necesario reducir su discrecionalidad.

El costo económico de la fragilidad institucional

El segundo componente del modelo es el financiero.

Un yacimiento petrolero constituye un activo específico. Una petrolera puede retirar futuras inversiones, pero no puede llevarse consigo un pozo.

Eso crea uno de los problemas clásicos de la economía política de las industrias extractivas: después de realizada una inversión irreversible, un gobierno tiene incentivos para alterar los impuestos, las regalías, las condiciones operativas o los derechos de propiedad. El inversionista anticipa ese riesgo e incorpora ese riesgo a su tasa de retorno exigida. El riesgo institucional acaba convirtiéndose en un costo financiero.

Por eso la propuesta de Machado dedica tanto espacio a la estabilidad fiscal, al respeto de los contratos y al arbitraje internacional. En CERAWeek sostuvo que Venezuela necesita instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de las reglas, incluso ante cambios de gobierno.

Un país con menor riesgo institucional puede financiar proyectos a una tasa de descuento más baja. Una tasa menor vuelve rentables proyectos que, con un riesgo político elevado, no lo serían. Más proyectos económicamente viables amplían la inversión posible.

También es la razón por la cual el plan contempla contratos de largo plazo, mecanismos internacionales de solución de controversias y la posibilidad de que los operadores registren en sus libros reservas atribuibles a sus derechos contractuales sobre los proyectos. Para una petrolera internacional no es un asunto menor; el volumen de reservas que puede reconocer contablemente forma parte de la valoración de sus activos y pesa en sus decisiones de inversión de largo plazo.

La Venezuela post PDVSA

La propuesta de Machado y su equipo consiste en reducir el monopolio del petróleo y transferir progresivamente las operaciones de PDVSA a actores privados.

Durante décadas Venezuela intentó maximizar su soberanía energética mediante un control estatal directo. Machado propone maximizarla mediante instituciones capaces de administrar el recurso de manera competitiva.

El resultado sería un Estado más pequeño, pero no necesariamente menos capaz de capturar renta. Regalías e impuestos sustituirían progresivamente los dividendos, las transferencias y los mecanismos parafiscales provenientes de PDVSA. La discusión deja entonces de centrarse en cuánto petróleo controla directamente el Estado y pasa a centrarse en qué proporción de la renta puede capturar sin destruir los incentivos para invertir.

Ese equilibrio explica el cuarto pilar del modelo: un régimen fiscal “competitivo y estable” que remunere el riesgo privado y, simultáneamente, asegure ingresos justos para Venezuela cuando los precios aumenten.

Mucho más que petróleo

Venezuela Tierra de Gracia propone convertir al país en un hub energético de las Américas. Eso supone inversiones en petróleo, pero también en gas, en energía eólica y solar e incluso en el desarrollo del hidrógeno.

La lógica consiste en aprovechar la ventana todavía abierta para los hidrocarburos y, simultáneamente, reconstruir una matriz energética diversificada.

El gas cumple, en ese esquema, una doble función. Puede convertirse en producto de exportación y en materia prima industrial, pero también resolver problemas internos: generación termoeléctrica, petroquímica y expansión del suministro domiciliario por tuberías.

La reconstrucción petrolera requiere cadenas de valor integradas, electricidad suficiente, puertos operativos, seguridad jurídica y seguridad personal. Esto sitúa la política energética dentro de una estrategia de desarrollo, en lugar de asumir que la recuperación de la producción petrolera generará automáticamente la reconstrucción nacional.

Buena parte del modelo económico del último medio siglo descansó precisamente sobre la causalidad inversa: recuperar o aumentar la renta petrolera para que el Estado financiara desde arriba al resto de la economía.

La democracia como infraestructura económica

La discusión petrolera venezolana ha tendido históricamente a separar las instituciones de la producción. Primero se consigue inversión, se recuperan pozos y se aumenta el bombeo; después puede resolverse la política. La tesis de Machado invierte esa secuencia.

Su argumento es que la calidad institucional constituye una condición para la recuperación económica. Una inversión petrolera comprometida durante décadas requiere una expectativa razonable de que las reglas perduren tras el gobierno que las firma.

El planteamiento reapareció después del “gran acuerdo petrolero” anunciado entre Washington y las autoridades interinas (e ilegítimas) encabezadas por Delcy Rodríguez. La objeción de Machado se centró en las condiciones institucionales bajo las cuales deben realizarse inversiones de semejante escala.

Cuanto más dependan los contratos de la voluntad de quien ocupa temporalmente el poder, mayor será el riesgo de que el siguiente gobierno los revise; cuanto más dependan de instituciones legítimas, reglas generales y mecanismos independientes de resolución de controversias, mayor debería ser su capacidad para sobrevivir a la alternancia.Su respuesta se enfoca en modificar las instituciones que hicieron posible esa concentración: separar regulador y operador, abrir la industria, atraer capital, someter la asignación de activos a la competencia y colocar contratos y derechos bajo reglas capaces de sobrevivir a los gobiernos.

La propuesta petrolera de María Corina Machado forma parte de una concepción sobre qué Estado debería existir después de la transición: uno menos empresario y discrecional, pero institucionalmente más fuerte; con menos activos bajo administración directa, pero mayor capacidad regulatoria; capaz de atraer capital sin subordinarse a él y de capturar renta sin convertirse nuevamente en el centro de toda la economía.

Pero ¿cómo está conformado el acuerdo?

Prevé otorgar a Estados Unidos el control mayoritario de 17 yacimientos que representan aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo venezolano, lo que equivale al 21,5% de las reservas del país.

Bajo lo anterior, hay dos posiciones claves para entender el alcance político del acuerdo: la de Estados Unidos y la de la sociedad venezolana.

Para Estados Unidos, el petróleo no parece ser un objetivo aislado, sino una herramienta dentro de una estrategia más amplia de estabilización económica y reordenamiento político de Venezuela.

En una entrevista con Sergio Novelli, el secretario de Estado Marco Rubio vinculó explícitamente la recuperación de la industria petrolera con una eventual transición democrática. Rubio sostuvo que Venezuela deberá ser gobernada por un gobierno elegido democráticamente, pero advirtió que la democracia no se reduce a celebrar elecciones; estas deben ser válidas y producirse en un país que no se encuentre nuevamente sumido en una crisis económica.

Esta lógica ayuda a entender la posición de Washington. Primero, a reconstruir la capacidad económica del país y, después, a consolidar las condiciones para una transición política. El petróleo aparece como el mecanismo para atraer inversión, recuperar la producción y generar ingresos que, según Rubio, permitan que un futuro gobierno electo reciba un país estabilizado. Al mismo tiempo, Estados Unidos busca reducir la influencia de China y Rusia en la industria venezolana y poner fin al salvavidas energético con el que Caracas sostiene al régimen cubano.

Rubio también defendió el derecho de María Corina Machado y de otros dirigentes opositores exiliados a regresar a Venezuela y participar en política sin poner en riesgo su seguridad. Sin embargo, evitó presentar el acuerdo petrolero como un pacto directamente con el gobierno de Delcy Rodríguez; aseguró que el entendimiento es con una empresa privada, North American Blue Energy Partners (NABEP).

La posición de la sociedad venezolana es, en cambio, mucho menos uniforme. El anuncio ha generado apoyo entre quienes consideran que la llegada de capital extranjero puede contribuir a la recuperación de una industria petrolera prácticamente colapsada, pero también ha suscitado fuertes cuestionamientos sobre la soberanía y el destino de los recursos.

Una de las principales críticas proviene de organizaciones de la sociedad civil. Provea cuestionó la opacidad del acuerdo y exigió conocer sus términos, la ubicación de los 17 campos y los posibles impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La organización advirtió además que, si los proyectos afectan territorios indígenas o áreas protegidas, deberían garantizarse los procesos de consulta previa y los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Para algunos venezolanos, la inversión estadounidense puede ser una oportunidad para recuperar la producción y generar ingresos. Pero también, entregar derechos de explotación a largo plazo sin transparencia ni participación ciudadana reproduce una lógica de concentración de poder sobre los recursos del país y, peor aún, sigue reconociendo el gobierno ilegítimo de los Rodríguez, quienes estarían tomando decisiones inconstitucionales con otros países, jugando al azar con el futuro de la prosperidad de los venezolanos.

Estados Unidos presenta el acuerdo como una vía para estabilizar Venezuela y preparar el terreno para una transición democrática. Parte de la sociedad venezolana, en cambio, se pregunta si es posible hablar de reconstrucción democrática cuando se toman decisiones sobre uno de los principales activos del país sin un debate público amplio y bajo un gobierno que aún no ha sido elegido.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• Pacific Coast Energy, una petrolera californiana de menor tamaño, avanza más rápido que grandes compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips para entrar al mercado venezolano. La empresa negocia operar algunos campos petroleros, aunque enfrenta una disputa con la familia Cisneros, que reclama la propiedad de parte de esos activos y exige US$2.000 millones por concepto de pérdidas.

• Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela, cuestionó el rumbo del chavismo y criticó la influencia de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez. Jaua sostiene que el chavismo perdió el rumbo al convertirse en “partido de Estado” y advierte sobre una creciente división dentro del movimiento, mientras que otras figuras históricas, como Francisco Arias Cárdenas, también cuestionan la actual negociación con EE.UU.

• El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos para deportar a inmigrantes en situación irregular, priorizando a quienes cometan delitos. La medida podría afectar especialmente a la población venezolana: de los 2,8 millones de venezolanos en Colombia, unos 848.000 estarían en situación irregular, según Migración Colombia.

• Venezuela eliminará las alcabalas policiales, una herramienta utilizada durante años para vigilar y controlar la disidencia política. Delcy Rodríguez anunció que serán reemplazadas por patrullajes policiales, lo que se presenta como un cambio hacia mecanismos de seguridad más profesionales y respetuosos de los derechos ciudadanos.

• Asesores legales y financieros crearon un comité para organizar a los acreedores comerciales de Venezuela de cara a una eventual reestructuración de la deuda. La iniciativa busca coordinar a las empresas con reclamaciones pendientes y garantizar su representación en futuras negociaciones con Caracas.

• El chavismo frenó una propuesta para dolarizar formalmente la economía venezolana. El diputado Antonio Ecarri fue destituido de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-EE. UU. y quedó bajo investigación tras anunciar conversaciones con el economista Steve Hanke para impulsar la sustitución del bolívar por el dólar.

• Chevron, ONGC, GE Vernova, Eni y GeoPark avanzan hacia acuerdos definitivos para operar en Venezuela.

• Venezuela evalúa abandonar la OPEP en medio de su creciente acercamiento a Estados Unidos. La posibilidad ha sido discutida con funcionarios estadounidenses, aunque aún no hay una decisión definitiva. Una eventual salida marcaría un nuevo giro en la política petrolera venezolana y un golpe al cártel que el país ayudó a fundar hace más de seis décadas.

• El cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, busca hacerse con el control de al menos tres campos petroleros venezolanos, según fuentes citadas por Reuters.

Le estamos poniendo el ojo:

María Corina Machado se pronunció sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez y evitó cuestionar la llegada de inversión estadounidense a Venezuela. Por el contrario, reconoció a Estados Unidos como el principal socio que el país necesita para desarrollar su potencial energético. Su preocupación está en las condiciones del acuerdo ya que cuestionó que todavía no se conozca con claridad quién firma, qué se está firmando, quién aporta el capital, qué garantías existen y cómo se beneficiarán los venezolanos. Para ella, los recursos del país no pertenecen a un régimen, sino a los venezolanos.

Su posición plantea una alternativa al modelo actual: atraer grandes inversiones, pero con transparencia, legalidad y reglas claras. Su propuesta energética contempla una Asamblea Nacional legítima que apruebe el marco legal, una Agencia de Hidrocarburos independiente, licitaciones públicas, un régimen fiscal estable y mecanismos de arbitraje internacional. La recuperación petrolera no puede desvincularse de la reconstrucción institucional; sin un gobierno democrático y sin instituciones sólidas, sostiene, difícilmente habrá estabilidad para las inversiones a largo plazo.

Recomendación

Harry Potter vuelve a Hogwarts. HBO Max presentó el primer tráiler de la nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling. Una oportunidad para volver al universo mágico desde una nueva generación de actores y una adaptación más cercana a la historia original.

Aunque Donald Trump lo describió en Truth Social como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, Axios ha reportado que la empresa no dispone de los 100 mil millones de dólares en capital comprometido.

Un alto ejecutivo de una gran petrolera estadounidense lo resumió de esta forma ante Politico: “Esto es demasiado grande para una empresa sin capacidades ni credibilidad.”

