Betancourt cofundó en 2009 Derwick Associates, una empresa sin experiencia previa que obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos US$5.000 millones para construir plantas termoeléctricas durante la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez. Según Transparencia Venezuela, los contratos habrían tenido sobreprecios cercanos a US$2.900 millones y varias de las plantas no funcionaron como estaba previsto. De allí surgió el término “bolichico”, utilizado para describir a jóvenes empresarios que acumularon grandes fortunas mediante contratos públicos durante el chavismo.

Su trayectoria también ha estado marcada por investigaciones internacionales, ha sido investigado en España y Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, además de investigaciones previas en Estados Unidos relacionadas con sus socios. La Audiencia Nacional española reabrió en junio una investigación en la que se le acusa, junto con otros empresarios, de haber participado en operaciones vinculadas a US$4.850 millones de fondos de PDVSA. Betancourt ha rechazado las acusaciones y nunca ha sido formalmente acusado de un delito en Venezuela.

Hoy, su principal fuente de influencia es el sector petrolero. A través de North American Blue Energy Partners (Nabep), tendría una producción cercana a 200.000 barriles diarios, lo que la convertiría en una de las mayores productoras privadas de Venezuela.

Su regreso ocurre, además, en un momento decisivo para la industria energética. Estados Unidos busca atraer hasta US$100.000 millones en inversiones para recuperar la producción petrolera venezolana. En este contexto, él parece ocupar una posición particular ya que conoce el sector energético venezolano, mantiene vínculos empresariales internacionales y, según Mauricio Claver-Carone, funcionarios estadounidenses lo utilizaron como intermediario entre Washington y Caracas.

Un empresario cuyo ascenso estuvo ligado al modelo económico del chavismo vuelve a ganar influencia en la Venezuela que intenta reconstruirse tras Maduro.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• Las exportaciones de crudo venezolano cayeron 25% en julio, hasta 856.000 barriles diarios, su nivel más bajo en cinco meses. La caída estuvo impulsada principalmente por la reducción de las compras de India, mientras que Estados Unidos e India se mantienen como los principales destinos del petróleo venezolano. China no ha importado crudo venezolano desde la salida de Nicolás Maduro del poder.

• La cifra oficial de fallecidos por los terremotos de junio en Venezuela aumentó a más de 6.125, según informó Jorge Rodríguez. Además, unas 61.000 personas han recibido atención hospitalaria y las autoridades reportan que apenas se ha retirado el 16,5% de los escombros.

• Los envíos de crudo venezolano a Estados Unidos aumentaron a 786.000 barriles diarios, su nivel más alto desde principios de 2019. India y Europa redujeron sus compras, mientras que los cargamentos de Chevron se mantuvieron estables en torno a 293.000 barriles diarios.

• Estados Unidos reanudó los vuelos de deportación hacia Venezuela tras los terremotos de junio. El primer vuelo trasladó a 147 ciudadanos venezolanos y aterrizó en Barcelona, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. La reanudación genera críticas de organizaciones de derechos de los migrantes, que cuestionan si el país cuenta con las condiciones suficientes para recibir a los deportados.

• Activistas y legisladores estadounidenses impulsan un proyecto bipartidista para proteger a venezolanos y haitianos que perdieron el TPS. La propuesta busca otorgarles la residencia permanente y cuenta con 210 de las 218 firmas necesarias para forzar una votación en la Cámara.

• El chavismo y la oposición concluyeron su primera ronda de diálogo bajo la tutela de Estados Unidos. Las partes acordaron priorizar la atención a las víctimas de los terremotos y avanzar en una reforma del sistema de justicia, que incluya cambios al TSJ.

• Estados Unidos ha aumentado su presencia de inteligencia en Cuba como parte de una estrategia para presionar al régimen de Miguel Díaz-Canel, ante la preocupación por la capacidad de los servicios de inteligencia cubanos y mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de una operación militar.

• Venezuela e Israel acordaron restablecer los servicios consulares tras 17 años sin relaciones diplomáticas.

• Empresas de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar participarán junto a British Petroleum (BP) en el desarrollo del yacimiento de gas Loran, ubicado entre Venezuela y Trinidad y Tobago. El proyecto contempla más de 4 billones de pies cúbicos de gas y busca abastecer a las industrias de Trinidad, en una nueva señal del interés internacional por los recursos energéticos venezolanos.

• El régimen anunció la excarcelación de 131 presos políticos, dos días después del cierre de la primera ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición bajo mediación de Estados Unidos. Foro Penal confirmó inicialmente 64 liberaciones y pidió esperar la verificación del resto.

• El régimen y la oposición venezolana acordaron reclamar conjuntamente las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos US$4.000 millones, para destinarlas a la reconstrucción tras los terremotos de junio.

Le estamos poniendo el ojo:

El chavismo parece haber abandonado a Nicolás Maduro. Según el Financial Times, durante las cinco sesiones de negociación entre el régimen de Delcy Rodríguez y la oposición, el oficialismo no planteó la liberación de Maduro ni de Cilia Flores. El giro contrasta con la posición que mantuvo tras su captura en enero, cuando Delcy calificó el operativo de “vil agresión” y el chavismo prometió luchar por su liberación. Ahora, Maduro casi ha desaparecido del discurso oficial. Carteles que exigían su regreso han sido retirados y varios murales han sido borrados. Mientras tanto, Delcy ha reemplazado altos mandos militares y Diosdado Cabello ha estrechado sus contactos con Washington.

Recomendación

Spider-Man: Un nuevo día (Brand New Day) marca una nueva etapa para Peter Parker, cuatro años después de Sin regreso a casa. Esta vez encontramos a un Spider-Man más adulto y solitario, dedicado por completo a proteger Nueva York en un mundo que ha olvidado quién es.

Bajo este diseño, la oposición estará representada por la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, mientras que Jorge Rodríguez encabezará la delegación del régimen. Se espera que la fuerza de la realidad tras el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro se convierta en garantía de que este diálogo sea, finalmente, un acercamiento a la transición política en el país.

La expectativa se centraba en el 1 de agosto, cuando las partes iniciarían el proceso de diálogo. Sin embargo, ese día se desvaneció la expectativa de los venezolanos debido a la persistente opacidad del proceso. Jorge Rodríguez, en horas de la tarde, informó que mantuvo conversaciones con Figuera, en las que se acordó la composición de las delegaciones de trabajo y se fijó un cronograma sin mayor detalle.

La delegación oficialista estará conformada por 6 miembros: Jorge Rodríguez, Ana María Sanjuán, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvett y Pedro Infante. Por su parte, la delegación opositora está integrada por una comisión técnico-política de 6 miembros: Dinorah Figuera, Marco Aureliano, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, y por una comisión de apoyo de 4 miembros: Macario González, Desirée Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz, todos ellos diputados de la AN-2015. Los diputados opositores habrían llegado a Venezuela el jueves para un primer encuentro presencial.

De acuerdo con los comunicados de ambas partes, la agenda de estos días se limita a la atención a las víctimas del doble terremoto, al fortalecimiento de la democracia y a la garantía y la promoción de los derechos políticos. La AN-2015 cuenta con el privilegio de haber protegido hasta ahora los activos de la República en el exterior, a los cuales el régimen de Delcy Rodríguez pretende echar mano, usando la atención posterremoto como excusa.

Esta etapa de diálogo debería concluir en unos seis meses mediante un trabajo transversal y mesas de trabajo para ofrecer resultados parciales a corto, mediano y largo plazo. Las partes coinciden en, al menos, construir acuerdos mínimos de gobernabilidad que permitan destrabar el nudo institucional que impide avanzar hacia la recuperación de Venezuela.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• María Corina Machado aseguró que no participa en las conversaciones promovidas por Estados Unidos entre la oposición y el chavismo. No obstante, afirmó que respaldará cualquier iniciativa que contribuya a la liberación de presos políticos, al retorno de los exiliados y a la construcción de un futuro calendario electoral.

• Diosdado Cabello afirmó que la prioridad del oficialismo será exigir el levantamiento de las sanciones internacionales durante las negociaciones con la oposición.

• Los ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe no habrían reducido el flujo de cocaína a los Estados Unidos, de acuerdo con una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Defensa.

• El presidente Donald Trump afirmó que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones, aunque destacó los avances logrados bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Estados Unidos sostiene que acompañará el proceso cuando haya condiciones para una elección libre.

• Más de 15 fondos de inversión se incorporaron al Comité de Acreedores de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, con el objetivo de prepararse para una eventual reestructuración de la deuda externa. El grupo busca representar hasta la mitad de los cerca de US$60.000 millones en bonos internacionales en circulación, en medio de las expectativas de un acercamiento entre Caracas y Washington.

• La firma de cabildeo estadounidense Ballard Partners anunció la apertura de una oficina en Caracas, en medio del creciente interés de inversionistas internacionales por Venezuela. La compañía representa a clientes con inversiones en el sector energético y busca facilitar nuevas operaciones tras la flexibilización del entorno político y económico.

• Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron un 25% en julio hasta 856.000 barriles diarios, su nivel más bajo en cinco meses. La reducción respondió principalmente a una menor demanda de India, mientras que Estados Unidos e India se mantuvieron como los principales compradores del crudo venezolano y China continuó sin reanudar sus importaciones.

• Las negociaciones entre el gobierno venezolano y grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron avanzan más lentamente de lo previsto. Aunque Estados Unidos impulsa una mayor inversión en el sector energético, las conversaciones para acceder a los principales yacimientos del país enfrentan obstáculos y aún no se han concretado acuerdos relevantes.

• Chile y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones consulares tras dos años de ruptura.

• Abelardo de la Espriella delega a Estados Unidos su estrategia frente a Venezuela. El presidente electo de Colombia define cómo relacionarse con Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo la tutela de Donald Trump.

• Naciones Unidas coordinará la elaboración del plan de reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, junto con el gobierno de Delcy Rodríguez, el Banco Mundial, el BID y la CAF. La hoja de ruta, prevista para finales de septiembre, buscará orientar la recuperación de la infraestructura, de los servicios esenciales y de los medios de vida de más de 1,3 millones de personas afectadas.

Le estamos poniendo el ojo:

La esperanza entre los venezolanos cayó de 31,7% en junio a 16,9% en julio, mientras que la frustración aumentó de 14% a 23,1% y la preocupación alcanzó 33,4%, lo que refleja un cambio de expectativas tras la emergencia, según la encuesta más reciente de More Consulting.

La gestión de Delcy Rodríguez fue una de las más afectadas. Según More Consulting, el 81,1% de los encuestados considera que la respuesta del gobierno fue tardía, incluso entre una parte importante de quienes se identifican como chavistas. Estos resultados coinciden con la más reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, que registra una imagen negativa de Rodríguez de 71% y una positiva de apenas 19%, consolidando el desgaste de su liderazgo tras la emergencia.

En contraste, María Corina Machado mantiene una posición sólida en ambas mediciones. Mientras More Consulting mostraba una ventaja de más de 30 puntos en intención de voto, Atlas Intel la ubicaba con una imagen positiva del 72% y negativa del 14%. En un eventual escenario electoral, 57,4% de los venezolanos votaría por Machado, frente al 17,7% que respaldaría a Rodríguez y el 9% a Lorenzo Mendoza.

Atlas Intel señala que las principales preocupaciones de los venezolanos ya no son económicas, sino institucionales. La reconstrucción democrática, la confianza en las instituciones y el futuro político del país aparecen hoy por encima de los problemas económicos tradicionales, lo que sugiere que, incluso en medio de la reconstrucción tras los terremotos, la demanda de una salida política sigue ocupando el centro de las preocupaciones ciudadanas.

Recomendación

La segunda parte de Cien años de soledad acaba de estrenarse en Netflix. Gabriel García Márquez rechazó durante décadas la posibilidad de llevar la novela al cine. Su principal reparo era que la imagen fija los rostros, lugares y situaciones que cada lector puede imaginar por sí mismo. “La imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria”, explicó en 1991.

Gabo, sin embargo, llegó a contemplar otro formato. En 1987 dijo que veía Cien años de soledad “más como un serial de televisión, en diez años, sin adaptación”. La serie de Netflix se acerca, curiosamente, a esa intuición: una narración extensa, rodada en Colombia y en español, que intenta conservar buena parte del mundo de la novela.

Quizás esa sea también la mejor manera de verla. El Macondo de Netflix es una interpretación entre las innumerables versiones que los lectores han construido durante casi sesenta años. La serie ofrece una traducción visual cuidadosa del universo de García Márquez, sin agotar las posibilidades que aún persisten en el libro.

Mientras más se habla del dinero que hará falta para levantar las ciudades destruidas por los terremotos, más necesario resulta preguntarse por qué un país que administró la mayor renta petrolera de su historia llegó a esta tragedia sin ahorros públicos suficientes, sin infraestructura resiliente, con hospitales colapsados, organismos de emergencia debilitados y buena parte de sus capacidades técnicas dispersas fuera del territorio nacional.

La discusión pública se ha centrado casi exclusivamente en el costo de la reconstrucción. El Banco Mundial estima que los daños físicos directos rondan los US$19.600 millones, mientras que distintas evaluaciones elevan el costo total de la recuperación hasta cerca de US$50.000 millones al incorporar infraestructura resiliente, la modernización de los servicios públicos y la reducción del riesgo frente a futuros desastres. Son cifras extraordinarias para cualquier economía latinoamericana y gigantescas para un país que todavía intenta recuperarse de la contracción económica más profunda registrada en la historia moderna de la región.

Durante más de dos décadas, el país dispuso de recursos suficientes para modernizar hospitales, reforzar puentes, ampliar puertos, renovar el sistema eléctrico, construir viviendas de calidad e invertir sostenidamente en infraestructura crítica. Sin embargo, cuando ocurrió el mayor desastre natural de las últimas décadas, el aparato público respondió con una evidente incapacidad para coordinar una respuesta acorde con la magnitud de la catástrofe.

La reconstrucción, por tanto, no consiste únicamente en reemplazar edificios dañados. Exige reconstruir la capacidad del Estado para planificar, contratar, supervisar y ejecutar obras públicas sin que los recursos vuelvan a perderse en las mismas redes de corrupción, improvisación y opacidad que caracterizaron buena parte de la administración pública durante el chavismo.

La literatura especializada sobre gestión del riesgo insiste en que los fenómenos naturales producen daños, pero que las instituciones determinan la magnitud de los desastres. Dos países pueden enfrentar terremotos de intensidad similar y obtener resultados completamente distintos dependiendo de la calidad de su infraestructura, de la capacidad de respuesta de sus organismos públicos y del funcionamiento de sus sistemas de planificación.

Venezuela enfrentó el doble terremoto con una vulnerabilidad acumulada durante más de un cuarto de siglo. Distintos organismos internacionales advertían sobre el deterioro sostenido de hospitales, escuelas, redes eléctricas y sistemas de agua potable. Investigaciones de Armando.info documentaban graves irregularidades en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mientras que Transparencia Venezuela registraba centenares de obras públicas inconclusas financiadas con recursos del Estado.Ese contexto explica por qué la discusión sobre la reconstrucción no puede limitarse al origen del dinero. La pregunta de fondo es otra: ¿qué garantías existen para impedir que los recursos destinados a reconstruir Venezuela recorran el mismo camino que siguió buena parte de los recursos públicos durante los últimos veintisiete años? Esa pregunta ya no es únicamente venezolana.

La información publicada recientemente por Bloomberg indica que la administración Trump estudia utilizar parte de los activos venezolanos congelados en el extranjero para financiar la reconstrucción mediante un esquema de auditorías independientes, mecanismos de trazabilidad y desembolsos condicionados al cumplimiento verificable de proyectos específicos. Más allá de las dificultades jurídicas que todavía enfrenta esa propuesta, el mensaje es claro: antes de discutir el volumen de los recursos, la comunidad internacional quiere discutir las reglas bajo las cuales esos recursos serán administrados. Y tiene razones para hacerlo.

El costo de destruir las instituciones

Durante más de dos décadas, el Estado venezolano administró una riqueza extraordinaria sin que esa bonanza se tradujera en instituciones más sólidas, infraestructura más segura o servicios públicos de mejor calidad. Ocurrió exactamente lo contrario.

Mientras aumentaban los ingresos petroleros, disminuían los mecanismos de control sobre dichos recursos. El presupuesto perdió centralidad como instrumento de planificación, los organismos encargados de fiscalizar el gasto fueron perdiendo autonomía y una parte creciente del dinero público comenzó a administrarse mediante fondos paralelos, procedimientos excepcionales y decisiones cada vez más discrecionales. Ese cambio transformó la naturaleza del Estado venezolano.

La administración pública dejó de responder principalmente a reglas impersonales y pasó a depender progresivamente de la voluntad de quienes concentraban el poder. Los controles institucionales fueron sustituidos por la lealtad política; la contratación pública perdió transparencia; la rendición de cuentas se convirtió en una excepción y la información oficial desapareció gradualmente del escrutinio ciudadano. El resultado fue un Estado que manejaba enormes cantidades de dinero mientras perdía la capacidad de convertir esa riqueza en bienes públicos duraderos.

El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) resume buena parte de ese proceso. Creado en 2005 para financiar proyectos estratégicos de inversión, terminó administrando alrededor de US$174.000 millones con niveles de supervisión pública muy inferiores a los que cabría esperar para un fondo de esa magnitud. Aquello fue la expresión de un modelo de gestión que privilegió la discrecionalidad por encima de la institucionalidad.

A ello se sumaron los miles de millones de dólares comprometidos en obras inconclusas documentadas por Transparencia Venezuela, las tramas de corrupción alrededor de PDVSA investigadas en varias jurisdicciones, el sistema de control cambiario que facilitó uno de los mayores mecanismos de extracción de rentas de la historia económica venezolana y una larga lista de proyectos cuya ejecución nunca guardó relación con los recursos comprometidos. Cada hospital inconcluso, cada puente abandonado y cada planta industrial paralizada representan instituciones que dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas.De acuerdo con el Financial Times, el esquema petrolero implementado bajo supervisión estadounidense habría generado más de US$13.000 millones para Venezuela durante 2026. Paralelamente, The New Yorker citó a un alto funcionario de la administración estadounidense, según el cual Washington “autorizó el uso de más de US$6.000 millones por parte del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez para distintas áreas de gestión pública”. Este mismo año el Estado venezolano ha tenido acceso a recursos extraordinarios. Sin embargo, la información pública sobre su ejecución sigue siendo insuficiente.

¿Cuánto de ese dinero se ha desembolsado efectivamente? ¿En qué proyectos concretos? ¿Qué organismos los ejecutan? ¿Quién audita esos recursos? ¿Dónde pueden consultarse los contratos, los avances físicos de las obras o las evaluaciones independientes sobre su impacto?

La ausencia de información tiene consecuencias políticas mucho más profundas de lo que parece. Porque si todavía resulta difícil reconstruir el recorrido de miles de millones de dólares administrados durante este mismo año, ¿sobre qué base podría pedirse confianza para gestionar una reconstrucción que probablemente exigirá varias veces esa cantidad?

Ese es, probablemente, el verdadero significado de la información publicada por Bloomberg. La discusión sobre auditorías independientes, trazabilidad financiera y desembolsos condicionados no responde únicamente a una decisión de política exterior estadounidense. Responde a una constatación mucho más amplia: la reconstrucción de Venezuela exigirá mecanismos extraordinarios de transparencia, porque la experiencia ordinaria de la administración pública venezolana destruyó la confianza que hacía extraordinarios a dichos mecanismos.

La transición también es una política de reconstrucción

La reconstrucción exigirá credibilidad. Y la credibilidad se construye con información pública, licitaciones abiertas, auditorías independientes, trazabilidad financiera, tribunales capaces de sancionar irregularidades y organismos de control que respondan a la ley antes que al poder político. Exactamente los elementos que el chavismo fue desmontando sistemáticamente durante casi tres décadas.

Por eso la transición democrática pasa a convertirse en una condición práctica para reconstruir el país. Ningún programa serio de recuperación podrá sostenerse durante años si quienes deben financiarlo dudan de la capacidad del Estado para administrar honestamente esos recursos.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo otra. Miles de venezolanos necesitan atención médica, alimentos, refugio, agua potable y servicios básicos. La ayuda humanitaria no admite demoras. Pero la ayuda inmediata y la reconstrucción pertenecen a planos distintos. La primera busca aliviar el sufrimiento de las víctimas. La segunda exige transformar las condiciones que hicieron posible una tragedia de semejante magnitud.

Después de todo, ningún país se reconstruye únicamente con concreto. Los edificios pueden reconstruirse relativamente rápido cuando hay recursos. Mucho más difícil es reconstruir la confianza, las instituciones y la capacidad del Estado para administrar el patrimonio público con honestidad y eficacia. Y mientras ese modelo de poder permanezca intacto, la reconstrucción seguirá enfrentando un sistema cleptocrático que convirtió al Estado en un mecanismo de extracción de rentas antes que en un instrumento para producir bienes públicos.