La empresa nació formalmente en 2024 como una sociedad entre el magnate del asfalto Harry Sargeant III y Alejandro Betancourt López, empresario venezolano que amasó su fortuna a través de Derwick Associates, compañía que obtuvo doce contratos para la construcción de plantas eléctricas en Venezuela y que cobró al gobierno venezolano un sobreprecio estimado en 2.900 millones de dólares, según Transparencia Venezuela.

Las cuentas bancarias personales de Betancourt están bajo investigación fiscal en Zúrich desde hace más de una década. En 2025, fue detenido en el Reino Unido y Suiza abrió un proceso penal por lavado de dinero. Según Transparencia Venezuela, Betancourt está vinculado a al menos 50 empresas en 15 países.

Funcionarios de la administración Trump evaluaron ese historial y decidieron que su capacidad para producir petróleo en Venezuela pesaba más que las investigaciones abiertas. “Hemos consultado con todas las autoridades. No existe ninguna investigación dentro de nuestro sistema contra él”, señaló Rubio en una entrevista con Sergio Novelli.

El fact sheet publicado por la Casa Blanca señala que la estructura del acuerdo otorga al gobierno estadounidense una participación del 35% en NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, con derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo y primera opción sobre el 80% restante.

Según Delcy Rodríguez, este esquema generará más de 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado venezolano.

Los 17 campos se distribuyen entre 9 en el lago de Maracaibo y 8 en la Faja Petrolífera del Orinoco. NABEP promete invertir 100.000 millones de dólares. El comunicado de la empresa sostiene que la meta es alcanzar el millón de barriles diarios.

Betancourt cofundó en 2009 Derwick Associates, una empresa sin experiencia previa que obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos US$5.000 millones para construir plantas termoeléctricas durante la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez. Según Transparencia Venezuela, los contratos habrían tenido sobreprecios cercanos a US$2.900 millones y varias de las plantas no funcionaron como estaba previsto. De allí surgió el término “bolichico”, utilizado para describir a jóvenes empresarios que acumularon grandes fortunas mediante contratos públicos durante el chavismo.

Su trayectoria también ha estado marcada por investigaciones internacionales, ha sido investigado en España y Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, además de investigaciones previas en Estados Unidos relacionadas con sus socios. La Audiencia Nacional española reabrió en junio una investigación en la que se le acusa, junto con otros empresarios, de haber participado en operaciones vinculadas a US$4.850 millones de fondos de PDVSA. Betancourt ha rechazado las acusaciones y nunca ha sido formalmente acusado de un delito en Venezuela.

Hoy, su principal fuente de influencia es el sector petrolero. A través de North American Blue Energy Partners (Nabep), tendría una producción cercana a 200.000 barriles diarios, lo que la convertiría en una de las mayores productoras privadas de Venezuela.

Su regreso ocurre, además, en un momento decisivo para la industria energética. Estados Unidos busca atraer hasta US$100.000 millones en inversiones para recuperar la producción petrolera venezolana. En este contexto, él parece ocupar una posición particular ya que conoce el sector energético venezolano, mantiene vínculos empresariales internacionales y, según Mauricio Claver-Carone, funcionarios estadounidenses lo utilizaron como intermediario entre Washington y Caracas.

Un empresario cuyo ascenso estuvo ligado al modelo económico del chavismo vuelve a ganar influencia en la Venezuela que intenta reconstruirse tras Maduro.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• Las exportaciones de crudo venezolano cayeron 25% en julio, hasta 856.000 barriles diarios, su nivel más bajo en cinco meses. La caída estuvo impulsada principalmente por la reducción de las compras de India, mientras que Estados Unidos e India se mantienen como los principales destinos del petróleo venezolano. China no ha importado crudo venezolano desde la salida de Nicolás Maduro del poder.

• La cifra oficial de fallecidos por los terremotos de junio en Venezuela aumentó a más de 6.125, según informó Jorge Rodríguez. Además, unas 61.000 personas han recibido atención hospitalaria y las autoridades reportan que apenas se ha retirado el 16,5% de los escombros.

• Los envíos de crudo venezolano a Estados Unidos aumentaron a 786.000 barriles diarios, su nivel más alto desde principios de 2019. India y Europa redujeron sus compras, mientras que los cargamentos de Chevron se mantuvieron estables en torno a 293.000 barriles diarios.

• Estados Unidos reanudó los vuelos de deportación hacia Venezuela tras los terremotos de junio. El primer vuelo trasladó a 147 ciudadanos venezolanos y aterrizó en Barcelona, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. La reanudación genera críticas de organizaciones de derechos de los migrantes, que cuestionan si el país cuenta con las condiciones suficientes para recibir a los deportados.

• Activistas y legisladores estadounidenses impulsan un proyecto bipartidista para proteger a venezolanos y haitianos que perdieron el TPS. La propuesta busca otorgarles la residencia permanente y cuenta con 210 de las 218 firmas necesarias para forzar una votación en la Cámara.

• El chavismo y la oposición concluyeron su primera ronda de diálogo bajo la tutela de Estados Unidos. Las partes acordaron priorizar la atención a las víctimas de los terremotos y avanzar en una reforma del sistema de justicia, que incluya cambios al TSJ.

• Estados Unidos ha aumentado su presencia de inteligencia en Cuba como parte de una estrategia para presionar al régimen de Miguel Díaz-Canel, ante la preocupación por la capacidad de los servicios de inteligencia cubanos y mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de una operación militar.

• Venezuela e Israel acordaron restablecer los servicios consulares tras 17 años sin relaciones diplomáticas.

• Empresas de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar participarán junto a British Petroleum (BP) en el desarrollo del yacimiento de gas Loran, ubicado entre Venezuela y Trinidad y Tobago. El proyecto contempla más de 4 billones de pies cúbicos de gas y busca abastecer a las industrias de Trinidad, en una nueva señal del interés internacional por los recursos energéticos venezolanos.

• El régimen anunció la excarcelación de 131 presos políticos, dos días después del cierre de la primera ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición bajo mediación de Estados Unidos. Foro Penal confirmó inicialmente 64 liberaciones y pidió esperar la verificación del resto.

• El régimen y la oposición venezolana acordaron reclamar conjuntamente las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos US$4.000 millones, para destinarlas a la reconstrucción tras los terremotos de junio.

Le estamos poniendo el ojo:

El chavismo parece haber abandonado a Nicolás Maduro. Según el Financial Times, durante las cinco sesiones de negociación entre el régimen de Delcy Rodríguez y la oposición, el oficialismo no planteó la liberación de Maduro ni de Cilia Flores. El giro contrasta con la posición que mantuvo tras su captura en enero, cuando Delcy calificó el operativo de “vil agresión” y el chavismo prometió luchar por su liberación. Ahora, Maduro casi ha desaparecido del discurso oficial. Carteles que exigían su regreso han sido retirados y varios murales han sido borrados. Mientras tanto, Delcy ha reemplazado altos mandos militares y Diosdado Cabello ha estrechado sus contactos con Washington.

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Bajo este diseño, la oposición estará representada por la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, mientras que Jorge Rodríguez encabezará la delegación del régimen. Se espera que la fuerza de la realidad tras el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro se convierta en garantía de que este diálogo sea, finalmente, un acercamiento a la transición política en el país.

La expectativa se centraba en el 1 de agosto, cuando las partes iniciarían el proceso de diálogo. Sin embargo, ese día se desvaneció la expectativa de los venezolanos debido a la persistente opacidad del proceso. Jorge Rodríguez, en horas de la tarde, informó que mantuvo conversaciones con Figuera, en las que se acordó la composición de las delegaciones de trabajo y se fijó un cronograma sin mayor detalle.

La delegación oficialista estará conformada por 6 miembros: Jorge Rodríguez, Ana María Sanjuán, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante. Por su parte, la delegación opositora está integrada por una comisión técnico-política de 6 miembros: Dinorah Figuera, Marco Aureliano, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, y por una comisión de apoyo de 4 miembros: Macario González, Desirée Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz, todos ellos diputados de la AN-2015. Los diputados opositores habrían llegado a Venezuela el jueves para un primer encuentro presencial.

De acuerdo con los comunicados de ambas partes, la agenda de estos días se limita a la atención a las víctimas del doble terremoto, al fortalecimiento de la democracia y a la garantía y la promoción de los derechos políticos. La AN-2015 cuenta con el privilegio de haber protegido hasta ahora los activos de la República en el exterior, a los cuales el régimen de Delcy Rodríguez pretende echar mano, usando la atención posterremoto como excusa.

Esta etapa de diálogo debería concluir en unos seis meses mediante un trabajo transversal y mesas de trabajo para ofrecer resultados parciales a corto, mediano y largo plazo. Las partes coinciden en, al menos, construir acuerdos mínimos de gobernabilidad que permitan destrabar el nudo institucional que impide avanzar hacia la recuperación de Venezuela.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• María Corina Machado aseguró que no participa en las conversaciones promovidas por Estados Unidos entre la oposición y el chavismo. No obstante, afirmó que respaldará cualquier iniciativa que contribuya a la liberación de presos políticos, al retorno de los exiliados y a la construcción de un futuro calendario electoral.

• Diosdado Cabello afirmó que la prioridad del oficialismo será exigir el levantamiento de las sanciones internacionales durante las negociaciones con la oposición.

• Los ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe no habrían reducido el flujo de cocaína a los Estados Unidos, de acuerdo con una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Defensa.

• El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones, aunque destacó los avances logrados bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Estados Unidos sostiene que acompañará el proceso cuando haya condiciones para una elección libre.

• Más de 15 fondos de inversión se incorporaron al Comité de Acreedores de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, con el objetivo de prepararse para una eventual reestructuración de la deuda externa. El grupo busca representar hasta la mitad de los cerca de US$60.000 millones en bonos internacionales en circulación, en medio de las expectativas de un acercamiento entre Caracas y Washington.

• La firma de cabildeo estadounidense Ballard Partners anunció la apertura de una oficina en Caracas, en medio del creciente interés de inversionistas internacionales por Venezuela. La compañía representa a clientes con inversiones en el sector energético y busca facilitar nuevas operaciones tras la flexibilización del entorno político y económico.

• Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron un 25% en julio hasta 856.000 barriles diarios, su nivel más bajo en cinco meses. La reducción respondió principalmente a una menor demanda de India, mientras que Estados Unidos e India se mantuvieron como los principales compradores del crudo venezolano y China continuó sin reanudar sus importaciones.

• Las negociaciones entre el gobierno venezolano y grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron avanzan más lentamente de lo previsto. Aunque Estados Unidos impulsa una mayor inversión en el sector energético, las conversaciones para acceder a los principales yacimientos del país enfrentan obstáculos y aún no se han concretado acuerdos relevantes.

• Chile y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones consulares tras dos años de ruptura.

• Abelardo de la Espriella delega a Estados Unidos su estrategia frente a Venezuela. El presidente electo de Colombia define cómo relacionarse con Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo la tutela de Donald Trump.

• Naciones Unidas coordinará la elaboración del plan de reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, junto con el gobierno de Delcy Rodríguez, el Banco Mundial, el BID y la CAF. La hoja de ruta, prevista para finales de septiembre, buscará orientar la recuperación de la infraestructura, de los servicios esenciales y de los medios de vida de más de 1,3 millones de personas afectadas.

Le estamos poniendo el ojo:

La esperanza entre los venezolanos cayó de 31,7% en junio a 16,9% en julio, mientras que la frustración aumentó de 14% a 23,1% y la preocupación alcanzó 33,4%, lo que refleja un cambio de expectativas tras la emergencia, según la encuesta más reciente de More Consulting.

La gestión de Delcy Rodríguez fue una de las más afectadas. Según More Consulting, el 81,1% de los encuestados considera que la respuesta del gobierno fue tardía, incluso entre una parte importante de quienes se identifican como chavistas. Estos resultados coinciden con la más reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, que registra una imagen negativa de Rodríguez de 71% y una positiva de apenas 19%, consolidando el desgaste de su liderazgo tras la emergencia.

En contraste, María Corina Machado mantiene una posición sólida en ambas mediciones. Mientras More Consulting mostraba una ventaja de más de 30 puntos en intención de voto, Atlas Intel la ubicaba con una imagen positiva del 72% y negativa del 14%. En un eventual escenario electoral, 57,4% de los venezolanos votaría por Machado, frente al 17,7% que respaldaría a Rodríguez y el 9% a Lorenzo Mendoza.

Atlas Intel señala que las principales preocupaciones de los venezolanos ya no son económicas, sino institucionales. La reconstrucción democrática, la confianza en las instituciones y el futuro político del país aparecen hoy por encima de los problemas económicos tradicionales, lo que sugiere que, incluso en medio de la reconstrucción tras los terremotos, la demanda de una salida política sigue ocupando el centro de las preocupaciones ciudadanas.