Venezuela se levantará cuando vuelva a existir una república en la que el poder esté limitado por la ley, el dinero público sea auditable y las instituciones sirvan a los ciudadanos y no a quienes gobiernan. Solo entonces la ayuda humanitaria de hoy podrá convertirse en la reconstrucción de mañana y los miles de millones destinados a recuperar el país dejarán de representar un riesgo de saqueo para convertirse, por fin, en una oportunidad de renacimiento.

Paola Bautista de Alemán es periodista venezolana, doctora en ciencia política por la Universidad de Rostock y Hewlett Visiting Fellow for Public Policy en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Dirige el Instituto de Estudios Políticos FORMA y preside la Fundación Juan Germán Roscio.

En esta conversación con Politiks, analiza el nuevo proceso de diálogo, el papel de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y de Estados Unidos, los resultados que podrían otorgarle legitimidad al mecanismo y los riesgos para la oposición y la transición.

Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad.

Los venezolanos aún están descubriendo las implicaciones de este proceso. ¿Cuál es tu balance de la situación a día de hoy?

Yo creo que estamos ante una oportunidad democrática para el país, en la que se está abriendo la puerta que después del 28 de julio no se pudo abrir, porque después del 28 de julio los venezolanos nos enfrentamos al muro inmovilista de la dictadura, que fue violencia, represión, muerte, cárcel y tortura. Fueron dieciocho meses duros, desde el 28 de julio hasta el 3 de enero.

Se abrió un proceso de tutelaje con los Estados Unidos que se vio profundizado después de los dos terremotos del 24 de junio, que lo que evidenciaron, entre otras cosas y con muchísimo dolor humano, es que el Estado venezolano está completamente destruido y reducido a sus capacidades represivas.

Y esta es una iniciativa promovida con Estados Unidos como garante para concretar lo que Estados Unidos ha llamado la tercera fase hacia el cambio político, que es la transición. De modo que, si me preguntas, es un momento de esperanza, porque todo momento de oportunidad es de esperanza y, por supuesto, no está exento de riesgos ni de grandes desafíos.

La Asamblea Nacional de 2015 fue elegida hace más de diez años y el chavismo no le permitió legislar. Muchos venezolanos se preguntan qué ha hecho en este tiempo y por qué se ha depositado esa confianza en este órgano. ¿Cómo se explica?

La Asamblea 2015 lo que ha hecho es resistir, resistir desde el día 1. En el 2015, la oposición venezolana ganó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional y no dejó juramentar a los diputados que hacían valer esa composición de la Cámara. A partir de ahí, lo que siguió fue una relación de profunda tensión que terminó con diputados presos, con muchísima represión, con muertos y con exilio. Gran parte de los diputados de la Asamblea 2015 tuvo que salir del país para resguardar su integridad física.

¿Y qué ha hecho la Asamblea 2015? Resguardar los activos de la República. En ese proceso de resguardo creó unos vínculos muy importantes de confianza con el gobierno de los Estados Unidos, que ha encontrado en esta institución un género de negociación con anclaje institucional que busca abrir puertas a la democracia.

Tiene déficit de representación, sí; sería torpe o irreal negarlo. Pero también es verdad que, en los procesos de transición hacia la democracia, los órganos legislativos encargados de generar las condiciones para avanzar en la democracia no siempre cuentan con toda la representación necesaria. En España, quienes proclamaron la ley de reforma política fueron las Cortes franquistas. En Chile, la Constitución que habilitó la transición fue la de 1980, de Augusto Pinochet.

De modo que el tema de la representación es un tema muy difícil y, sobre todo en nuestra cultura política, es algo muy complejo porque existe un liderazgo que todos apoyamos y que es muy fuerte, que es el liderazgo de María Corina Machado.

Hasta ahora solo se han reportado seis integrantes de la delegación opositora, todos diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia. ¿Cómo se llegó a esta conformación?

Antes de emitir mi opinión, creo que es muy importante comentar algunos asuntos sobre la Asamblea Nacional y los procesos de negociación. Estos procesos de negociación tienden a ser rígidos y disciplinados, en los que las vocerías están muy bien establecidas. En este caso tengo entendido que la vocería la tiene la presidenta de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, no tengo información sobre la conformación de la delegación opositora.

Lo que sí puedo decir, porque ya lo ha dicho en distintas entrevistas, es que la conformación de la delegación y el diseño del mecanismo vinieron directamente del Departamento de Estado y que, por eso, es una iniciativa que sale de quienes son nuestros principales aliados en la democracia.

Una propuesta que venga de manos de ellos, que por supuesto tiene los déficits de los que hemos hablado y quizás incluso tenga más déficits de los que hemos hablado, pero que tiene la garantía de ir acompañada de uno de los principales motores del cambio político, creo que es un muy buen signo de posible éxito para esta iniciativa de la que estamos hablando el día de hoy.

¿Qué papel desempeña este diálogo en la transición política?

El documento que publicó el Departamento de Estado no habla de negociación, sino que habla de diálogo y presumo, no tengo información, pero presumo, que es el término que ha sido acordado entre las partes.

Ya usó la fuerza y no quiere volver a usarla. Estados Unidos es una realidad política, social, económica y militar en suelo venezolano.

Lo principal es el apoyo, el respaldo y la garantía de los Estados Unidos.

Por lo que ha dicho el Departamento de Estado y por lo que ha manifestado Dinorah Figuera en sus declaraciones, el objetivo fundamental de esto es devolverles el voto a los venezolanos. Yo lo que quiero es levantarme un domingo muy temprano, tomarme una taza de café, ponerme unos zapatos de goma, ir a votar, volver a mi casa, pasar el día con mis hijos, que todos mis hijos estén en Venezuela y que todos estemos en Venezuela, y que media hora después de cerrar las mesas tengamos los resultados y María Corina Machado sea presidente de nuestro país. Eso es lo que quiero que salga de la mesa de diálogo entre el gobierno interino y la oposición venezolana.

El chavismo ha utilizado negociaciones previas para ganar tiempo y ha incumplido los acuerdos. ¿Por qué este proceso sería diferente? ¿Cómo influye el liderazgo de María Corina Machado?

La diferencia que tenemos ahora es que el motor del cambio político es la fuerza o la amenaza de usarla, y que esa fuerza acompaña el proceso. No es poca cosa que el Departamento de Estado emita un comunicado que anuncia el proceso.

El liderazgo personal es muy importante. La forma en que ella articula la sociedad. También por el timing y la coincidencia de variables. En la negociación de Barbados todavía no había pasado la primaria. De hecho, la primaria ocurre justo mientras ocurren Barbados y el liderazgo de María Corina no estaba tan asentado a nivel nacional e internacional como lo está ahora.

La sociedad venezolana está unida en su deseo de democracia. Por supuesto que hay distintas maneras de ver la realidad y por eso somos demócratas. Nosotros somos civiles y por supuesto que hay diferentes opiniones, aproximaciones, perspectivas. Pero el pueblo venezolano está unido en su deseo de democracia.

La tarea no está hecha. Tenemos que estar muy vigilantes y por eso a mí me pareció extraordinario el comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cuando plantean una cierta función contralora ciudadana frente al proceso. Todo ciudadano que quiera seguir el proceso de cerca, obtener información y revisarlo es absolutamente bienvenido. Ese es el rescate de la cultura democrática que Venezuela necesita.

¿Qué deben observar los venezolanos para evaluar si el proceso está teniendo éxito? ¿Cuáles deberían ser las prioridades específicas?

Los resultados. Este tipo de instancias cobra lo que se denomina legitimidad de ejercicio. Esta instancia funcionará. La democracia será un éxito si nos permite ir a votar, si nos permite rescatar nuestras instituciones, si permite que se desmantele el aparato de represión.

Tenemos que estar atentos, como ciudadanos, a su desempeño. Objetivo planteado, objetivo cumplido. Promesa alzada, promesa cumplida. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir: que esta instancia vaya ganando legitimidad en el ejercicio en dos sentidos, en objetivos cumplidos y en inclusión. Inclusión de abrirse a la sociedad porque vienen cambios profundos.

Creo que en Venezuela, al hablar de transición, nos quedamos cortos. Venezuela necesita una transformación. El Estado venezolano está absolutamente destruido. El Estado venezolano durante 27 años desmanteló sus capacidades asistenciales, su razón de ser, monopolio de la violencia, control territorial, capacidades asistenciales. El Estado venezolano quedó reducido a la coerción, a la represión, a la muerte, a la tortura, al desastre, a hacer añicos la vida de la gente. De modo que para recuperar la democracia tenemos que recuperar el Estado, recuperar el control territorial, recuperar el monopolio de la violencia, recuperar las capacidades asistenciales. Y creo que este proceso de diálogo, de encuentro, de negociación y de generación de consensos debe apuntar a esa verdadera transformación de nuestro país, que sea estable, duradera en el tiempo.

Una prioridad específica es el cambio del Consejo Nacional Electoral y de las reformas electorales que permitan que el voto valga, así como acuerdos políticos que posibiliten la alternabilidad pacífica del poder.

El sistema electoral venezolano, un sistema electrónico, nos permitió validar el triunfo electoral mediante los códigos QR que emitían las actas de votación. De modo que en el caso venezolano, el problema, más que el sistema, fue la voluntad política. La prioridad es que existan los cambios nominales necesarios para que el Consejo Nacional Electoral responda a la Constitución Nacional y a la voluntad de la gente, y un acuerdo político firme de que, cuando se pierde la elección, usted deja el poder.

El problema no fue que el sistema no funcionara. El problema fue que Amoroso era un malandro que llegó a dar una rueda de prensa con una servilleta en la que escribió unos números que ni siquiera cuadraban. Entonces necesitamos cambiar al malandro. Es decir, que en el Consejo Nacional Electoral existan personas que respeten la Constitución, respeten la voluntad de la gente y que quienes están en el poder, al perder la elección, lo entreguen sin show, que lo entreguen de una manera democrática, constitucional y pacífica. Es una cosa muy, muy sencilla, pero, como los venezolanos lo sabemos, es tan sencillo como difícil de ejecutar cuando no existe voluntad política.

¿Cuáles son tus principales preocupaciones? ¿Cómo puede fracasar este proceso?

Lo primero que te tengo que decir es que soy existencialmente optimista. Rara vez vas a conversar conmigo y me vas a encontrar de mal ánimo. Yo jamás voy a dejar que el chavismo imprima en mi alma y en mi corazón desesperanza o desánimo al ver el futuro. Si ellos logran eso, triunfan y conmigo no van a triunfar en ese particular.

Lo primero que me preocupa es que nosotros, como oposición, podamos fortalecer el compromiso de los Estados Unidos con el proceso. Que a pocos días todavía no tengamos el nombre completo de quiénes son los miembros de la delegación y que haya un amplio margen de especulación significan que las cosas se están manejando con muchísima delicadeza, con muchísima reserva, con muchísimo profesionalismo, con muchísimo cuidado, de modo que podamos ser actores confiables para todos los que están sentados sobre la mesa.

Eso es un asunto que me preocupa y que, aunque me preocupa, también me ocupa. Esa preocupación no se traduce en inmovilismo, sino en preguntas sobre cómo hacernos cada día más confiables como actores políticos.

Lo segundo que me preocupa es la capacidad de resiliencia política que tendrá la oposición en estos momentos. Creo que el chavismo seguirá siendo una fuerza política en nuestro país. El chavismo, tras este proceso, seguirá compitiendo en las elecciones. El chavismo tiene dinero porque ha robado durante 27 años. Hay una nueva élite económica que muy probablemente apoyará ese proyecto político. Son audaces y sagaces. Eso lo sabemos.

La oposición tiene que permanecer unida tanto en el proyecto de país como en el ámbito electoral, porque nuestra gran misión no es solamente llegar a una elección, sino que, cuando llegue esa elección, vayamos todos unidos a ella. Lo que no nos podemos permitir es que el chavismo nunca más gane una elección en nuestro país. Que el chavismo compita, que le echen pichón, que se lancen, que gasten plata, que hagan lo que quieran, pero que nunca más el pueblo venezolano los haga mayoría ni ellos lleguen al poder. Y eso sí depende de nosotros, porque mal haríamos si esta negociación llega a buen puerto, se convocan unas elecciones justas, libres y transparentes y vamos divididos. Eso sí me preocupa.

La otra cosa que me preocupa es que el chavismo se vuelva loco, lo cual también puede ocurrir. Esa es la tercera cosa que me preocupa. Hace tres o cuatro días vimos a Iris Varela rechazar con firmeza el proceso de diálogo. Vimos a Mario Silva diciendo que no podía hablar sobre Delcy Rodríguez porque se lo llevaban preso, y yo pensaba: ‘Bienvenido al club’. Luego vimos a otra gente que mandó banderas de Estados Unidos e Israel. Entonces, bueno, el chavismo tampoco es que lo tenga fácil. Y creo que ese es el mejor signo de que estamos en transición, que nadie lo tiene fácil.

Maduro perdió no solo en las urbanizaciones del este de Caracas o del norte de Maracaibo, sino también en caseríos, barriadas, bases de misiones y casas comunales, donde históricamente se concentra el voto duro del chavismo.

Un análisis de una muestra de 450 mesas ubicadas en consejos comunales, bases de misiones, dependencias de la Fuerza Armada y ministerios, las bases chavistas se lanzaron decididamente a apoyar al candidato Edmundo González Urrutia. Estás 450 mesas acumulan 151.487 votos: 57,31% para Edmundo González y 41,78% para Maduro.

En la Casa Comunal Tacaguay Celina Quintero, en Sucre, renombrada como Base de Misiones “Los Ojitos de Chávez”, Edmundo González ganó 109 a 70. En “Sueños y Pensamientos de Chávez”, 103 a 94. En “La Mirada de Hugo Chávez”, 123 a 121. En “13 de abril”, 141 a 113.

En 116 mesas de Bases de Misiones, el bastión más duro del control social chavista, donde la participación llegó a 79,81%, casi veinte puntos por encima del promedio nacional, Maduro ganó por apenas un punto y medio: 50,20% contra 48,79%. Ganó, pero por el margen más estrecho de cualquier categoría analizada, a pesar de operar con amenazas directas de cortar bolsas de comida, ayudas económicas y empleos a quien no votara por el oficialismo.

En los Consejos Comunales, la maquinaria de coerción no alcanzó ni para eso: González ganó 57% a 42%. En oficinas de ministerios, entre ellas una sede del Ministerio del Trabajo en Caracas y otra del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Lara, González arrasó con 73,45%.

En Institutos Socialistas, 72,46% contra 26,83%. Y en la Escuela Técnica Robinsoniana Manuel Palacios Fajardo, el centro donde votaba Hugo Chávez y donde el oficialismo obtuvo el 65% de los votos en 2006, González obtuvo el 61%.

Incluso en los pocos centros militares con actas disponibles, dieciséis mesas ubicadas en guarniciones y dependencias de la Fuerza Armada, González ganó 52,8% a 46,7%. En las sedes de la UNEFA, del 64,4% al 34,76%.

La represión y la coerción social no lograron contener lo incontenible: el hastío de los venezolanos contra un régimen corrupto. Dos años después, Maduro está fuera del poder y Venezuela vive una transición tutelada por los Estados Unidos. Que hasta los “ojitos de Chávez” hayan votado por la oposición es evidencia de que nuestro país ha cambiado inexorablemente.

Las cifras oficiales superan los 5.300 fallecidos, mientras decenas de miles de personas continúan desplazadas y amplias zonas de La Guaira permanecen en proceso de recuperación. Naciones Unidas estima que más de 1,3 millones de personas requieren asistencia humanitaria urgente y calcula que los daños materiales podrían superar los 37.000 millones de dólares.

Pero el terremoto también dejó al descubierto problemas que ya existían mucho antes de la emergencia.

Uno de ellos fue la vulnerabilidad de la infraestructura construida durante el chavismo. El colapso parcial de las urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela reabrió el debate sobre la calidad de las obras ejecutadas durante los años de bonanza petrolera. Ingenieros y antiguos funcionarios han señalado que muchos proyectos fueron levantados con escasa supervisión técnica, mientras que organizaciones independientes cuestionan la falta de auditorías y de transparencia en esos desarrollos.

La emergencia también puso a prueba la capacidad del régimen encabezado por Delcy Rodríguez. Durante las primeras horas, la lentitud de la respuesta generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, conforme avanzaron las semanas, Caracas comenzó a coordinar una amplia operación internacional que movilizó ayuda proveniente de Estados Unidos, las Naciones Unidas, China, Colombia, El Salvador y decenas de equipos de rescate extranjeros. Esa cooperación refleja otra de las transformaciones que deja la tragedia; hace apenas unos meses resultaba impensable que fuerzas estadounidenses, organismos multilaterales y el gobierno venezolano trabajaran simultáneamente en el país. La reconstrucción ha acelerado un nuevo esquema de relaciones internacionales en el que el pragmatismo parece imponerse a la confrontación ideológica.

Al mismo tiempo, la emergencia empieza a redefinir las prioridades económicas del país. La necesidad de financiar la reconstrucción coincide con la apertura a la inversión privada en sectores estratégicos como la energía, el petróleo y la minería. Empresas internacionales han retomado las conversaciones para invertir en Venezuela, mientras que organismos financieros exploran mecanismos para canalizar recursos destinados a la recuperación de la infraestructura.

Finalmente, pero no menos importante, la reconstrucción también está reconfigurando el tablero político. La administración Trump discute fórmulas de acompañamiento internacional para la transición y la recuperación del país, mientras la Asamblea Nacional electa en 2015 “que sobrevivió durante años como el único poder reconocido por buena parte de la comunidad internacional”, según César Báez en Politiks, vuelve al centro de la escena. A partir del 1 de agosto, una comisión de diputados iniciará conversaciones con el chavismo para negociar la reconstrucción institucional del país, comenzando por un nuevo Consejo Nacional Electoral. La emergencia humanitaria ha acelerado debates que parecían lejanos: quién liderará la reconstrucción, bajo qué reglas se organizará la transición y cómo se devolverá la legitimidad a las instituciones venezolanas.

Sin embargo, el desafío más complejo apenas comienza. La reconstrucción no consiste únicamente en levantar edificios. Implica recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer los sistemas de prevención de desastres y responder a las miles de familias que han perdido sus viviendas, sus empleos y sus redes de apoyo.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• ING Groep, uno de los principales bancos de financiamiento para el comercio internacional de materias primas, informó que está evaluando respaldar operaciones vinculadas a recursos naturales en Venezuela ante el creciente interés de sus clientes. Aunque la entidad aún no financia negocios en el país, el aumento de solicitudes refleja cómo grandes comercializadoras internacionales exploran oportunidades.

• Los médicos que brindaban atención en la comunidad de Catia La Mar alertaron sobre un aumento de enfermedades crónicas desatendidas y de casos de diarrea en las zonas afectadas por los terremotos. Ante el deterioro de las condiciones sanitarias, la ONU solicitó cerca de 300 millones de dólares para asistir a 1,3 millones de personas en situación de emergencia.

• La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que los terremotos podrían desencadenar una nueva ola migratoria desde Venezuela, a medida que miles de personas busquen refugio tras el desastre. El organismo estima que cerca de 6,8 millones de personas resultaron afectadas y alerta sobre la necesidad de acelerar la respuesta humanitaria para evitar un mayor desplazamiento hacia países vecinos.

• El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó que el país será un aliado estratégico de Estados Unidos frente a Venezuela durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El nuevo gobierno colombiano buscará una política exterior basada en el pragmatismo y su la relación con Washington será clave para abordar la transición política y la estabilidad regional.

• El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña para limitar la capacidad de actuación de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que esta representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. La estrategia contempla presiones diplomáticas para que otros países se retiren del Estatuto de Roma, además de posibles sanciones y restricciones de visado contra funcionarios de la Corte.

• La inflación mensual en Venezuela se aceleró hasta 13,8% en junio, más del doble del 6,3% registrado en mayo, según el Banco Central de Venezuela.

• Delcy Rodríguez designó a Félix Plasencia como nuevo canciller de Venezuela, en sustitución de Yván Gil, y fusionó las áreas de relaciones exteriores y comercio en un solo ministerio.

• El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó al empresario Jorge Jaller Jaramillo, abogado con amplia trayectoria en el sector privado en el Grupo Éxito, una de las empresas más grandes de Colombia, como próximo embajador en Venezuela.

• La firma estadounidense Lionheart Capital negocia una inversión de 400 millones de dólares para adquirir una participación en el campo petrolero PetroUrdaneta. De concretarse, sería una de las primeras grandes inversiones privadas en el sector petrolero venezolano desde el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

• El Ministerio de Salud venezolano confirmó la muerte de tres personas por hantavirus en el estado Anzoátegui. Las autoridades señalaron que se trata de casos focalizados y aseguraron que, hasta el momento, no existe evidencia de un riesgo de propagación comunitaria.

• Cashea anunció la captación de 100 millones de dólares en dos rondas de financiamiento lideradas por inversionistas internacionales. La fintech, que supera los 10 millones de usuarios y cuenta con una red de 40.000 comercios afiliados, busca acelerar su expansión y consolidarse como uno de los principales actores del ecosistema financiero digital venezolano.