Recomendación

La segunda parte de Cien años de soledad acaba de estrenarse en Netflix. Gabriel García Márquez rechazó durante décadas la posibilidad de llevar la novela al cine. Su principal reparo era que la imagen fija los rostros, lugares y situaciones que cada lector puede imaginar por sí mismo. “La imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria”, explicó en 1991.

Gabo, sin embargo, llegó a contemplar otro formato. En 1987 dijo que veía Cien años de soledad “más como un serial de televisión, en diez años, sin adaptación”. La serie de Netflix se acerca, curiosamente, a esa intuición: una narración extensa, rodada en Colombia y en español, que intenta conservar buena parte del mundo de la novela.

Quizás esa sea también la mejor manera de verla. El Macondo de Netflix es una interpretación entre las innumerables versiones que los lectores han construido durante casi sesenta años. La serie ofrece una traducción visual cuidadosa del universo de García Márquez, sin agotar las posibilidades que aún persisten en el libro.

Mientras más se habla del dinero que hará falta para levantar las ciudades destruidas por los terremotos, más necesario resulta preguntarse por qué un país que administró la mayor renta petrolera de su historia llegó a esta tragedia sin ahorros públicos suficientes, sin infraestructura resiliente, con hospitales colapsados, organismos de emergencia debilitados y buena parte de sus capacidades técnicas dispersas fuera del territorio nacional.

La discusión pública se ha centrado casi exclusivamente en el costo de la reconstrucción. El Banco Mundial estima que los daños físicos directos rondan los US$19.600 millones, mientras que distintas evaluaciones elevan el costo total de la recuperación hasta cerca de US$50.000 millones al incorporar infraestructura resiliente, la modernización de los servicios públicos y la reducción del riesgo frente a futuros desastres. Son cifras extraordinarias para cualquier economía latinoamericana y gigantescas para un país que todavía intenta recuperarse de la contracción económica más profunda registrada en la historia moderna de la región.

Durante más de dos décadas, el país dispuso de recursos suficientes para modernizar hospitales, reforzar puentes, ampliar puertos, renovar el sistema eléctrico, construir viviendas de calidad e invertir sostenidamente en infraestructura crítica. Sin embargo, cuando ocurrió el mayor desastre natural de las últimas décadas, el aparato público respondió con una evidente incapacidad para coordinar una respuesta acorde con la magnitud de la catástrofe.

La reconstrucción, por tanto, no consiste únicamente en reemplazar edificios dañados. Exige reconstruir la capacidad del Estado para planificar, contratar, supervisar y ejecutar obras públicas sin que los recursos vuelvan a perderse en las mismas redes de corrupción, improvisación y opacidad que caracterizaron buena parte de la administración pública durante el chavismo.

La literatura especializada sobre gestión del riesgo insiste en que los fenómenos naturales producen daños, pero que las instituciones determinan la magnitud de los desastres. Dos países pueden enfrentar terremotos de intensidad similar y obtener resultados completamente distintos dependiendo de la calidad de su infraestructura, de la capacidad de respuesta de sus organismos públicos y del funcionamiento de sus sistemas de planificación.

Venezuela enfrentó el doble terremoto con una vulnerabilidad acumulada durante más de un cuarto de siglo. Distintos organismos internacionales advertían sobre el deterioro sostenido de hospitales, escuelas, redes eléctricas y sistemas de agua potable. Investigaciones de Armando.info documentaban graves irregularidades en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mientras que Transparencia Venezuela registraba centenares de obras públicas inconclusas financiadas con recursos del Estado.Ese contexto explica por qué la discusión sobre la reconstrucción no puede limitarse al origen del dinero. La pregunta de fondo es otra: ¿qué garantías existen para impedir que los recursos destinados a reconstruir Venezuela recorran el mismo camino que siguió buena parte de los recursos públicos durante los últimos veintisiete años? Esa pregunta ya no es únicamente venezolana.

La información publicada recientemente por Bloomberg indica que la administración Trump estudia utilizar parte de los activos venezolanos congelados en el extranjero para financiar la reconstrucción mediante un esquema de auditorías independientes, mecanismos de trazabilidad y desembolsos condicionados al cumplimiento verificable de proyectos específicos. Más allá de las dificultades jurídicas que todavía enfrenta esa propuesta, el mensaje es claro: antes de discutir el volumen de los recursos, la comunidad internacional quiere discutir las reglas bajo las cuales esos recursos serán administrados. Y tiene razones para hacerlo.

El costo de destruir las instituciones

Durante más de dos décadas, el Estado venezolano administró una riqueza extraordinaria sin que esa bonanza se tradujera en instituciones más sólidas, infraestructura más segura o servicios públicos de mejor calidad. Ocurrió exactamente lo contrario.

Mientras aumentaban los ingresos petroleros, disminuían los mecanismos de control sobre dichos recursos. El presupuesto perdió centralidad como instrumento de planificación, los organismos encargados de fiscalizar el gasto fueron perdiendo autonomía y una parte creciente del dinero público comenzó a administrarse mediante fondos paralelos, procedimientos excepcionales y decisiones cada vez más discrecionales. Ese cambio transformó la naturaleza del Estado venezolano.

La administración pública dejó de responder principalmente a reglas impersonales y pasó a depender progresivamente de la voluntad de quienes concentraban el poder. Los controles institucionales fueron sustituidos por la lealtad política; la contratación pública perdió transparencia; la rendición de cuentas se convirtió en una excepción y la información oficial desapareció gradualmente del escrutinio ciudadano. El resultado fue un Estado que manejaba enormes cantidades de dinero mientras perdía la capacidad de convertir esa riqueza en bienes públicos duraderos.

El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) resume buena parte de ese proceso. Creado en 2005 para financiar proyectos estratégicos de inversión, terminó administrando alrededor de US$174.000 millones con niveles de supervisión pública muy inferiores a los que cabría esperar para un fondo de esa magnitud. Aquello fue la expresión de un modelo de gestión que privilegió la discrecionalidad por encima de la institucionalidad.

A ello se sumaron los miles de millones de dólares comprometidos en obras inconclusas documentadas por Transparencia Venezuela, las tramas de corrupción alrededor de PDVSA investigadas en varias jurisdicciones, el sistema de control cambiario que facilitó uno de los mayores mecanismos de extracción de rentas de la historia económica venezolana y una larga lista de proyectos cuya ejecución nunca guardó relación con los recursos comprometidos. Cada hospital inconcluso, cada puente abandonado y cada planta industrial paralizada representan instituciones que dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas.De acuerdo con el Financial Times, el esquema petrolero implementado bajo supervisión estadounidense habría generado más de US$13.000 millones para Venezuela durante 2026. Paralelamente, The New Yorker citó a un alto funcionario de la administración estadounidense, según el cual Washington “autorizó el uso de más de US$6.000 millones por parte del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez para distintas áreas de gestión pública”. Este mismo año el Estado venezolano ha tenido acceso a recursos extraordinarios. Sin embargo, la información pública sobre su ejecución sigue siendo insuficiente.

¿Cuánto de ese dinero se ha desembolsado efectivamente? ¿En qué proyectos concretos? ¿Qué organismos los ejecutan? ¿Quién audita esos recursos? ¿Dónde pueden consultarse los contratos, los avances físicos de las obras o las evaluaciones independientes sobre su impacto?

La ausencia de información tiene consecuencias políticas mucho más profundas de lo que parece. Porque si todavía resulta difícil reconstruir el recorrido de miles de millones de dólares administrados durante este mismo año, ¿sobre qué base podría pedirse confianza para gestionar una reconstrucción que probablemente exigirá varias veces esa cantidad?

Ese es, probablemente, el verdadero significado de la información publicada por Bloomberg. La discusión sobre auditorías independientes, trazabilidad financiera y desembolsos condicionados no responde únicamente a una decisión de política exterior estadounidense. Responde a una constatación mucho más amplia: la reconstrucción de Venezuela exigirá mecanismos extraordinarios de transparencia, porque la experiencia ordinaria de la administración pública venezolana destruyó la confianza que hacía extraordinarios a dichos mecanismos.

La transición también es una política de reconstrucción

La reconstrucción exigirá credibilidad. Y la credibilidad se construye con información pública, licitaciones abiertas, auditorías independientes, trazabilidad financiera, tribunales capaces de sancionar irregularidades y organismos de control que respondan a la ley antes que al poder político. Exactamente los elementos que el chavismo fue desmontando sistemáticamente durante casi tres décadas.

Por eso la transición democrática pasa a convertirse en una condición práctica para reconstruir el país. Ningún programa serio de recuperación podrá sostenerse durante años si quienes deben financiarlo dudan de la capacidad del Estado para administrar honestamente esos recursos.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo otra. Miles de venezolanos necesitan atención médica, alimentos, refugio, agua potable y servicios básicos. La ayuda humanitaria no admite demoras. Pero la ayuda inmediata y la reconstrucción pertenecen a planos distintos. La primera busca aliviar el sufrimiento de las víctimas. La segunda exige transformar las condiciones que hicieron posible una tragedia de semejante magnitud.

Después de todo, ningún país se reconstruye únicamente con concreto. Los edificios pueden reconstruirse relativamente rápido cuando hay recursos. Mucho más difícil es reconstruir la confianza, las instituciones y la capacidad del Estado para administrar el patrimonio público con honestidad y eficacia. Y mientras ese modelo de poder permanezca intacto, la reconstrucción seguirá enfrentando un sistema cleptocrático que convirtió al Estado en un mecanismo de extracción de rentas antes que en un instrumento para producir bienes públicos.

Venezuela se levantará cuando vuelva a existir una república en la que el poder esté limitado por la ley, el dinero público sea auditable y las instituciones sirvan a los ciudadanos y no a quienes gobiernan. Solo entonces la ayuda humanitaria de hoy podrá convertirse en la reconstrucción de mañana y los miles de millones destinados a recuperar el país dejarán de representar un riesgo de saqueo para convertirse, por fin, en una oportunidad de renacimiento.

Paola Bautista de Alemán es periodista venezolana, doctora en ciencia política por la Universidad de Rostock y Hewlett Visiting Fellow for Public Policy en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Dirige el Instituto de Estudios Políticos FORMA y preside la Fundación Juan Germán Roscio.

En esta conversación con Politiks, analiza el nuevo proceso de diálogo, el papel de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y de Estados Unidos, los resultados que podrían otorgarle legitimidad al mecanismo y los riesgos para la oposición y la transición.

Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad.

Los venezolanos aún están descubriendo las implicaciones de este proceso. ¿Cuál es tu balance de la situación a día de hoy?

Yo creo que estamos ante una oportunidad democrática para el país, en la que se está abriendo la puerta que después del 28 de julio no se pudo abrir, porque después del 28 de julio los venezolanos nos enfrentamos al muro inmovilista de la dictadura, que fue violencia, represión, muerte, cárcel y tortura. Fueron dieciocho meses duros, desde el 28 de julio hasta el 3 de enero.

Se abrió un proceso de tutelaje con los Estados Unidos que se vio profundizado después de los dos terremotos del 24 de junio, que lo que evidenciaron, entre otras cosas y con muchísimo dolor humano, es que el Estado venezolano está completamente destruido y reducido a sus capacidades represivas.

Y esta es una iniciativa promovida con Estados Unidos como garante para concretar lo que Estados Unidos ha llamado la tercera fase hacia el cambio político, que es la transición. De modo que, si me preguntas, es un momento de esperanza, porque todo momento de oportunidad es de esperanza y, por supuesto, no está exento de riesgos ni de grandes desafíos.

La Asamblea Nacional de 2015 fue elegida hace más de diez años y el chavismo no le permitió legislar. Muchos venezolanos se preguntan qué ha hecho en este tiempo y por qué se ha depositado esa confianza en este órgano. ¿Cómo se explica?

La Asamblea 2015 lo que ha hecho es resistir, resistir desde el día 1. En el 2015, la oposición venezolana ganó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional y no dejó juramentar a los diputados que hacían valer esa composición de la Cámara. A partir de ahí, lo que siguió fue una relación de profunda tensión que terminó con diputados presos, con muchísima represión, con muertos y con exilio. Gran parte de los diputados de la Asamblea 2015 tuvo que salir del país para resguardar su integridad física.

¿Y qué ha hecho la Asamblea 2015? Resguardar los activos de la República. En ese proceso de resguardo creó unos vínculos muy importantes de confianza con el gobierno de los Estados Unidos, que ha encontrado en esta institución un género de negociación con anclaje institucional que busca abrir puertas a la democracia.