• The New York Times publicó un reportaje que sostiene que el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha convertido en la figura con mayor influencia en la transición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro. Según el diario, Rubio concentra las decisiones sobre las finanzas, los recursos energéticos y la política exterior del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Le estamos poniendo el ojo:

La administración Trump y funcionarios venezolanos evalúan mecanismos para desbloquear miles de millones de dólares en activos venezolanos congelados en el extranjero y destinarlos a la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. Según Bloomberg, las conversaciones buscan financiar la recuperación sin que Estados Unidos tenga que ampliar significativamente los US$386 millones ya comprometidos para la ayuda humanitaria.

Entre los recursos que podrían entrar en discusión figuran los fondos retenidos en el Fondo Monetario Internacional, las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra y otros activos bloqueados en el exterior.

Recomendación

A Regime That Failed to Respond Cannot Rebuild Venezuela, una lectura clave para entender el panorama completo a un mes de la tragedia de La Guaira. El nuevo informe del Miranda Center for Democracy analiza cómo las fallas institucionales agravaron el impacto del doble terremoto y los desafíos que enfrenta la reconstrucción de Venezuela en la actualidad.

Este artículo es la segunda parte de la serie “Lo que Japón puede enseñarle a Venezuela”. La primera parte se puede leer en el Substack de Jesús Armas haciendo clic aquí.

El 30 de agosto de 1945, el cielo amaneció despejado en Okinawa. Las condiciones climáticas eran favorables para un vuelo hacia Atsugi. La tripulación estadounidense abordaba la aeronave Bataan II a eso de las 9:00 a.m. Apenas despegó el avión, empezaron a escucharse órdenes con un claro acento militar. A bordo iba el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas y encargado por el presidente estadounidense Harry Truman de liderar la ocupación y la transformación de Japón. Una de las órdenes de MacArthur era simbólica y arriesgada: dejar las pistolas dentro del avión. A pesar de que hacía unas semanas se habían detonado las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, así como de la rendición del emperador Hirohito, el espíritu de lucha de muchos japoneses seguía intacto y, por tanto, el riesgo era alto.

Aterrizar desarmado fue un acto que el propio Churchill calificaría después como el más asombroso de toda la guerra. A las 2:05 p.m., el Bataan II aterrizó en el aeródromo. MacArthur salió del avión con sus lentes de sol y encendió su pipa. Bajó por la escalera demostrando una confianza absoluta, pese al riesgo real de morir en ese mismo instante, y tras estrechar la mano del general Robert Eichelberger, dijo: “Bob, ha sido un largo camino desde Melbourne hasta Tokio, pero como dicen en las películas, esta es la recompensa.” Llegaría ahí para gobernar el destino de Japón durante los próximos cinco años.

Japón bajo la autoridad de MacArthur

A diferencia del caso de la ocupación alemana, donde Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia tenían zonas de ocupación propias, en Japón el resto de los aliados (Reino Unido, la Unión Soviética y la República de China) apenas tenía un rol asesor dentro de un “Consejo Aliado” sin poder real de decisión. Las decisiones las tenía MacArthur. El plan estaba dividido en tres fases. El esfuerzo inicial consistía en castigar y reformar al país; el segundo, en reactivar la economía japonesa; y la fase final, en la construcción de un acuerdo de paz y de una alianza.

La primera fase arrancó con el castigo: se celebraron juicios por los crímenes de guerra cometidos por soldados japoneses y, paralelamente, se desmanteló su ejército. Eso incluía prohibir que los miembros del ejército formaran parte del nuevo gobierno. La nueva Constitución de Japón fue redactada casi letra por letra por oficiales estadounidenses. La nueva Constitución trajo, además, un sistema parlamentario bicameral inspirado parcialmente en el modelo británico, la separación de poderes, un poder judicial independiente y el sufragio universal para todos los adultos, incluyendo, por primera vez, el derecho al voto de las mujeres.

La segunda fase se trabajó en paralelo. Uno de los temas clave fue una reforma de la propiedad, que incluyó una reforma agraria para restar poder a los señores feudales de Japón y a los grandes conglomerados de negocios, los llamados zaibatsu, como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y Yasuda, que dominaban la economía japonesa previa a la guerra y habían respaldado la expansión militar del país. Todo el esfuerzo en términos económicos se centraba en una reforma tributaria, en una política de control de la inflación y en la construcción de una cadena de suministro para garantizar la disponibilidad de materiales para la manufactura. El fin último era la construcción de una economía capitalista de libre mercado.

La geopolítica contribuyó a consolidar la tercera fase. La amenaza del comunismo y la confrontación con la Unión Soviética, ayudaron a que convertir a Japón en un aliado sólido fuese una prioridad. El acuerdo incluyó que los Estados Unidos conservaran sus bases militares en Japón, en el marco de un acuerdo de defensa mutuo.

Después de esa profunda y compleja transformación, Japón consolidó su soberanía y concilió, pese a las tensiones, la nueva influencia de la cultura occidental con sus tradiciones. Hoy, al caminar por las calles de Tokio, se siente la influencia occidental en la vestimenta o en la música, aunque hay aspectos de su comportamiento, tradiciones, religión o arquitectura que nadie puede confundir: es Japón. Las transformaciones se dieron con tensiones y con una participación importante de líderes, burócratas y técnicos japoneses, quienes luego tomarían las riendas del país y serían los responsables finales de su desarrollo.

El nuevo orden del poder en Venezuela

El pasado 23 de mayo, por segunda vez en el año, los caraqueños vieron sobrevolar aeronaves militares estadounidenses. Se trataba de dos MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines. Aterrizaron en la sede de la embajada de Estados Unidos en el sureste de Caracas. A bordo de una de ellas viajaba el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, en su segunda visita oficial al país.

En Venezuela no hubo bombas nucleares ni una guerra contra Estados Unidos, pero, sin duda, el 3 de enero marcó un hito que sacudiría la historia del país. Durante años, el chavismo combatió verbal y políticamente a los Estados Unidos; su discurso antiimperialista fue el eje central de toda su narrativa. Apenas unos meses antes, en septiembre de 2025, Diosdado Cabello lanzaba frases rimbombantes evocando a Vietnam o amenazaba con “100 años de guerra”. Vladimir Padrino López, por su parte, había advertido que Washington pretendía “nuevamente devolver a los ciudadanos contribuyentes y jóvenes de la sociedad norteamericana, en sacos, en bolsas negras y en urnas, a sus hogares”. Nada de eso pasó.

El 6 de julio, en plena emergencia por los terremotos, el propio Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre por quien Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su vinculación con el narcotráfico, se reunió personalmente en Caracas con el general Donovan, junto a Delcy Rodríguez y a funcionarios estadounidenses. El nuevo orden de poder se había consolidado. Desde el 3 de enero, la élite de la dictadura se ha doblegado y sonríe ante el poderío de los Estados Unidos. Aunque pretenden colaborar, en el fondo siguen siendo los mismos actores.

De la misma forma que ocurrió en Japón, Estados Unidos tiene un plan de tres fases para Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha enunciado estas tres fases: la primera, estabilización; la segunda, recuperación, que incluye un proceso de reconciliación nacional; y la tercera, transición política.

Estabilizar sin conservar la represión

Aunque millones de venezolanos hubiesen deseado que la primera fase incluyera, tal como en Japón, juicios que permitieran castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico, Estados Unidos decidió priorizar evitar que Venezuela cayera en el caos y mantener su influencia en el país a través de autoridades interinas. Esta decisión ha sido controversial, pero se entiende tras experiencias como la de Afganistán, donde resultó importante preservar lo que quedaba de Estado y de orden para poder construir lo que viene. Esta fase ha sido fundamental para la excarcelación de los presos políticos en Venezuela, entre ellos yo mismo

La fase de recuperación económica, al igual que la de Japón, está encontrando grandes obstáculos. El estado actual de la infraestructura venezolana le pone un techo muy bajo a la capacidad de expansión económica: no hay posibilidad de aumentar la capacidad industrial, especialmente la petrolera, sin electricidad; no es posible ser atractivos para inversiones extranjeras sin agua ni gas. De la misma forma, los derechos de propiedad en el país siguen siendo débiles mientras los mismos que expropiaron y persiguieron a los empresarios nacionales y extranjeros permanezcan en el poder.

Así como Japón tuvo que romper el poder económico de los zaibatsu y de los señores feudales para abrir paso a una economía de mercado, Venezuela tiene que romper el poder económico de quienes se beneficiaron de la expropiación y del control estatal. El país requiere una serie de reformas: hay que seguir ajustando la legislación energética y desmontar leyes absurdas, como las que justificaban controles de precios y de cambio, así como la asignación discrecional de los recursos del país. El país necesita una reforma tributaria, pero, sobre todo, poner un acento importante en la política monetaria: la inflación debe controlarse.

El fin debe ser una economía capitalista de libre mercado que permita el desarrollo de los venezolanos y ubique al país como aliado comercial de Estados Unidos y de Occidente, alejándolo de la órbita autoritaria de Irán, China o Rusia. Así se hizo en Japón.

No puede dejarse de lado la amenaza de una transición bajo las reglas del régimen. Sin transparencia, una nueva oligarquía podría encontrar acomodo en un sistema de crony capitalism, o capitalismo de amigos, en el que el éxito económico depende de las conexiones con el poder y del acceso privilegiado a contratos, licencias y recursos públicos. También podría consolidarse un oligarchic capitalism, dominado por un reducido grupo de actores económicos. Ambos sistemas frenan el desarrollo y dificultan la democratización de Venezuela.

La transición depende de las instituciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el inicio de una negociación, formalizada mediante una mesa técnica y política paritaria entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez, orientada a impulsar reformas institucionales como la renovación del Consejo Nacional Electoral y la reconfiguración del Tribunal Supremo de Justicia. Estados Unidos ha dicho que seguirá el proceso de cerca, pero lo cierto es que tendrá una participación activa para que esto termine definitivamente en un calendario electoral y en la consolidación de instituciones que auxilien la construcción de una democracia en Venezuela.

Es difícil prever el desenlace de una reforma política desde esta etapa tan temprana. Hay ejemplos de éxito, como Japón, y de fracaso, como Afganistán. Sin embargo, hay herramientas claras que pueden ayudar a que todo el esfuerzo de Estados Unidos y de los venezolanos llegue a buen puerto.

Venezuela puede ayudar a garantizar la seguridad en Occidente, a ser el hub energético de la región, a ser el principal aliado de los Estados Unidos en Sudamérica. Pero también puede crear las condiciones para que florezcan la democracia liberal, la economía de mercado y el desarrollo humano. Son caminos que se unen. Pero no pueden dejar de lado la confianza que hoy se deposita en María Corina Machado, la líder de las fuerzas democráticas. María Corina comparte con Estados Unidos la visión democratizadora en favor de las libertades económicas.

Fueron años de reformas en Japón. Son procesos que exigen paciencia y estrategia para lidiar con las distintas fuerzas durante la transición. Es lógico sentir ansiedad y desesperanza, especialmente después de todo lo vivido.

Al igual que MacArthur tuvo que navegar con el emperador de Japón, Donovan o Rubio tiene que lidiar con Delcy Rodríguez. Con claras diferencias: Delcy no es una figura divina arraigada en el sentimiento o la cultura de la nación, y Venezuela no la necesitará en el futuro; hoy es útil para el proceso, pero es desechable, lo cual no significa que no pueda sobrevivir al proceso político.

En Japón, las élites reformistas, su burocracia y sus técnicos llevaron a cabo buena parte de esa transformación. Venezuela hará lo propio. Las distintas iniciativas que han surgido de la sociedad civil, así como su articulación con las organizaciones internacionales y la diáspora, constituyen un gran primer paso. Venezuela recuperará su capacidad de agencia propia, aprenderá de Japón y de otros, trabajará con Estados Unidos, pero, sobre todo, hará lo necesario para recuperar la democracia.

Fuentes consultadas:

• Office of the Historian (U.S. Department of State): Occupation and Reconstruction of Japan, 1945–52. Office of the Historian

• The American Spectator: MacArthur Lands at Atsugi Airfield: August 30, 1945. spectator.org

• Hudson Institute: The Road to Yokohama

• Warfare History Network: The Japanese Surrender at Tokyo Bay.

En la víspera de la instalación de la Asamblea Nacional con la mayoría opositora más grande de la era chavista, una docena de diputados electos se tomó una selfie. Todos sonreían. “Qué ilusos éramos”, dice a Politiks uno de los presentes en esa foto. “Pensábamos que ya lo habíamos logrado. Y ahí apenas empezó.”

Diez años y medio después, esa misma Asamblea, electa el 6 de diciembre de 2015 con 112 de 167 curules de la oposición, vuelve al centro de la política venezolana. El próximo 1 de agosto, una comisión de doce de sus diputados iniciará una agenda de trabajo con el parlamento que controla el chavismo, presidido por Jorge Rodríguez, para negociar la reconstrucción institucional del país, empezando por un nuevo Consejo Nacional Electoral. La mesa cuenta con el aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que designó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea, para encabezar las conversaciones.

Que ese cuerpo todavía exista sorprende incluso a muchos venezolanos. La mayoría le perdió el rastro después de 2020, cuando el chavismo tomó el Palacio Federal Legislativo tras una elección parlamentaria que buena parte de la comunidad democrática desconoció. Pero la Asamblea Nacional de 2015 (AN-2015) nunca se disolvió. Se dedicó a proteger los activos de la República en el exterior y sobrevivir como institución. “Era mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla”, dice una fuente parlamentaria.

El andamiaje jurídico

La supervivencia de la Asamblea descansa en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, aprobado en 2019 y reformado varias veces desde entonces. El Estatuto se fundamenta en el artículo 333 de la Constitución, que obliga a todo ciudadano a colaborar en el restablecimiento de la carta magna cuando deja de observarse. Sobre esa base, la Asamblea declaró ilegítimas las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020 y estableció su continuidad.

La reforma más reciente, aprobada tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024, garantiza la continuidad constitucional del Poder Legislativo a través de la AN-2015, que funciona mediante su Comisión Delegada “hasta el 31 de diciembre de 2026 o mientras se produzca el restablecimiento de la democracia y se convoquen legítimas elecciones parlamentarias dentro de este mismo año 2026”.

La Comisión Delegada es el corazón operativo del mecanismo. La integran 18 miembros: los presidentes de las 15 comisiones permanentes y los tres miembros de la Junta Directiva, que este año quedó conformada por Figuera en la presidencia, Marco Aurelio Quiñones como primer vicepresidente y Richard Blanco como segundo vicepresidente. El Estatuto le asigna a la Delegada funciones que van desde aprobar el presupuesto de la Asamblea hasta ejercer el control constitucional y tramitar la cooperación financiera internacional.

Sesionar sin ser vistos

En la práctica, la Asamblea funcionó durante años bajo un principio que otra fuente parlamentaria resume en “cuidar las formas”. Cada extensión de la continuidad se aprobó en plenaria. Cada acuerdo parlamentario sobre el desconocimiento de las convocatorias electorales del chavismo (las regionales, las parlamentarias de 2020 y 2025 y el proceso presidencial) fue entregado formalmente a organismos multilaterales, embajadas y gobiernos aliados. “Eso permitía dar un sustento jurídico a lo que estaban haciendo”, explica una fuente con conocimiento de la política exterior. El desconocimiento de la AN-2015, como órgano internacionalmente reconocido y legítimo, se convirtió en un fundamento jurídico y político para la toma de decisiones en materia de política exterior.

El costo de esa disciplina fue elevado. La Asamblea llegó a tener siete parlamentarios presos y seis han fallecido en estos años. El régimen allanó ilegalmente la inmunidad parlamentaria de muchos diputados, como paso previo a secuestrarlos. Cuando la persecución arreció en 2024, el cuerpo aprobó una normativa para celebrar sesiones secretas. Y en las plenarias del año pasado, con varios diputados detenidos y la mayoría de los que permanecen en Venezuela obligados a mantener un perfil bajo, el secretario asignó a cada diputado un seudónimo para conectarse a la sesión, y fue él, facultado por el reglamento para verificar el quórum, quien validó la asistencia. Así se aprobó la continuidad y, en enero, pudo instalarse la nueva Comisión Delegada.

Hoy, la Asamblea cuenta con 154 diputados, entre principales y suplentes. El quórum reglamentario es de 84 y, según la fuente, las plenarias siempre han superado los 100 principales. Las suplencias operan de forma automática, sin trámite: cuando un principal falta, renuncia o cae preso, el suplente asume.

La composición ha cambiado con los años. Los diputados chavistas se retiraron y, en 2020, se sumó la fractura de los llamados “alacranes”. La Asamblea adoptó entonces un criterio para desincorporar a quienes se postulaban a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen.

Hoy Primero Justicia mantiene la bancada más numerosa, seguida por Acción Democrática y Voluntad Popular. La mayoría de los diputados de Un Nuevo Tiempo rompió con la línea de su partido, que participó en la elección de 2025, y conformó una fracción propia llamada Democracia Parlamentaria. La fracción 16 de Julio, vinculada a María Corina Machado, creció con incorporaciones provenientes de otros partidos.

El dinero que no tocaron

El argumento central que la Asamblea esgrime para justificar su década de resistencia es de carácter patrimonial. Su existencia como órgano legislativo reconocido bloqueó el acceso del régimen a los fondos del Fondo Monetario Internacional y a los mecanismos multilaterales de crédito, lo que frenó el crecimiento de la deuda pública en los últimos años.

El caso más visible es el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, objeto de un litigio que la Asamblea mantiene desde hace años. “La gente decía: ‘¿Cómo es eso de que ustedes [la Asamblea] están pagando 4 millones de dólares a abogados?’”, dijo una fuente consultada. “[El valor del oro] era de 2.200 millones de dólares y hoy es de 4.300 millones. Dime si valió la pena invertir 4 millones para que [el chavismo no] lo desapareciera.”

Las decisiones de la Asamblea tuvieron efectos prácticos para los venezolanos comunes. La extensión de la vigencia de los pasaportes vencidos, aprobada en plenaria, permitió que Estados Unidos y otros países siguieran reconociéndolos.

El Legislativo que Washington reconoce

La caída de Nicolás Maduro en enero reordenó el tablero. Delcy Rodríguez emergió como presidenta encargada y Washington optó por tratar con ese Ejecutivo sin retirar su reconocimiento a la AN-2015. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio compareció ante el Senado en enero, reafirmó ese reconocimiento y habló de buscar fórmulas creativas para avanzar en la transición, según recuerda una fuente parlamentaria. “Todo el mundo entró en crisis cuando [Estados Unidos] reconoció al Ejecutivo”, dijo. “Pero reconocieron al Ejecutivo. Nosotros seguimos siendo el Legislativo que ellos [Estados Unidos] reconocen.”

Ese diseño, sin embargo, no fue una construcción autónoma de la Asamblea. Según una fuente con conocimiento directo de las gestiones, fue Washington quien planteó desde el inicio un esquema de tres fases (estabilización, recuperación y transición) y buscó, para la fase de transición, un instrumento institucional estable para su ejecución.

La AN-2015 negoció condiciones dentro del esquema estadounidense. A mediados de abril, envió una carta al Departamento de Estado en la que pedía que el mecanismo contara con el acompañamiento y la garantía directos de Estados Unidos en la mesa. “Esto no es una negociación Oposición-Delcy Rodríguez”, dijo la fuente. “Es una negociación Oposición-Estados Unidos-Delcy Rodríguez.”

Ese estatus es el que la Asamblea lleva ahora a la mesa. 12 diputados integrarán, en principio, el mecanismo de negociación: seis en un rol principal y seis en un rol de soporte técnico y operativo que aún se define. Los primeros seis serían Dinorah Figuera (PJ), Marco Aurelio Quiñones (VP), Juan Miguel Matheus (PJ), Ramón López (PJ), Jorge Millán (PJ) y Sergio Vergara (VP), según Efecto Cocuyo. El objetivo declarado es contar con un árbitro electoral creíble, garantías de participación política y resultados visibles para diciembre de 2026.

Varias fuentes consultadas concuerdan en que el proceso genera tensiones dentro de la propia oposición y que la desconfianza acumulada pesa. Por eso, dice una de ellas, la Asamblea ha planteado un mecanismo de doble validación. Todo lo acordado con el régimen deberá aprobarse también en las plenarias de la AN-2015 y el régimen debería comprometerse a hacer lo mismo, sin debate, en la Asamblea controlada por ellos. “Si mañana a esto se le da una vuelta y nos vuelven a poner la pata encima, nosotros podemos decir: nunca te reconocimos plenamente. Siempre validamos con nuestro mecanismo.”

Hay una ironía en el calendario. El mismo Estatuto que mantuvo viva a la Asamblea le fijó fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2026, o antes si se convocan elecciones parlamentarias legítimas. El Parlamento que sobrevivió una década escondiéndose tiene ahora poco más de cinco meses, a partir del 1 de agosto, para negociar las condiciones de su propio reemplazo. Los diputados de aquella selfie de 2016 creían haber logrado las condiciones para una transición. Los que se mantienen a día de hoy asumen un mandato para conseguirlas finalmente.

Respecto a Venezuela, Washington discute el envío de unas 3.000 personas y una inversión inicial de cerca de 3.000 millones de dólares. La mayor parte del contingente sería civil y de ingeniería. Una parte importante procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañada por especialistas en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones y energía.