Tiene déficit de representación, sí; sería torpe o irreal negarlo. Pero también es verdad que, en los procesos de transición hacia la democracia, los órganos legislativos encargados de generar las condiciones para avanzar en la democracia no siempre cuentan con toda la representación necesaria. En España, quienes proclamaron la ley de reforma política fueron las Cortes franquistas. En Chile, la Constitución que habilitó la transición fue la de 1980, de Augusto Pinochet.

De modo que el tema de la representación es un tema muy difícil y, sobre todo en nuestra cultura política, es algo muy complejo porque existe un liderazgo que todos apoyamos y que es muy fuerte, que es el liderazgo de María Corina Machado.

Hasta ahora solo se han reportado seis integrantes de la delegación opositora, todos diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia. ¿Cómo se llegó a esta conformación?

Antes de emitir mi opinión, creo que es muy importante comentar algunos asuntos sobre la Asamblea Nacional y los procesos de negociación. Estos procesos de negociación tienden a ser rígidos y disciplinados, en los que las vocerías están muy bien establecidas. En este caso tengo entendido que la vocería la tiene la presidenta de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, no tengo información sobre la conformación de la delegación opositora.

Lo que sí puedo decir, porque ya lo ha dicho en distintas entrevistas, es que la conformación de la delegación y el diseño del mecanismo vinieron directamente del Departamento de Estado y que, por eso, es una iniciativa que sale de quienes son nuestros principales aliados en la democracia.

Una propuesta que venga de manos de ellos, que por supuesto tiene los déficits de los que hemos hablado y quizás incluso tenga más déficits de los que hemos hablado, pero que tiene la garantía de ir acompañada de uno de los principales motores del cambio político, creo que es un muy buen signo de posible éxito para esta iniciativa de la que estamos hablando el día de hoy.

¿Qué papel desempeña este diálogo en la transición política?

El documento que publicó el Departamento de Estado no habla de negociación, sino que habla de diálogo y presumo, no tengo información, pero presumo, que es el término que ha sido acordado entre las partes.

Ya usó la fuerza y no quiere volver a usarla. Estados Unidos es una realidad política, social, económica y militar en suelo venezolano.

Lo principal es el apoyo, el respaldo y la garantía de los Estados Unidos.

Por lo que ha dicho el Departamento de Estado y por lo que ha manifestado Dinorah Figuera en sus declaraciones, el objetivo fundamental de esto es devolverles el voto a los venezolanos. Yo lo que quiero es levantarme un domingo muy temprano, tomarme una taza de café, ponerme unos zapatos de goma, ir a votar, volver a mi casa, pasar el día con mis hijos, que todos mis hijos estén en Venezuela y que todos estemos en Venezuela, y que media hora después de cerrar las mesas tengamos los resultados y María Corina Machado sea presidente de nuestro país. Eso es lo que quiero que salga de la mesa de diálogo entre el gobierno interino y la oposición venezolana.

El chavismo ha utilizado negociaciones previas para ganar tiempo y ha incumplido los acuerdos. ¿Por qué este proceso sería diferente? ¿Cómo influye el liderazgo de María Corina Machado?

La diferencia que tenemos ahora es que el motor del cambio político es la fuerza o la amenaza de usarla, y que esa fuerza acompaña el proceso. No es poca cosa que el Departamento de Estado emita un comunicado que anuncia el proceso.

El liderazgo personal es muy importante. La forma en que ella articula la sociedad. También por el timing y la coincidencia de variables. En la negociación de Barbados todavía no había pasado la primaria. De hecho, la primaria ocurre justo mientras ocurren Barbados y el liderazgo de María Corina no estaba tan asentado a nivel nacional e internacional como lo está ahora.

La sociedad venezolana está unida en su deseo de democracia. Por supuesto que hay distintas maneras de ver la realidad y por eso somos demócratas. Nosotros somos civiles y por supuesto que hay diferentes opiniones, aproximaciones, perspectivas. Pero el pueblo venezolano está unido en su deseo de democracia.

La tarea no está hecha. Tenemos que estar muy vigilantes y por eso a mí me pareció extraordinario el comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cuando plantean una cierta función contralora ciudadana frente al proceso. Todo ciudadano que quiera seguir el proceso de cerca, obtener información y revisarlo es absolutamente bienvenido. Ese es el rescate de la cultura democrática que Venezuela necesita.

¿Qué deben observar los venezolanos para evaluar si el proceso está teniendo éxito? ¿Cuáles deberían ser las prioridades específicas?

Los resultados. Este tipo de instancias cobra lo que se denomina legitimidad de ejercicio. Esta instancia funcionará. La democracia será un éxito si nos permite ir a votar, si nos permite rescatar nuestras instituciones, si permite que se desmantele el aparato de represión.

Tenemos que estar atentos, como ciudadanos, a su desempeño. Objetivo planteado, objetivo cumplido. Promesa alzada, promesa cumplida. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir: que esta instancia vaya ganando legitimidad en el ejercicio en dos sentidos, en objetivos cumplidos y en inclusión. Inclusión de abrirse a la sociedad porque vienen cambios profundos.

Creo que en Venezuela, al hablar de transición, nos quedamos cortos. Venezuela necesita una transformación. El Estado venezolano está absolutamente destruido. El Estado venezolano durante 27 años desmanteló sus capacidades asistenciales, su razón de ser, monopolio de la violencia, control territorial, capacidades asistenciales. El Estado venezolano quedó reducido a la coerción, a la represión, a la muerte, a la tortura, al desastre, a hacer añicos la vida de la gente. De modo que para recuperar la democracia tenemos que recuperar el Estado, recuperar el control territorial, recuperar el monopolio de la violencia, recuperar las capacidades asistenciales. Y creo que este proceso de diálogo, de encuentro, de negociación y de generación de consensos debe apuntar a esa verdadera transformación de nuestro país, que sea estable, duradera en el tiempo.

Una prioridad específica es el cambio del Consejo Nacional Electoral y de las reformas electorales que permitan que el voto valga, así como acuerdos políticos que posibiliten la alternabilidad pacífica del poder.

El sistema electoral venezolano, un sistema electrónico, nos permitió validar el triunfo electoral mediante los códigos QR que emitían las actas de votación. De modo que en el caso venezolano, el problema, más que el sistema, fue la voluntad política. La prioridad es que existan los cambios nominales necesarios para que el Consejo Nacional Electoral responda a la Constitución Nacional y a la voluntad de la gente, y un acuerdo político firme de que, cuando se pierde la elección, usted deja el poder.

El problema no fue que el sistema no funcionara. El problema fue que Amoroso era un malandro que llegó a dar una rueda de prensa con una servilleta en la que escribió unos números que ni siquiera cuadraban. Entonces necesitamos cambiar al malandro. Es decir, que en el Consejo Nacional Electoral existan personas que respeten la Constitución, respeten la voluntad de la gente y que quienes están en el poder, al perder la elección, lo entreguen sin show, que lo entreguen de una manera democrática, constitucional y pacífica. Es una cosa muy, muy sencilla, pero, como los venezolanos lo sabemos, es tan sencillo como difícil de ejecutar cuando no existe voluntad política.

¿Cuáles son tus principales preocupaciones? ¿Cómo puede fracasar este proceso?

Lo primero que te tengo que decir es que soy existencialmente optimista. Rara vez vas a conversar conmigo y me vas a encontrar de mal ánimo. Yo jamás voy a dejar que el chavismo imprima en mi alma y en mi corazón desesperanza o desánimo al ver el futuro. Si ellos logran eso, triunfan y conmigo no van a triunfar en ese particular.

Lo primero que me preocupa es que nosotros, como oposición, podamos fortalecer el compromiso de los Estados Unidos con el proceso. Que a pocos días todavía no tengamos el nombre completo de quiénes son los miembros de la delegación y que haya un amplio margen de especulación significan que las cosas se están manejando con muchísima delicadeza, con muchísima reserva, con muchísimo profesionalismo, con muchísimo cuidado, de modo que podamos ser actores confiables para todos los que están sentados sobre la mesa.

Eso es un asunto que me preocupa y que, aunque me preocupa, también me ocupa. Esa preocupación no se traduce en inmovilismo, sino en preguntas sobre cómo hacernos cada día más confiables como actores políticos.

Lo segundo que me preocupa es la capacidad de resiliencia política que tendrá la oposición en estos momentos. Creo que el chavismo seguirá siendo una fuerza política en nuestro país. El chavismo, tras este proceso, seguirá compitiendo en las elecciones. El chavismo tiene dinero porque ha robado durante 27 años. Hay una nueva élite económica que muy probablemente apoyará ese proyecto político. Son audaces y sagaces. Eso lo sabemos.

La oposición tiene que permanecer unida tanto en el proyecto de país como en el ámbito electoral, porque nuestra gran misión no es solamente llegar a una elección, sino que, cuando llegue esa elección, vayamos todos unidos a ella. Lo que no nos podemos permitir es que el chavismo nunca más gane una elección en nuestro país. Que el chavismo compita, que le echen pichón, que se lancen, que gasten plata, que hagan lo que quieran, pero que nunca más el pueblo venezolano los haga mayoría ni ellos lleguen al poder. Y eso sí depende de nosotros, porque mal haríamos si esta negociación llega a buen puerto, se convocan unas elecciones justas, libres y transparentes y vamos divididos. Eso sí me preocupa.

La otra cosa que me preocupa es que el chavismo se vuelva loco, lo cual también puede ocurrir. Esa es la tercera cosa que me preocupa. Hace tres o cuatro días vimos a Iris Varela rechazar con firmeza el proceso de diálogo. Vimos a Mario Silva diciendo que no podía hablar sobre Delcy Rodríguez porque se lo llevaban preso, y yo pensaba: ‘Bienvenido al club’. Luego vimos a otra gente que mandó banderas de Estados Unidos e Israel. Entonces, bueno, el chavismo tampoco es que lo tenga fácil. Y creo que ese es el mejor signo de que estamos en transición, que nadie lo tiene fácil.

Maduro perdió no solo en las urbanizaciones del este de Caracas o del norte de Maracaibo, sino también en caseríos, barriadas, bases de misiones y casas comunales, donde históricamente se concentra el voto duro del chavismo.

Un análisis de una muestra de 450 mesas ubicadas en consejos comunales, bases de misiones, dependencias de la Fuerza Armada y ministerios, las bases chavistas se lanzaron decididamente a apoyar al candidato Edmundo González Urrutia. Estás 450 mesas acumulan 151.487 votos: 57,31% para Edmundo González y 41,78% para Maduro.

En la Casa Comunal Tacaguay Celina Quintero, en Sucre, renombrada como Base de Misiones “Los Ojitos de Chávez”, Edmundo González ganó 109 a 70. En “Sueños y Pensamientos de Chávez”, 103 a 94. En “La Mirada de Hugo Chávez”, 123 a 121. En “13 de abril”, 141 a 113.

En 116 mesas de Bases de Misiones, el bastión más duro del control social chavista, donde la participación llegó a 79,81%, casi veinte puntos por encima del promedio nacional, Maduro ganó por apenas un punto y medio: 50,20% contra 48,79%. Ganó, pero por el margen más estrecho de cualquier categoría analizada, a pesar de operar con amenazas directas de cortar bolsas de comida, ayudas económicas y empleos a quien no votara por el oficialismo.

En los Consejos Comunales, la maquinaria de coerción no alcanzó ni para eso: González ganó 57% a 42%. En oficinas de ministerios, entre ellas una sede del Ministerio del Trabajo en Caracas y otra del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Lara, González arrasó con 73,45%.

En Institutos Socialistas, 72,46% contra 26,83%. Y en la Escuela Técnica Robinsoniana Manuel Palacios Fajardo, el centro donde votaba Hugo Chávez y donde el oficialismo obtuvo el 65% de los votos en 2006, González obtuvo el 61%.

Incluso en los pocos centros militares con actas disponibles, dieciséis mesas ubicadas en guarniciones y dependencias de la Fuerza Armada, González ganó 52,8% a 46,7%. En las sedes de la UNEFA, del 64,4% al 34,76%.

La represión y la coerción social no lograron contener lo incontenible: el hastío de los venezolanos contra un régimen corrupto. Dos años después, Maduro está fuera del poder y Venezuela vive una transición tutelada por los Estados Unidos. Que hasta los “ojitos de Chávez” hayan votado por la oposición es evidencia de que nuestro país ha cambiado inexorablemente.

Las cifras oficiales superan los 5.300 fallecidos, mientras decenas de miles de personas continúan desplazadas y amplias zonas de La Guaira permanecen en proceso de recuperación. Naciones Unidas estima que más de 1,3 millones de personas requieren asistencia humanitaria urgente y calcula que los daños materiales podrían superar los 37.000 millones de dólares.