Este contingente participaría en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los terremotos, además de coordinar la ayuda humanitaria fuera del control de las instituciones aún controladas por el chavismo.

Una fuente consultada por ABC compara el modelo que estudia Washington con los pactos de libre asociación que Estados Unidos mantiene con las Islas Marshall, Palaos y Micronesia, varios archipiélagos ubicados en el Pacífico, entre Australia y Hawái.

A cambio de asistencia económica, acceso a programas federales de salud y educación, y derecho de sus ciudadanos a residir y trabajar en Estados Unidos sin visa, estos Estados cedieron a Washington el control militar exclusivo sobre sus territorios y sus aguas, incluido el atolón de Kwajalein, sede de un polígono de pruebas de misiles balísticos con derechos vigentes hasta 2066.

Esa cesión de defensa es viable para archipiélagos con 200.000 habitantes combinados, sin fuerzas armadas propias de peso, sin fronteras terrestres que proteger.

No obstante, sería inconveniente para Venezuela adoptar este tipo de esquema. Tiene 30 millones de habitantes, 916.000 kilómetros cuadrados de territorio, fronteras terrestres con Colombia, Brasil y Guyana, salida al Caribe y las mayores reservas de petróleo del planeta.

A esa diferencia de escala se suman dos frentes activos que exigirán contar con capacidad militar propia. Uno es la frontera con Colombia, de más de 2.200 kilómetros, con presencia de disidencias de las FARC y del ELN en la zona binacional.

El otro es la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, un diferendo de 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela mantiene activo ante la Corte Internacional de Justicia y que involucra, además, los intereses petroleros de ExxonMobil en aguas en disputa. Delegar la conducción de la defensa nacional en un tercero, mientras esos dos frentes permanecen abiertos, dejaría a Venezuela sin capacidad de coerción militar en escenarios clave.

Para que un esquema inspirado en el modelo de Pacto de Libre Asociación (COFA por sus siglas en inglés) resulte sostenible en el caso venezolano, tendría que apartarse del original en su punto más sensible: la soberanía.

Washington podría aportar capacidad técnica, financiamiento y respaldo político durante la reconstrucción y la transición, pero la conducción de la defensa nacional, la política exterior y el control del territorio deben permanecer en manos venezolanas.

Un protectorado técnico con plazos de salida definidos y verificables puede ser viable estratégicamente. Una cesión de soberanía sin límite temporal, aplicada a un país del tamaño y la posición estratégica de Venezuela, no lo es.

El Pacto de Asociación delimita, en todo caso, el techo político que la administración Trump acepta discutir en torno a Venezuela. Trump ha bromeado con convertir al país en el estado 51, pero esa hipótesis no formaría parte de los planes reales examinados por su gobierno.

El plan continúa en discusión y no ha sido aprobado por la Casa Blanca; tampoco existe una fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente, ni qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias.

Haberman y Swan escriben que Rubio “había pensado durante algún tiempo” que la opción menos arriesgada para Washington era sustituir a Maduro por su vicepresidenta.

Para el Secretario de Estado, Rodríguez era corrupta, aunque “una persona seria”. Operaba en tándem con su hermano Jorge. Podía mantener al país unido. “Lo que no queremos es una serie de generales reclamando campos petroleros”, habría dicho a sus colaboradores. “Y segundo, la crisis migratoria. Todo eso es terrible.”

La misma noche de la captura, Rubio llamó a Delcy Rodríguez por teléfono con dos instrucciones: estabilidad y control migratorio. “Estamos dispuestos a comenzar un nuevo capítulo en nuestra relación”, habría dicho Rubio a la vicepresidenta, quien había pasado el día exigiendo una fe de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

El libro documenta el arco del senador que en 2024 nominó a María Corina Machado al Nobel de la Paz, al operador que hoy se presenta como “hard-core realist” y ejecuta la política exterior del presidente Donald Trump.

Rubio les explicaba a sus asociados que, como senador, era “un contratista independiente” para Florida; como secretario de Estado, su tarea era ejecutar la política del presidente. Según el libro, Rubio habría argumentado a Trump que Estados Unidos estaría mejor servido, a corto plazo, “reemplazando a Maduro por un apparatchik maleable”.

Todo este planteamiento estratégico ha mantenido a la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, al margen. Aunque Rubio elogia al Nobel de la Paz en público, en privado “la descartaba como sustituta de Maduro”, señalan Haberman y Swan.

A más de seis meses de la captura de Nicolás Maduro, María Corina Machado sigue exiliada, mientras articula con Washington su regreso a Venezuela y su papel en el proceso que lleva la Asamblea Nacional de 2015 para renovar los poderes públicos y crear las condiciones para realizar elecciones libres.

No es el primer intento frustrado. Desde que salió de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Machado ha manifestado en varias ocasiones su intención de regresar. En marzo, incluso anunció que volvería para preparar una “nueva victoria electoral”, pero el viaje nunca contó con el respaldo de Washington.

Desde Panamá, la líder opositora aseguró que el gobierno de Delcy Rodríguez estaba bloqueando su regreso a Venezuela, mientras que Edmundo González Urrutia defendió en su cuenta de X que “María Corina Machado, como cualquier venezolano, tiene el derecho de entrar a Venezuela” y que un país “no puede reconstruirse” si sus ciudadanos dependen “del permiso del poder para volver a casa”. Sin embargo, distintos medios estadounidenses sostienen que fue la propia Casa Blanca quien frenó el viaje.

Según Axios, un funcionario de la administración calificó la iniciativa de “oportunismo político” y “grotesca”, mientras que otro aseguró que Machado solo buscaba “una sesión de fotos repartiendo” la ayuda enviada por Estados Unidos. Pese a ello, María Corina ha reiterado que su intención es regresar para apoyar la reconstrucción del país: “Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción”, afirmó, insistiendo en que buscará volver al país.

Mientras Machado permanece fuera del país, otros dirigentes opositores han comenzado a participar en conversaciones sobre el futuro político de Venezuela. Entre ellos figura la expresidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, quien recientemente sostuvo reuniones con Jorge Rodríguez en el marco de los contactos impulsados durante la transición.

El escenario ya no es únicamente cuándo volverá María Corina Machado, sino cuál será el espacio que tendrá dentro de una transición cuyos tiempos parecen estar siendo definidos, en buena medida, desde Estados Unidos.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• La ONU informó que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha recibido US$274 millones para atender la emergencia provocada por el doble terremoto. Los recursos se destinarán a salud, alimentación, agua, saneamiento y protección de las comunidades afectadas.

• El almirante Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Caracas para coordinar con el gobierno de Delcy Rodríguez las labores de reconstrucción tras los terremotos. Ambas partes trabajan en una nueva agenda de cooperación centrada en infraestructura y en asistencia humanitaria.

• Estados Unidos reforzó su presencia humanitaria en Venezuela con el despliegue del Elemento de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea en Maiquetía y la visita de altos funcionarios del Departamento de Estado para supervisar las operaciones de asistencia.

• Las cifras oficiales del terremoto continúan aumentando. El gobierno reportó más de 3.500 fallecidos, 16.700 heridos y cerca de 87.000 familias atendidas, mientras continúan las labores de recuperación y reconstrucción en La Guaira y otros estados afectados.

• China envió 85 toneladas de ayuda humanitaria para atender la emergencia en Venezuela, mientras que Colombia, El Salvador y otros países también mantuvieron activos sus operativos de cooperación internacional.

• Gonzalo Himiob denunció que al menos 372 presos políticos continúan detenidos, señalando que el proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno antes de los terremotos quedó prácticamente paralizado.

• Las reservas internacionales descendieron a US$13.498 millones, una caída de 500 millones de dólares respecto a la semana anterior, según cifras del Banco Central de Venezuela recopiladas por Finanzas Digital.

Le estamos poniendo el ojo:

Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, pone su atención en la frontera colombo-venezolana, según reporta El País. Este miércoles inauguró en Cúcuta sus “empalmes territoriales”, con la seguridad como eje: dio un mes de plazo a grupos guerrilleros para entregarse o enfrentar “todo el peso de la ley”. Nombró ministro de Defensa al general retirado Jorge Mora, líder de su campaña en Norte de Santander, un departamento fronterizo marcado por el desplazamiento forzado y los cultivos de coca. También prometió reactivar el comercio con Venezuela, aunque la relación con Delcy Rodríguez sigue en veremos: De la Espriella insiste en que Bogotá y Caracas hablarán solo a través del Departamento de Estado.

Recomendación

La trilogía especial del podcast AJÁ, conducido por Rosi Degwitz, CEO de la marca de ropa venezolana Cuadro, ofrece un espacio de acompañamiento para quienes atraviesan el duelo tras el doble terremoto en Venezuela. En tres episodios, la conversación reúne al padre Manuel, sacerdote y psicólogo especializado en logoterapia, y a los psicólogos Stefano Mobili y Salvatore Modica, quienes abordan temas como la culpa del sobreviviente, el trauma, la fe, el manejo emocional y las herramientas para afrontar la pérdida.

Desde comienzos de junio comenzaron a circular reportes sobre importantes operaciones militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Las Claritas y el Kilómetro 88, dos de los principales enclaves mineros del estado Bolívar. Helicópteros militares sobrevolando la zona, despliegues de tropas y enfrentamientos con grupos armados fueron registrados por habitantes y medios regionales, en un lugar marcado históricamente por la presencia de organizaciones criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las operaciones ocurren pocas semanas después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión una reforma que abre la puerta a la inversión privada en sectores estratégicos, incluyendo áreas vinculadas a la explotación de recursos naturales, como también lo sugiere la nueva Ley de Minas en el país. El analista Carlos Egaña ha sugerido que las acciones militares podrían responder precisamente a esa necesidad. Antes de ofrecer oportunidades de inversión, el gobierno necesita garantizar condiciones mínimas de seguridad y gobernabilidad en las zonas consideradas estratégicas para la extracción de esos recursos.

Organizaciones como SOS Orinoco sostienen que buena parte de la expansión minera en el sur del país se desarrolló sin estudios ambientales, sin consulta a las comunidades y sin mecanismos efectivos de supervisión institucional. La consolidación de economías ilícitas en torno al oro permitió la aparición de estructuras armadas que terminaron ejerciendo funciones de control territorial en amplias zonas del estado Bolívar.

Desmantelar redes criminales es complejo. La experiencia de otros países demuestra que recuperar territorios dominados por economías ilegales exige algo no solamente presencia militar, sino también reconstrucción institucional y reglas claras.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• Una delegación canadiense visitó Caracas en medio de conversaciones sobre una posible reapertura de la embajada de Canadá en Venezuela, cerrada desde 2019 tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. La visita refleja el interés por evaluar una normalización gradual de las relaciones diplomáticas con Caracas.