Pero el terremoto también dejó al descubierto problemas que ya existían mucho antes de la emergencia.

Uno de ellos fue la vulnerabilidad de la infraestructura construida durante el chavismo. El colapso parcial de las urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela reabrió el debate sobre la calidad de las obras ejecutadas durante los años de bonanza petrolera. Ingenieros y antiguos funcionarios han señalado que muchos proyectos fueron levantados con escasa supervisión técnica, mientras que organizaciones independientes cuestionan la falta de auditorías y de transparencia en esos desarrollos.

La emergencia también puso a prueba la capacidad del régimen encabezado por Delcy Rodríguez. Durante las primeras horas, la lentitud de la respuesta generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, conforme avanzaron las semanas, Caracas comenzó a coordinar una amplia operación internacional que movilizó ayuda proveniente de Estados Unidos, las Naciones Unidas, China, Colombia, El Salvador y decenas de equipos de rescate extranjeros. Esa cooperación refleja otra de las transformaciones que deja la tragedia; hace apenas unos meses resultaba impensable que fuerzas estadounidenses, organismos multilaterales y el gobierno venezolano trabajaran simultáneamente en el país. La reconstrucción ha acelerado un nuevo esquema de relaciones internacionales en el que el pragmatismo parece imponerse a la confrontación ideológica.

Al mismo tiempo, la emergencia empieza a redefinir las prioridades económicas del país. La necesidad de financiar la reconstrucción coincide con la apertura a la inversión privada en sectores estratégicos como la energía, el petróleo y la minería. Empresas internacionales han retomado las conversaciones para invertir en Venezuela, mientras que organismos financieros exploran mecanismos para canalizar recursos destinados a la recuperación de la infraestructura.

Finalmente, pero no menos importante, la reconstrucción también está reconfigurando el tablero político. La administración Trump discute fórmulas de acompañamiento internacional para la transición y la recuperación del país, mientras la Asamblea Nacional electa en 2015 “que sobrevivió durante años como el único poder reconocido por buena parte de la comunidad internacional”, según César Báez en Politiks, vuelve al centro de la escena. A partir del 1 de agosto, una comisión de diputados iniciará conversaciones con el chavismo para negociar la reconstrucción institucional del país, comenzando por un nuevo Consejo Nacional Electoral. La emergencia humanitaria ha acelerado debates que parecían lejanos: quién liderará la reconstrucción, bajo qué reglas se organizará la transición y cómo se devolverá la legitimidad a las instituciones venezolanas.

Sin embargo, el desafío más complejo apenas comienza. La reconstrucción no consiste únicamente en levantar edificios. Implica recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer los sistemas de prevención de desastres y responder a las miles de familias que han perdido sus viviendas, sus empleos y sus redes de apoyo.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• ING Groep, uno de los principales bancos de financiamiento para el comercio internacional de materias primas, informó que está evaluando respaldar operaciones vinculadas a recursos naturales en Venezuela ante el creciente interés de sus clientes. Aunque la entidad aún no financia negocios en el país, el aumento de solicitudes refleja cómo grandes comercializadoras internacionales exploran oportunidades.

• Los médicos que brindaban atención en la comunidad de Catia La Mar alertaron sobre un aumento de enfermedades crónicas desatendidas y de casos de diarrea en las zonas afectadas por los terremotos. Ante el deterioro de las condiciones sanitarias, la ONU solicitó cerca de 300 millones de dólares para asistir a 1,3 millones de personas en situación de emergencia.

• La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que los terremotos podrían desencadenar una nueva ola migratoria desde Venezuela, a medida que miles de personas busquen refugio tras el desastre. El organismo estima que cerca de 6,8 millones de personas resultaron afectadas y alerta sobre la necesidad de acelerar la respuesta humanitaria para evitar un mayor desplazamiento hacia países vecinos.

• El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó que el país será un aliado estratégico de Estados Unidos frente a Venezuela durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El nuevo gobierno colombiano buscará una política exterior basada en el pragmatismo y su la relación con Washington será clave para abordar la transición política y la estabilidad regional.

• El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña para limitar la capacidad de actuación de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que esta representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. La estrategia contempla presiones diplomáticas para que otros países se retiren del Estatuto de Roma, además de posibles sanciones y restricciones de visado contra funcionarios de la Corte.

• La inflación mensual en Venezuela se aceleró hasta 13,8% en junio, más del doble del 6,3% registrado en mayo, según el Banco Central de Venezuela.

• Delcy Rodríguez designó a Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela, en sustitución de Yván Gil, y fusionó las áreas de relaciones exteriores y comercio en un solo ministerio.

• El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó al empresario Jorge Jaller Jaramillo, abogado con amplia trayectoria en el sector privado en el Grupo Éxito, una de las empresas más grandes de Colombia, como próximo embajador en Venezuela.

• La firma estadounidense Lionheart Capital negocia una inversión de 400 millones de dólares para adquirir una participación en el campo petrolero PetroUrdaneta. De concretarse, sería una de las primeras grandes inversiones privadas en el sector petrolero venezolano desde el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

• El Ministerio de Salud venezolano confirmó la muerte de tres personas por hantavirus en el estado Anzoátegui. Las autoridades señalaron que se trata de casos focalizados y aseguraron que, hasta el momento, no existe evidencia de un riesgo de propagación comunitaria.

• Cashea anunció la captación de 100 millones de dólares en dos rondas de financiamiento lideradas por inversionistas internacionales. La fintech, que supera los 10 millones de usuarios y cuenta con una red de 40.000 comercios afiliados, busca acelerar su expansión y consolidarse como uno de los principales actores del ecosistema financiero digital venezolano.

• The New York Times publicó un reportaje que sostiene que el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha convertido en la figura con mayor influencia en la transición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro. Según el diario, Rubio concentra las decisiones sobre las finanzas, los recursos energéticos y la política exterior del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Le estamos poniendo el ojo:

La administración Trump y funcionarios venezolanos evalúan mecanismos para desbloquear miles de millones de dólares en activos venezolanos congelados en el extranjero y destinarlos a la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. Según Bloomberg, las conversaciones buscan financiar la recuperación sin que Estados Unidos tenga que ampliar significativamente los US$386 millones ya comprometidos para la ayuda humanitaria.

Entre los recursos que podrían entrar en discusión figuran los fondos retenidos en el Fondo Monetario Internacional, las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra y otros activos bloqueados en el exterior.

Recomendación

A Regime That Failed to Respond Cannot Rebuild Venezuela, una lectura clave para entender el panorama completo a un mes de la tragedia de La Guaira. El nuevo informe del Miranda Center for Democracy analiza cómo las fallas institucionales agravaron el impacto del doble terremoto y los desafíos que enfrenta la reconstrucción de Venezuela en la actualidad.

Este artículo es la segunda parte de la serie “Lo que Japón puede enseñarle a Venezuela”. La primera parte se puede leer en el Substack de Jesús Armas haciendo clic aquí.

El 30 de agosto de 1945, el cielo amaneció despejado en Okinawa. Las condiciones climáticas eran favorables para un vuelo hacia Atsugi. La tripulación estadounidense abordaba la aeronave Bataan II a eso de las 9:00 a.m. Apenas despegó el avión, empezaron a escucharse órdenes con un claro acento militar. A bordo iba el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas y encargado por el presidente estadounidense Harry Truman de liderar la ocupación y la transformación de Japón. Una de las órdenes de MacArthur era simbólica y arriesgada: dejar las pistolas dentro del avión. A pesar de que hacía unas semanas se habían detonado las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, así como de la rendición del emperador Hirohito, el espíritu de lucha de muchos japoneses seguía intacto y, por tanto, el riesgo era alto.

Aterrizar desarmado fue un acto que el propio Churchill calificaría después como el más asombroso de toda la guerra. A las 2:05 p.m., el Bataan II aterrizó en el aeródromo. MacArthur salió del avión con sus lentes de sol y encendió su pipa. Bajó por la escalera demostrando una confianza absoluta, pese al riesgo real de morir en ese mismo instante, y tras estrechar la mano del general Robert Eichelberger, dijo: “Bob, ha sido un largo camino desde Melbourne hasta Tokio, pero como dicen en las películas, esta es la recompensa.” Llegaría ahí para gobernar el destino de Japón durante los próximos cinco años.

Japón bajo la autoridad de MacArthur

A diferencia del caso de la ocupación alemana, donde Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia tenían zonas de ocupación propias, en Japón el resto de los aliados (Reino Unido, la Unión Soviética y la República de China) apenas tenía un rol asesor dentro de un “Consejo Aliado” sin poder real de decisión. Las decisiones las tenía MacArthur. El plan estaba dividido en tres fases. El esfuerzo inicial consistía en castigar y reformar al país; el segundo, en reactivar la economía japonesa; y la fase final, en la construcción de un acuerdo de paz y de una alianza.

La primera fase arrancó con el castigo: se celebraron juicios por los crímenes de guerra cometidos por soldados japoneses y, paralelamente, se desmanteló su ejército. Eso incluía prohibir que los miembros del ejército formaran parte del nuevo gobierno. La nueva Constitución de Japón fue redactada casi letra por letra por oficiales estadounidenses. La nueva Constitución trajo, además, un sistema parlamentario bicameral inspirado parcialmente en el modelo británico, la separación de poderes, un poder judicial independiente y el sufragio universal para todos los adultos, incluyendo, por primera vez, el derecho al voto de las mujeres.

La segunda fase se trabajó en paralelo. Uno de los temas clave fue una reforma de la propiedad, que incluyó una reforma agraria para restar poder a los señores feudales de Japón y a los grandes conglomerados de negocios, los llamados zaibatsu, como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y Yasuda, que dominaban la economía japonesa previa a la guerra y habían respaldado la expansión militar del país. Todo el esfuerzo en términos económicos se centraba en una reforma tributaria, en una política de control de la inflación y en la construcción de una cadena de suministro para garantizar la disponibilidad de materiales para la manufactura. El fin último era la construcción de una economía capitalista de libre mercado.

La geopolítica contribuyó a consolidar la tercera fase. La amenaza del comunismo y la confrontación con la Unión Soviética, ayudaron a que convertir a Japón en un aliado sólido fuese una prioridad. El acuerdo incluyó que los Estados Unidos conservaran sus bases militares en Japón, en el marco de un acuerdo de defensa mutuo.

Después de esa profunda y compleja transformación, Japón consolidó su soberanía y concilió, pese a las tensiones, la nueva influencia de la cultura occidental con sus tradiciones. Hoy, al caminar por las calles de Tokio, se siente la influencia occidental en la vestimenta o en la música, aunque hay aspectos de su comportamiento, tradiciones, religión o arquitectura que nadie puede confundir: es Japón. Las transformaciones se dieron con tensiones y con una participación importante de líderes, burócratas y técnicos japoneses, quienes luego tomarían las riendas del país y serían los responsables finales de su desarrollo.

El nuevo orden del poder en Venezuela

El pasado 23 de mayo, por segunda vez en el año, los caraqueños vieron sobrevolar aeronaves militares estadounidenses. Se trataba de dos MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines. Aterrizaron en la sede de la embajada de Estados Unidos en el sureste de Caracas. A bordo de una de ellas viajaba el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, en su segunda visita oficial al país.

En Venezuela no hubo bombas nucleares ni una guerra contra Estados Unidos, pero, sin duda, el 3 de enero marcó un hito que sacudiría la historia del país. Durante años, el chavismo combatió verbal y políticamente a los Estados Unidos; su discurso antiimperialista fue el eje central de toda su narrativa. Apenas unos meses antes, en septiembre de 2025, Diosdado Cabello lanzaba frases rimbombantes evocando a Vietnam o amenazaba con “100 años de guerra”. Vladimir Padrino López, por su parte, había advertido que Washington pretendía “nuevamente devolver a los ciudadanos contribuyentes y jóvenes de la sociedad norteamericana, en sacos, en bolsas negras y en urnas, a sus hogares”. Nada de eso pasó.

El 6 de julio, en plena emergencia por los terremotos, el propio Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre por quien Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su vinculación con el narcotráfico, se reunió personalmente en Caracas con el general Donovan, junto a Delcy Rodríguez y a funcionarios estadounidenses. El nuevo orden de poder se había consolidado. Desde el 3 de enero, la élite de la dictadura se ha doblegado y sonríe ante el poderío de los Estados Unidos. Aunque pretenden colaborar, en el fondo siguen siendo los mismos actores.

De la misma forma que ocurrió en Japón, Estados Unidos tiene un plan de tres fases para Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha enunciado estas tres fases: la primera, estabilización; la segunda, recuperación, que incluye un proceso de reconciliación nacional; y la tercera, transición política.

Estabilizar sin conservar la represión

Aunque millones de venezolanos hubiesen deseado que la primera fase incluyera, tal como en Japón, juicios que permitieran castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico, Estados Unidos decidió priorizar evitar que Venezuela cayera en el caos y mantener su influencia en el país a través de autoridades interinas. Esta decisión ha sido controversial, pero se entiende tras experiencias como la de Afganistán, donde resultó importante preservar lo que quedaba de Estado y de orden para poder construir lo que viene. Esta fase ha sido fundamental para la excarcelación de los presos políticos en Venezuela, entre ellos yo mismo

La fase de recuperación económica, al igual que la de Japón, está encontrando grandes obstáculos. El estado actual de la infraestructura venezolana le pone un techo muy bajo a la capacidad de expansión económica: no hay posibilidad de aumentar la capacidad industrial, especialmente la petrolera, sin electricidad; no es posible ser atractivos para inversiones extranjeras sin agua ni gas. De la misma forma, los derechos de propiedad en el país siguen siendo débiles mientras los mismos que expropiaron y persiguieron a los empresarios nacionales y extranjeros permanezcan en el poder.

Así como Japón tuvo que romper el poder económico de los zaibatsu y de los señores feudales para abrir paso a una economía de mercado, Venezuela tiene que romper el poder económico de quienes se beneficiaron de la expropiación y del control estatal. El país requiere una serie de reformas: hay que seguir ajustando la legislación energética y desmontar leyes absurdas, como las que justificaban controles de precios y de cambio, así como la asignación discrecional de los recursos del país. El país necesita una reforma tributaria, pero, sobre todo, poner un acento importante en la política monetaria: la inflación debe controlarse.

El fin debe ser una economía capitalista de libre mercado que permita el desarrollo de los venezolanos y ubique al país como aliado comercial de Estados Unidos y de Occidente, alejándolo de la órbita autoritaria de Irán, China o Rusia. Así se hizo en Japón.

No puede dejarse de lado la amenaza de una transición bajo las reglas del régimen. Sin transparencia, una nueva oligarquía podría encontrar acomodo en un sistema de crony capitalism, o capitalismo de amigos, en el que el éxito económico depende de las conexiones con el poder y del acceso privilegiado a contratos, licencias y recursos públicos. También podría consolidarse un oligarchic capitalism, dominado por un reducido grupo de actores económicos. Ambos sistemas frenan el desarrollo y dificultan la democratización de Venezuela.

La transición depende de las instituciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el inicio de una negociación, formalizada mediante una mesa técnica y política paritaria entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez, orientada a impulsar reformas institucionales como la renovación del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia. Estados Unidos ha dicho que seguirá el proceso de cerca, pero lo cierto es que tendrá una participación activa para que esto termine definitivamente en un calendario electoral y en la consolidación de instituciones que auxilien la construcción de una democracia en Venezuela.

Es difícil prever el desenlace de una reforma política desde esta etapa tan temprana. Hay ejemplos de éxito, como Japón, y de fracaso, como Afganistán. Sin embargo, hay herramientas claras que pueden ayudar a que todo el esfuerzo de Estados Unidos y de los venezolanos llegue a buen puerto.

Venezuela puede ayudar a garantizar la seguridad en Occidente, a ser el hub energético de la región, a ser el principal aliado de los Estados Unidos en Sudamérica. Pero también puede crear las condiciones para que florezcan la democracia liberal, la economía de mercado y el desarrollo humano. Son caminos que se unen. Pero no pueden dejar de lado la confianza que hoy se deposita en María Corina Machado, la líder de las fuerzas democráticas. María Corina comparte con Estados Unidos la visión democratizadora en favor de las libertades económicas.

Fueron años de reformas en Japón. Son procesos que exigen paciencia y estrategia para lidiar con las distintas fuerzas durante la transición. Es lógico sentir ansiedad y desesperanza, especialmente después de todo lo vivido.

Al igual que MacArthur tuvo que navegar con el emperador de Japón, Donovan o Rubio tiene que lidiar con Delcy Rodríguez. Con claras diferencias: Delcy no es una figura divina arraigada en el sentimiento o la cultura de la nación, y Venezuela no la necesitará en el futuro; hoy es útil para el proceso, pero es desechable, lo cual no significa que no pueda sobrevivir al proceso político.

En Japón, las élites reformistas, su burocracia y sus técnicos llevaron a cabo buena parte de esa transformación. Venezuela hará lo propio. Las distintas iniciativas que han surgido de la sociedad civil, así como su articulación con las organizaciones internacionales y la diáspora, constituyen un gran primer paso. Venezuela recuperará su capacidad de agencia propia, aprenderá de Japón y de otros, trabajará con Estados Unidos, pero, sobre todo, hará lo necesario para recuperar la democracia.

Fuentes consultadas:

• Office of the Historian (U.S. Department of State): Occupation and Reconstruction of Japan, 1945–52. Office of the Historian

• The American Spectator: MacArthur Lands at Atsugi Airfield: August 30, 1945. spectator.org

• Hudson Institute: The Road to Yokohama

• Warfare History Network: The Japanese Surrender at Tokyo Bay.

En la víspera de la instalación de la Asamblea Nacional con la mayoría opositora más grande de la era chavista, una docena de diputados electos se tomó una selfie. Todos sonreían. “Qué ilusos éramos”, dice a Politiks uno de los presentes en esa foto. “Pensábamos que ya lo habíamos logrado. Y ahí apenas empezó.”

Diez años y medio después, esa misma Asamblea, electa el 6 de diciembre de 2015 con 112 de 167 curules de la oposición, vuelve al centro de la política venezolana. El próximo 1 de agosto, una comisión de doce de sus diputados iniciará una agenda de trabajo con el parlamento que controla el chavismo, presidido por Jorge Rodríguez, para negociar la reconstrucción institucional del país, empezando por un nuevo Consejo Nacional Electoral. La mesa cuenta con el aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que designó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea, para encabezar las conversaciones.

Que ese cuerpo todavía exista sorprende incluso a muchos venezolanos. La mayoría le perdió el rastro después de 2020, cuando el chavismo tomó el Palacio Federal Legislativo tras una elección parlamentaria que buena parte de la comunidad democrática desconoció. Pero la Asamblea Nacional de 2015 (AN-2015) nunca se disolvió. Se dedicó a proteger los activos de la República en el exterior y sobrevivir como institución. “Era mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla”, dice una fuente parlamentaria.

El andamiaje jurídico

La supervivencia de la Asamblea descansa en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, aprobado en 2019 y reformado varias veces desde entonces. El Estatuto se fundamenta en el artículo 333 de la Constitución, que obliga a todo ciudadano a colaborar en el restablecimiento de la carta magna cuando deja de observarse. Sobre esa base, la Asamblea declaró ilegítimas las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020 y estableció su continuidad.

La reforma más reciente, aprobada tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024, garantiza la continuidad constitucional del Poder Legislativo a través de la AN-2015, que funciona mediante su Comisión Delegada “hasta el 31 de diciembre de 2026 o mientras se produzca el restablecimiento de la democracia y se convoquen legítimas elecciones parlamentarias dentro de este mismo año 2026”.

La Comisión Delegada es el corazón operativo del mecanismo. La integran 18 miembros: los presidentes de las 15 comisiones permanentes y los tres miembros de la Junta Directiva, que este año quedó conformada por Figuera en la presidencia, Marco Aurelio Quiñones como primer vicepresidente y Richard Blanco como segundo vicepresidente. El Estatuto le asigna a la Delegada funciones que van desde aprobar el presupuesto de la Asamblea hasta ejercer el control constitucional y tramitar la cooperación financiera internacional.

Sesionar sin ser vistos

En la práctica, la Asamblea funcionó durante años bajo un principio que otra fuente parlamentaria resume en “cuidar las formas”. Cada extensión de la continuidad se aprobó en plenaria. Cada acuerdo parlamentario sobre el desconocimiento de las convocatorias electorales del chavismo (las regionales, las parlamentarias de 2020 y 2025 y el proceso presidencial) fue entregado formalmente a organismos multilaterales, embajadas y gobiernos aliados. “Eso permitía dar un sustento jurídico a lo que estaban haciendo”, explica una fuente con conocimiento de la política exterior. El desconocimiento de la AN-2015, como órgano internacionalmente reconocido y legítimo, se convirtió en un fundamento jurídico y político para la toma de decisiones en materia de política exterior.

El costo de esa disciplina fue elevado. La Asamblea llegó a tener siete parlamentarios presos y seis han fallecido en estos años. El régimen allanó ilegalmente la inmunidad parlamentaria de muchos diputados, como paso previo a secuestrarlos. Cuando la persecución arreció en 2024, el cuerpo aprobó una normativa para celebrar sesiones secretas. Y en las plenarias del año pasado, con varios diputados detenidos y la mayoría de los que permanecen en Venezuela obligados a mantener un perfil bajo, el secretario asignó a cada diputado un seudónimo para conectarse a la sesión, y fue él, facultado por el reglamento para verificar el quórum, quien validó la asistencia. Así se aprobó la continuidad y, en enero, pudo instalarse la nueva Comisión Delegada.

Hoy, la Asamblea cuenta con 154 diputados, entre principales y suplentes. El quórum reglamentario es de 84 y, según la fuente, las plenarias siempre han superado los 100 principales. Las suplencias operan de forma automática, sin trámite: cuando un principal falta, renuncia o cae preso, el suplente asume.

La composición ha cambiado con los años. Los diputados chavistas se retiraron y, en 2020, se sumó la fractura de los llamados “alacranes”. La Asamblea adoptó entonces un criterio para desincorporar a quienes se postulaban a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen.

Hoy Primero Justicia mantiene la bancada más numerosa, seguida por Acción Democrática y Voluntad Popular. La mayoría de los diputados de Un Nuevo Tiempo rompió con la línea de su partido, que participó en la elección de 2025, y conformó una fracción propia llamada Democracia Parlamentaria. La fracción 16 de Julio, vinculada a María Corina Machado, creció con incorporaciones provenientes de otros partidos.

El dinero que no tocaron

El argumento central que la Asamblea esgrime para justificar su década de resistencia es de carácter patrimonial. Su existencia como órgano legislativo reconocido bloqueó el acceso del régimen a los fondos del Fondo Monetario Internacional y a los mecanismos multilaterales de crédito, lo que frenó el crecimiento de la deuda pública en los últimos años.

El caso más visible es el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, objeto de un litigio que la Asamblea mantiene desde hace años. “La gente decía: ‘¿Cómo es eso de que ustedes [la Asamblea] están pagando 4 millones de dólares a abogados?’”, dijo una fuente consultada. “[El valor del oro] era de 2.200 millones de dólares y hoy es de 4.300 millones. Dime si valió la pena invertir 4 millones para que [el chavismo no] lo desapareciera.”

Las decisiones de la Asamblea tuvieron efectos prácticos para los venezolanos comunes. La extensión de la vigencia de los pasaportes vencidos, aprobada en plenaria, permitió que Estados Unidos y otros países siguieran reconociéndolos.

El Legislativo que Washington reconoce

La caída de Nicolás Maduro en enero reordenó el tablero. Delcy Rodríguez emergió como presidenta encargada y Washington optó por tratar con ese Ejecutivo sin retirar su reconocimiento a la AN-2015. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio compareció ante el Senado en enero, reafirmó ese reconocimiento y habló de buscar fórmulas creativas para avanzar en la transición, según recuerda una fuente parlamentaria. “Todo el mundo entró en crisis cuando [Estados Unidos] reconoció al Ejecutivo”, dijo. “Pero reconocieron al Ejecutivo. Nosotros seguimos siendo el Legislativo que ellos [Estados Unidos] reconocen.”

Ese diseño, sin embargo, no fue una construcción autónoma de la Asamblea. Según una fuente con conocimiento directo de las gestiones, fue Washington quien planteó desde el inicio un esquema de tres fases (estabilización, recuperación y transición) y buscó, para la fase de transición, un instrumento institucional estable para su ejecución.

La AN-2015 negoció condiciones dentro del esquema estadounidense. A mediados de abril, envió una carta al Departamento de Estado en la que pedía que el mecanismo contara con el acompañamiento y la garantía directos de Estados Unidos en la mesa. “Esto no es una negociación Oposición-Delcy Rodríguez”, dijo la fuente. “Es una negociación Oposición-Estados Unidos-Delcy Rodríguez.”

Ese estatus es el que la Asamblea lleva ahora a la mesa. 12 diputados integrarán, en principio, el mecanismo de negociación: seis en un rol principal y seis en un rol de soporte técnico y operativo que aún se define. Los primeros seis serían Dinorah Figuera (PJ), Marco Aurelio Quiñones (VP), Juan Miguel Matheus (PJ), Ramón López (PJ), Jorge Millán (PJ) y Sergio Vergara (VP), según Efecto Cocuyo. El objetivo declarado es contar con un árbitro electoral creíble, garantías de participación política y resultados visibles para diciembre de 2026.

Varias fuentes consultadas concuerdan en que el proceso genera tensiones dentro de la propia oposición y que la desconfianza acumulada pesa. Por eso, dice una de ellas, la Asamblea ha planteado un mecanismo de doble validación. Todo lo acordado con el régimen deberá aprobarse también en las plenarias de la AN-2015 y el régimen debería comprometerse a hacer lo mismo, sin debate, en la Asamblea controlada por ellos. “Si mañana a esto se le da una vuelta y nos vuelven a poner la pata encima, nosotros podemos decir: nunca te reconocimos plenamente. Siempre validamos con nuestro mecanismo.”

Hay una ironía en el calendario. El mismo Estatuto que mantuvo viva a la Asamblea le fijó fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2026, o antes si se convocan elecciones parlamentarias legítimas. El Parlamento que sobrevivió una década escondiéndose tiene ahora poco más de cinco meses, a partir del 1 de agosto, para negociar las condiciones de su propio reemplazo. Los diputados de aquella selfie de 2016 creían haber logrado las condiciones para una transición. Los que se mantienen a día de hoy asumen un mandato para conseguirlas finalmente.

Respecto a Venezuela, Washington discute el envío de unas 3.000 personas y una inversión inicial de cerca de 3.000 millones de dólares. La mayor parte del contingente sería civil y de ingeniería. Una parte importante procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañada por especialistas en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones y energía.

Este contingente participaría en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los terremotos, además de coordinar la ayuda humanitaria fuera del control de las instituciones aún controladas por el chavismo.

Una fuente consultada por ABC compara el modelo que estudia Washington con los pactos de libre asociación que Estados Unidos mantiene con las Islas Marshall, Palaos y Micronesia, varios archipiélagos ubicados en el Pacífico, entre Australia y Hawái.

A cambio de asistencia económica, acceso a programas federales de salud y educación, y derecho de sus ciudadanos a residir y trabajar en Estados Unidos sin visa, estos Estados cedieron a Washington el control militar exclusivo sobre sus territorios y sus aguas, incluido el atolón de Kwajalein, sede de un polígono de pruebas de misiles balísticos con derechos vigentes hasta 2066.

Esa cesión de defensa es viable para archipiélagos con 200.000 habitantes combinados, sin fuerzas armadas propias de peso, sin fronteras terrestres que proteger.

No obstante, sería inconveniente para Venezuela adoptar este tipo de esquema. Tiene 30 millones de habitantes, 916.000 kilómetros cuadrados de territorio, fronteras terrestres con Colombia, Brasil y Guyana, salida al Caribe y las mayores reservas de petróleo del planeta.

A esa diferencia de escala se suman dos frentes activos que exigirán contar con capacidad militar propia. Uno es la frontera con Colombia, de más de 2.200 kilómetros, con presencia de disidencias de las FARC y del ELN en la zona binacional.

El otro es la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, un diferendo de 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela mantiene activo ante la Corte Internacional de Justicia y que involucra, además, los intereses petroleros de ExxonMobil en aguas en disputa. Delegar la conducción de la defensa nacional en un tercero, mientras esos dos frentes permanecen abiertos, dejaría a Venezuela sin capacidad de coerción militar en escenarios clave.

Para que un esquema inspirado en el modelo de Pacto de Libre Asociación (COFA por sus siglas en inglés) resulte sostenible en el caso venezolano, tendría que apartarse del original en su punto más sensible: la soberanía.

Washington podría aportar capacidad técnica, financiamiento y respaldo político durante la reconstrucción y la transición, pero la conducción de la defensa nacional, la política exterior y el control del territorio deben permanecer en manos venezolanas.

Un protectorado técnico con plazos de salida definidos y verificables puede ser viable estratégicamente. Una cesión de soberanía sin límite temporal, aplicada a un país del tamaño y la posición estratégica de Venezuela, no lo es.

El Pacto de Asociación delimita, en todo caso, el techo político que la administración Trump acepta discutir en torno a Venezuela. Trump ha bromeado con convertir al país en el estado 51, pero esa hipótesis no formaría parte de los planes reales examinados por su gobierno.

El plan continúa en discusión y no ha sido aprobado por la Casa Blanca; tampoco existe una fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente, ni qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias.

Haberman y Swan escriben que Rubio “había pensado durante algún tiempo” que la opción menos arriesgada para Washington era sustituir a Maduro por su vicepresidenta.

Para el Secretario de Estado, Rodríguez era corrupta, aunque “una persona seria”. Operaba en tándem con su hermano Jorge. Podía mantener al país unido. “Lo que no queremos es una serie de generales reclamando campos petroleros”, habría dicho a sus colaboradores. “Y segundo, la crisis migratoria. Todo eso es terrible.”

La misma noche de la captura, Rubio llamó a Delcy Rodríguez por teléfono con dos instrucciones: estabilidad y control migratorio. “Estamos dispuestos a comenzar un nuevo capítulo en nuestra relación”, habría dicho Rubio a la vicepresidenta, quien había pasado el día exigiendo una fe de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

El libro documenta el arco del senador que en 2024 nominó a María Corina Machado al Nobel de la Paz, al operador que hoy se presenta como “hard-core realist” y ejecuta la política exterior del presidente Donald Trump.

Rubio les explicaba a sus asociados que, como senador, era “un contratista independiente” para Florida; como secretario de Estado, su tarea era ejecutar la política del presidente. Según el libro, Rubio habría argumentado a Trump que Estados Unidos estaría mejor servido, a corto plazo, “reemplazando a Maduro por un apparatchik maleable”.

Todo este planteamiento estratégico ha mantenido a la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, al margen. Aunque Rubio elogia al Nobel de la Paz en público, en privado “la descartaba como sustituta de Maduro”, señalan Haberman y Swan.

A más de seis meses de la captura de Nicolás Maduro, María Corina Machado sigue exiliada, mientras articula con Washington su regreso a Venezuela y su papel en el proceso que lleva la Asamblea Nacional de 2015 para renovar los poderes públicos y crear las condiciones para realizar elecciones libres.

No es el primer intento frustrado. Desde que salió de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Machado ha manifestado en varias ocasiones su intención de regresar. En marzo, incluso anunció que volvería para preparar una “nueva victoria electoral”, pero el viaje nunca contó con el respaldo de Washington.

Desde Panamá, la líder opositora aseguró que el gobierno de Delcy Rodríguez estaba bloqueando su regreso a Venezuela, mientras que Edmundo González Urrutia defendió en su cuenta de X que “María Corina Machado, como cualquier venezolano, tiene el derecho de entrar a Venezuela” y que un país “no puede reconstruirse” si sus ciudadanos dependen “del permiso del poder para volver a casa”. Sin embargo, distintos medios estadounidenses sostienen que fue la propia Casa Blanca quien frenó el viaje.

Según Axios, un funcionario de la administración calificó la iniciativa de “oportunismo político” y “grotesca”, mientras que otro aseguró que Machado solo buscaba “una sesión de fotos repartiendo” la ayuda enviada por Estados Unidos. Pese a ello, María Corina ha reiterado que su intención es regresar para apoyar la reconstrucción del país: “Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción”, afirmó, insistiendo en que buscará volver al país.

Mientras Machado permanece fuera del país, otros dirigentes opositores han comenzado a participar en conversaciones sobre el futuro político de Venezuela. Entre ellos figura la expresidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, quien recientemente sostuvo reuniones con Jorge Rodríguez en el marco de los contactos impulsados durante la transición.

El escenario ya no es únicamente cuándo volverá María Corina Machado, sino cuál será el espacio que tendrá dentro de una transición cuyos tiempos parecen estar siendo definidos, en buena medida, desde Estados Unidos.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• La ONU informó que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha recibido US$274 millones para atender la emergencia provocada por el doble terremoto. Los recursos se destinarán a salud, alimentación, agua, saneamiento y protección de las comunidades afectadas.

• El almirante Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Caracas para coordinar con el gobierno de Delcy Rodríguez las labores de reconstrucción tras los terremotos. Ambas partes trabajan en una nueva agenda de cooperación centrada en infraestructura y en asistencia humanitaria.

• Estados Unidos reforzó su presencia humanitaria en Venezuela con el despliegue del Elemento de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea en Maiquetía y la visita de altos funcionarios del Departamento de Estado para supervisar las operaciones de asistencia.

• Las cifras oficiales del terremoto continúan aumentando. El gobierno reportó más de 3.500 fallecidos, 16.700 heridos y cerca de 87.000 familias atendidas, mientras continúan las labores de recuperación y reconstrucción en La Guaira y otros estados afectados.

• China envió 85 toneladas de ayuda humanitaria para atender la emergencia en Venezuela, mientras que Colombia, El Salvador y otros países también mantuvieron activos sus operativos de cooperación internacional.

• Gonzalo Himiob denunció que al menos 372 presos políticos continúan detenidos, señalando que el proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno antes de los terremotos quedó prácticamente paralizado.

• Las reservas internacionales descendieron a US$13.498 millones, una caída de 500 millones de dólares respecto a la semana anterior, según cifras del Banco Central de Venezuela recopiladas por Finanzas Digital.

Le estamos poniendo el ojo:

Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, pone su atención en la frontera colombo-venezolana, según reporta El País. Este miércoles inauguró en Cúcuta sus “empalmes territoriales”, con la seguridad como eje: dio un mes de plazo a grupos guerrilleros para entregarse o enfrentar “todo el peso de la ley”. Nombró ministro de Defensa al general retirado Jorge Mora, líder de su campaña en Norte de Santander, un departamento fronterizo marcado por el desplazamiento forzado y los cultivos de coca. También prometió reactivar el comercio con Venezuela, aunque la relación con Delcy Rodríguez sigue en veremos: De la Espriella insiste en que Bogotá y Caracas hablarán solo a través del Departamento de Estado.

Recomendación

La trilogía especial del podcast AJÁ, conducido por Rosi Degwitz, CEO de la marca de ropa venezolana Cuadro, ofrece un espacio de acompañamiento para quienes atraviesan el duelo tras el doble terremoto en Venezuela. En tres episodios, la conversación reúne al padre Manuel, sacerdote y psicólogo especializado en logoterapia, y a los psicólogos Stefano Mobili y Salvatore Modica, quienes abordan temas como la culpa del sobreviviente, el trauma, la fe, el manejo emocional y las herramientas para afrontar la pérdida.

Desde comienzos de junio comenzaron a circular reportes sobre importantes operaciones militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Las Claritas y el Kilómetro 88, dos de los principales enclaves mineros del estado Bolívar. Helicópteros militares sobrevolando la zona, despliegues de tropas y enfrentamientos con grupos armados fueron registrados por habitantes y medios regionales, en un lugar marcado históricamente por la presencia de organizaciones criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las operaciones ocurren pocas semanas después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión una reforma que abre la puerta a la inversión privada en sectores estratégicos, incluyendo áreas vinculadas a la explotación de recursos naturales, como también lo sugiere la nueva Ley de Minas en el país. El analista Carlos Egaña ha sugerido que las acciones militares podrían responder precisamente a esa necesidad. Antes de ofrecer oportunidades de inversión, el gobierno necesita garantizar condiciones mínimas de seguridad y gobernabilidad en las zonas consideradas estratégicas para la extracción de esos recursos.

Organizaciones como SOS Orinoco sostienen que buena parte de la expansión minera en el sur del país se desarrolló sin estudios ambientales, sin consulta a las comunidades y sin mecanismos efectivos de supervisión institucional. La consolidación de economías ilícitas en torno al oro permitió la aparición de estructuras armadas que terminaron ejerciendo funciones de control territorial en amplias zonas del estado Bolívar.

Desmantelar redes criminales es complejo. La experiencia de otros países demuestra que recuperar territorios dominados por economías ilegales exige algo no solamente presencia militar, sino también reconstrucción institucional y reglas claras.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• Una delegación canadiense visitó Caracas en medio de conversaciones sobre una posible reapertura de la embajada de Canadá en Venezuela, cerrada desde 2019 tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. La visita refleja el interés por evaluar una normalización gradual de las relaciones diplomáticas con Caracas.

• La Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión una reforma que abriría la puerta a la inversión privada en el sistema eléctrico del país. El proyecto busca atraer capital para modernizar una infraestructura afectada por más de dos décadas de apagones, fallas operativas y falta de inversión.

• Delcy Rodríguez sostuvo una reunión en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi para fortalecer la cooperación energética. India continúa ampliando sus compras de crudo venezolano y considera a Venezuela una pieza importante en su estrategia de diversificación de sus proveedores de energía.

• Las expectativas de los inversionistas sobre Venezuela continúan deteriorándose. El Índice de la Bolsa de Caracas, medido en dólares, ha perdido cerca del 33% de su valor desde febrero, lo que refleja dudas sobre la capacidad de las reformas económicas para traducirse en crecimiento sostenido y mayor estabilidad.

• Chile solicitó apoyo a Estados Unidos para facilitar el retorno de migrantes venezolanos que desean regresar a Venezuela. Autoridades chilenas advirtieron que miles de venezolanos enfrentan dificultades para renovar documentos o tramitar pasaportes desde que Caracas rompió relaciones consulares en 2024.

• La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) reporta un aumento paulatino de los vuelos internacionales desde aeropuertos en Venezuela, consolidado en junio con respecto al mes anterior, lo que muestra cómo el país recupera la conexión con el resto del mundo después de años de aislamiento parcial.

• Delcy Rodríguez se reunió con Olivier Le Peuch, director ejecutivo de Schlumberger Limited, para avanzar en una alianza estratégica enfocada en los sectores petrolero y gasífero. El encuentro incluyó la firma de un memorándum de entendimiento orientado a ampliar la cooperación energética y atraer nuevas inversiones al país.

• La consultora Ecoanalítica proyecta que la inflación venezolana cerrará 2026 en 167%, una cifra todavía elevada, pero considerablemente menor que los niveles registrados en 2025. La firma destaca que la inflación interanual ya se redujo del 612% al 525% en mayo, mientras que las expectativas para los próximos 12 meses apuntan a una desaceleración más pronunciada.

Le estamos poniendo el ojo:

Investigación de POLITICO: reveló que empresarios, acreedores de deuda venezolana e influencers conservadores financiaron una campaña de más de 500.000 dólares para intentar influir en la política de la administración Trump hacia Venezuela. La operación buscaba frenar nuevas sanciones y fortalecer a los sectores de Estados Unidos favorables a una relación más pragmática con Venezuela, en contraposición a la línea dura impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Detrás de la iniciativa se encontraban actores con intereses económicos significativos en Venezuela, incluidos inversionistas vinculados al sector energético y tenedores de deuda soberana venezolana. La estrategia incluyó campañas de relaciones públicas, artículos de opinión y la movilización de figuras influyentes en el ecosistema mediático republicano para posicionar narrativas favorables a una flexibilización de las sanciones.

Para conocer quiénes participaron, cómo operó la red y por qué fracasó, recomendamos leer nuestro reportaje “La red de lobistas e influencers que intentó frenar las sanciones contra Venezuela”.

Recomendación

Episodio “¿Fue el chavismo producto de la Guerra Fría?” del podcast Atemporal, con Andrés Acevedo y el invitado José Rodríguez Iturbe. A partir de la experiencia de quien fue congresista venezolano durante tres décadas, la conversación explora la influencia de la Guerra Fría, el papel de Cuba, la crisis del sistema político venezolano y las condiciones que hicieron posible el ascenso de Hugo Chávez. Una mirada histórica útil para entender cómo muchos de los debates que siguen marcando a Venezuela comenzaron mucho antes de 1998.

En marzo de 2025, una factura por $422.500 llegó a manos de un grupo de inversores. El destinatario era Forward Global, una firma de relaciones públicas con sede en París. Detrás del pago había una lista de intereses dispersos: una petrolera estadounidense, una refinería en Curazao, fondos de cobertura en Londres y en Suiza, y una empresa en Taiwán. El dinero financiaría una campaña para convencer a la administración Trump de suavizar su política hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Una investigación publicada por POLITICO, basada en mensajes internos, registros bancarios y calendarios personales, reconstruye cómo funcionó esa operación, quiénes la dirigieron y por qué fracasó.

La figura central de la historia es Harry Sargeant III, un empresario de 68 años radicado en Florida con décadas de inversiones en Venezuela. Sargeant construyó su fortuna en el negocio del asfalto, y Venezuela era su principal fuente de crudo amargo necesario para producirlo. A lo largo de los años cultivó relaciones directas con funcionarios en Caracas y, según POLITICO, llegó a tener suficiente cercanía con Maduro como para que el mandatario lo llamara “abuelo” en sus conversaciones privadas.

Harry Sargeant, el cerebro

Cuando Trump anunció que Marco Rubio sería su secretario de Estado, Sargeant anticipó que sus inversiones podían verse en riesgo. Desde hace décadas, Rubio era uno de los promotores más activos de una política de sanciones duras contra Venezuela. Junto con su aliado Mauricio Claver-Carone, había sido uno de los arquitectos de la estrategia de “máxima presión” durante el primer mandato de Trump. La posterior designación de Claver-Carone como enviado especial para América Latina confirmó para Sargeant que enfrentaba una amenaza directa contra sus negocios.

Durante ese primer mandato, las sanciones promovidas por esa misma línea habían paralizado las operaciones de Sargeant en Venezuela. Sin acceso a crudo venezolano, sus activos en el país quedaron inmovilizados durante años. Solo en mayo de 2024, bajo la administración Biden, Sargeant había recuperado su licencia del Tesoro para reanudar las exportaciones de petróleo y, en pocos meses, había cerrado un acuerdo con PDVSA por 570.000 barriles de asfalto. Todo eso podía desaparecer si Rubio y Claver-Carone volvían a imponer la misma política de sanciones máximas.

Sargeant identificó a Richard Grenell, el otro enviado especial de Trump para “misiones especiales”, como una posible solución a sus problemas. Grenell era más pragmático, inclinado a los acuerdos comerciales frente a la presión política. Si Grenell pudiera eclipsar a Rubio en la gestión de la política venezolana, los negocios de Sargeant estarían más seguros.

Para lograrlo, Sargeant necesitaba a alguien con acceso directo a Grenell.

Aaron Schock, el operador embelesado con oro

Aaron Schock fue uno de los políticos republicanos más prometedores de Illinois. Entró al Congreso en 2009, a los 27 años, como el primer millennial en hacerlo, y durante años fue considerado una estrella en ascenso de su partido. En 2015 renunció en medio de un escándalo de gastos, que incluía acusaciones de haber redecorado su oficina en el Capitolio inspirándose en una serie de televisión británica ambientada en el siglo XIX. Los cargos federales posteriores concluyeron en 2019 con un acuerdo que evitó el juicio.

Para Sargeant, su valor radicaba en el acceso directo a Grenell. Se había integrado a un pequeño pero activo círculo de republicanos gay en Washington, donde forjó una amistad con el enviado especial, reporta POLITICO. Por eso Sargeant lo contrató para su operación.

El excongresista recibió $100.000 de Sargeant por realizar “consultoría estratégica”, según confirmó el abogado del empresario a POLITICO. Su primera tarea fue facilitar la visita de Grenell a Caracas en enero de 2025. Viajó a Venezuela y se reunió con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del país. Fue durante ese encuentro, según su excolaborador Benjamin Papermaster, cuando Rodríguez le ofreció una concesión para la extracción de metales preciosos si lograba que Washington levantara las sanciones.

La promesa lo transformó. Según Papermaster, pasó meses obsesionado con los detalles logísticos del negocio.

Forward Global y los influencers, el músculo

La herramienta central de la operación fue Forward Global, una firma de relaciones públicas parisina que prometía acceso a figuras influyentes de la coalición conservadora estadounidense. La firma cobró $422.500 por la primera fase del trabajo, según la factura fechada el 26 de marzo de 2025.

Su estrategia tenía dos capas: una intelectual, orientada a producir artículos de opinión firmados por figuras respetables en Washington, y otra de amplificación, basada en influencers de redes sociales que distribuían esos mensajes a audiencias masivas.

La capa intelectual fue organizada principalmente por Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital Management, una firma de gestión de activos con sede en Nueva York. Humes presidía el “comité de tenedores de bonos” de Venezuela, un grupo de fondos de inversión que adquirió deuda soberana venezolana a precio de descuento tras la cesación de pagos del país en 2017. Esa deuda, hoy estimada en $150.000 a $170.000 millones en total, solo se convierte en una ganancia real si la economía venezolana se estabiliza y el país retoma el servicio de su deuda.

Por eso Humes tenía un interés directo en que Washington adoptara una postura más conciliadora con Caracas. Fue él quien creó el chat de Signal en el que se coordinaba el grupo y quien animó a otros inversores a aportar dinero a Forward Global.

Para darle credibilidad a los artículos que redactaba Forward Global, Humes incorporó a Juan González, quien había sido director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden. González, contratado por Greylock Capital para realizar análisis geopolítico, editó columnas de opinión que luego hacía firmar Forward Global a figuras prominentes de Washington.

El ejemplo más llamativo es un artículo del 24 de abril de 2025 en Fox News, firmado por el exasesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, en el que argumentaba que Estados Unidos necesitaba un acuerdo con Venezuela. Ese texto fue elaborado por Forward Global y editado por González.

También participó en la edición de esos borradores Elías Ferrer, analista español residente en Venezuela y fundador de Orinoco Research y del portal digital Guacamaya, que se presenta como un medio independiente. Ferrer aportaba un contexto local a los textos producidos en París y en Washington.

Forward Global llegó al proyecto con una lista de voces conservadoras con audiencias masivas a las que prometía acceder. Los casos mejor documentados son los de Ryan Fournier, cofundador de Students for Trump, y de Juanita Broaddrick, conocida en círculos conservadores por sus acusaciones históricas contra Bill Clinton. Ambos formaban parte del retainer de influencers de Forward Global. Cada publicación era reportada por empleados de Forward Global a un chat de WhatsApp compartido con Schock. La firma recibió $15.000 por gestionar esa red de influencers.

La figura más llamativa fue Laura Loomer, una influencer de extrema derecha con millones de seguidores. En mayo de 2025, Loomer publicó una serie de mensajes que apoyaban las posiciones de Grenell sobre Venezuela y atacaban directamente a Claver-Carone.

Un operador de Forward Global reportó al grupo: “Loomer lo está haciendo prácticamente gratis... nos está dejando guionarla ahora.” En agosto de 2025, Loomer citó un reportaje de Guacamaya sobre los vuelos de deportación entre Estados Unidos y Venezuela como una muestra de cooperación y buena voluntad por parte de Maduro.

Detrás de esa maquinaria había dinero, y parte de ese dinero provenía de Chevron. La empresa aportó $100.000 a la campaña, pero enfrentaba un problema a contrarreloj. Su licencia para operar en Venezuela vencía el 27 de mayo de 2025. Esas licencias, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC), son permisos que permiten a empresas específicas hacer negocios en Venezuela pese a las sanciones. Bajo su licencia, Chevron producía aproximadamente 200.000 barriles diarios, lo que representaba alrededor de un cuarto de la producción total del país.

Los documentos revisados por POLITICO muestran que ejecutivos de Chevron mantuvieron reuniones regulares con Schock mientras la campaña estaba activa. La licencia no se renovó. Rubio anunció su expiración antes de que venciera el plazo.

El ocaso de la operación

La campaña alimentaba una disputa dentro de la administración Trump. Rubio representaba la línea dura. Grenell representaba la línea pragmática. Sargeant apostó todo a Grenell.

No obstante, Rubio ganó. Acumuló poder. Asumió también el cargo de asesor interino de seguridad nacional, reencuadró la narrativa venezolana desde el socialismo autoritario hacia el narcotráfico y logró que la Casa Blanca respaldara una respuesta más agresiva. Mientras tanto, Grenell fue designado para supervisar el Centro Kennedy para las Artes en Washington D.C.

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación nocturna en Caracas y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York. Delcy Rodríguez, la misma funcionaria que habría prometido la mina de oro a Schock, asumió la presidencia interina de Venezuela. Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con el régimen de Rodríguez en marzo de 2026.

Sargeant perdió su licencia del Tesoro en marzo de 2025 y, hasta el momento del reportaje, no la había recuperado. Forward Global cerró el proyecto. Schock no tiene mina de oro. Papermaster, el colaborador que terminó defraudado y sin cobrar, resumió para POLITICO la experiencia de toda la operación: “La narrativa que me vendieron era engañosa. Me dijeron que esto era ‘America First’, que era por el pueblo venezolano. En realidad, era para llenar los bolsillos de Aaron Schock y Harry Sargeant.”

Basado en la investigación de Eric Bazail-Eimil y Adam Wren publicada por POLITICO el 7 de junio de 2026.