• La Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión una reforma que abriría la puerta a la inversión privada en el sistema eléctrico del país. El proyecto busca atraer capital para modernizar una infraestructura afectada por más de dos décadas de apagones, fallas operativas y falta de inversión.

• Delcy Rodríguez sostuvo una reunión en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi para fortalecer la cooperación energética. India continúa ampliando sus compras de crudo venezolano y considera a Venezuela una pieza importante en su estrategia de diversificación de sus proveedores de energía.

• Las expectativas de los inversionistas sobre Venezuela continúan deteriorándose. El Índice de la Bolsa de Caracas, medido en dólares, ha perdido cerca del 33% de su valor desde febrero, lo que refleja dudas sobre la capacidad de las reformas económicas para traducirse en crecimiento sostenido y mayor estabilidad.

• Chile solicitó apoyo a Estados Unidos para facilitar el retorno de migrantes venezolanos que desean regresar a Venezuela. Autoridades chilenas advirtieron que miles de venezolanos enfrentan dificultades para renovar documentos o tramitar pasaportes desde que Caracas rompió relaciones consulares en 2024.

• La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) reporta un aumento paulatino de los vuelos internacionales desde aeropuertos en Venezuela, consolidado en junio con respecto al mes anterior, lo que muestra cómo el país recupera la conexión con el resto del mundo después de años de aislamiento parcial.

• Delcy Rodríguez se reunió con Olivier Le Peuch, director ejecutivo de Schlumberger Limited, para avanzar en una alianza estratégica enfocada en los sectores petrolero y gasífero. El encuentro incluyó la firma de un memorándum de entendimiento orientado a ampliar la cooperación energética y atraer nuevas inversiones al país.

• La consultora Ecoanalítica proyecta que la inflación venezolana cerrará 2026 en 167%, una cifra todavía elevada, pero considerablemente menor que los niveles registrados en 2025. La firma destaca que la inflación interanual ya se redujo del 612% al 525% en mayo, mientras que las expectativas para los próximos 12 meses apuntan a una desaceleración más pronunciada.

Le estamos poniendo el ojo:

Investigación de POLITICO: reveló que empresarios, acreedores de deuda venezolana e influencers conservadores financiaron una campaña de más de 500.000 dólares para intentar influir en la política de la administración Trump hacia Venezuela. La operación buscaba frenar nuevas sanciones y fortalecer a los sectores de Estados Unidos favorables a una relación más pragmática con Venezuela, en contraposición a la línea dura impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Detrás de la iniciativa se encontraban actores con intereses económicos significativos en Venezuela, incluidos inversionistas vinculados al sector energético y tenedores de deuda soberana venezolana. La estrategia incluyó campañas de relaciones públicas, artículos de opinión y la movilización de figuras influyentes en el ecosistema mediático republicano para posicionar narrativas favorables a una flexibilización de las sanciones.

Para conocer quiénes participaron, cómo operó la red y por qué fracasó, recomendamos leer nuestro reportaje “La red de lobistas e influencers que intentó frenar las sanciones contra Venezuela”.

Recomendación

Episodio “¿Fue el chavismo producto de la Guerra Fría?” del podcast Atemporal, con Andrés Acevedo y el invitado José Rodríguez Iturbe. A partir de la experiencia de quien fue congresista venezolano durante tres décadas, la conversación explora la influencia de la Guerra Fría, el papel de Cuba, la crisis del sistema político venezolano y las condiciones que hicieron posible el ascenso de Hugo Chávez. Una mirada histórica útil para entender cómo muchos de los debates que siguen marcando a Venezuela comenzaron mucho antes de 1998.

En marzo de 2025, una factura por $422.500 llegó a manos de un grupo de inversores. El destinatario era Forward Global, una firma de relaciones públicas con sede en París. Detrás del pago había una lista de intereses dispersos: una petrolera estadounidense, una refinería en Curazao, fondos de cobertura en Londres y en Suiza, y una empresa en Taiwán. El dinero financiaría una campaña para convencer a la administración Trump de suavizar su política hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Una investigación publicada por POLITICO, basada en mensajes internos, registros bancarios y calendarios personales, reconstruye cómo funcionó esa operación, quiénes la dirigieron y por qué fracasó.

La figura central de la historia es Harry Sargeant III, un empresario de 68 años radicado en Florida con décadas de inversiones en Venezuela. Sargeant construyó su fortuna en el negocio del asfalto, y Venezuela era su principal fuente de crudo amargo necesario para producirlo. A lo largo de los años cultivó relaciones directas con funcionarios en Caracas y, según POLITICO, llegó a tener suficiente cercanía con Maduro como para que el mandatario lo llamara “abuelo” en sus conversaciones privadas.

Harry Sargeant, el cerebro

Cuando Trump anunció que Marco Rubio sería su secretario de Estado, Sargeant anticipó que sus inversiones podían verse en riesgo. Desde hace décadas, Rubio era uno de los promotores más activos de una política de sanciones duras contra Venezuela. Junto con su aliado Mauricio Claver-Carone, había sido uno de los arquitectos de la estrategia de “máxima presión” durante el primer mandato de Trump. La posterior designación de Claver-Carone como enviado especial para América Latina confirmó para Sargeant que enfrentaba una amenaza directa contra sus negocios.

Durante ese primer mandato, las sanciones promovidas por esa misma línea habían paralizado las operaciones de Sargeant en Venezuela. Sin acceso a crudo venezolano, sus activos en el país quedaron inmovilizados durante años. Solo en mayo de 2024, bajo la administración Biden, Sargeant había recuperado su licencia del Tesoro para reanudar las exportaciones de petróleo y, en pocos meses, había cerrado un acuerdo con PDVSA por 570.000 barriles de asfalto. Todo eso podía desaparecer si Rubio y Claver-Carone volvían a imponer la misma política de sanciones máximas.

Sargeant identificó a Richard Grenell, el otro enviado especial de Trump para “misiones especiales”, como una posible solución a sus problemas. Grenell era más pragmático, inclinado a los acuerdos comerciales frente a la presión política. Si Grenell pudiera eclipsar a Rubio en la gestión de la política venezolana, los negocios de Sargeant estarían más seguros.

Para lograrlo, Sargeant necesitaba a alguien con acceso directo a Grenell.

Aaron Schock, el operador embelesado con oro

Aaron Schock fue uno de los políticos republicanos más prometedores de Illinois. Entró al Congreso en 2009, a los 27 años, como el primer millennial en hacerlo, y durante años fue considerado una estrella en ascenso de su partido. En 2015 renunció en medio de un escándalo de gastos, que incluía acusaciones de haber redecorado su oficina en el Capitolio inspirándose en una serie de televisión británica ambientada en el siglo XIX. Los cargos federales posteriores concluyeron en 2019 con un acuerdo que evitó el juicio.

Para Sargeant, su valor radicaba en el acceso directo a Grenell. Se había integrado a un pequeño pero activo círculo de republicanos gay en Washington, donde forjó una amistad con el enviado especial, reporta POLITICO. Por eso Sargeant lo contrató para su operación.

El excongresista recibió $100.000 de Sargeant por realizar “consultoría estratégica”, según confirmó el abogado del empresario a POLITICO. Su primera tarea fue facilitar la visita de Grenell a Caracas en enero de 2025. Viajó a Venezuela y se reunió con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del país. Fue durante ese encuentro, según su excolaborador Benjamin Papermaster, cuando Rodríguez le ofreció una concesión para la extracción de metales preciosos si lograba que Washington levantara las sanciones.

La promesa lo transformó. Según Papermaster, pasó meses obsesionado con los detalles logísticos del negocio.

Forward Global y los influencers, el músculo

La herramienta central de la operación fue Forward Global, una firma de relaciones públicas parisina que prometía acceso a figuras influyentes de la coalición conservadora estadounidense. La firma cobró $422.500 por la primera fase del trabajo, según la factura fechada el 26 de marzo de 2025.

Su estrategia tenía dos capas: una intelectual, orientada a producir artículos de opinión firmados por figuras respetables en Washington, y otra de amplificación, basada en influencers de redes sociales que distribuían esos mensajes a audiencias masivas.

La capa intelectual fue organizada principalmente por Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital Management, una firma de gestión de activos con sede en Nueva York. Humes presidía el “comité de tenedores de bonos” de Venezuela, un grupo de fondos de inversión que adquirió deuda soberana venezolana a precio de descuento tras la cesación de pagos del país en 2017. Esa deuda, hoy estimada en $150.000 a $170.000 millones en total, solo se convierte en una ganancia real si la economía venezolana se estabiliza y el país retoma el servicio de su deuda.

Por eso Humes tenía un interés directo en que Washington adoptara una postura más conciliadora con Caracas. Fue él quien creó el chat de Signal en el que se coordinaba el grupo y quien animó a otros inversores a aportar dinero a Forward Global.

Para darle credibilidad a los artículos que redactaba Forward Global, Humes incorporó a Juan González, quien había sido director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden. González, contratado por Greylock Capital para realizar análisis geopolítico, editó columnas de opinión que luego hacía firmar Forward Global a figuras prominentes de Washington.

El ejemplo más llamativo es un artículo del 24 de abril de 2025 en Fox News, firmado por el exasesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, en el que argumentaba que Estados Unidos necesitaba un acuerdo con Venezuela. Ese texto fue elaborado por Forward Global y editado por González.

También participó en la edición de esos borradores Elías Ferrer, analista español residente en Venezuela y fundador de Orinoco Research y del portal digital Guacamaya, que se presenta como un medio independiente. Ferrer aportaba un contexto local a los textos producidos en París y en Washington.

Forward Global llegó al proyecto con una lista de voces conservadoras con audiencias masivas a las que prometía acceder. Los casos mejor documentados son los de Ryan Fournier, cofundador de Students for Trump, y de Juanita Broaddrick, conocida en círculos conservadores por sus acusaciones históricas contra Bill Clinton. Ambos formaban parte del retainer de influencers de Forward Global. Cada publicación era reportada por empleados de Forward Global a un chat de WhatsApp compartido con Schock. La firma recibió $15.000 por gestionar esa red de influencers.

La figura más llamativa fue Laura Loomer, una influencer de extrema derecha con millones de seguidores. En mayo de 2025, Loomer publicó una serie de mensajes que apoyaban las posiciones de Grenell sobre Venezuela y atacaban directamente a Claver-Carone.

Un operador de Forward Global reportó al grupo: “Loomer lo está haciendo prácticamente gratis... nos está dejando guionarla ahora.” En agosto de 2025, Loomer citó un reportaje de Guacamaya sobre los vuelos de deportación entre Estados Unidos y Venezuela como una muestra de cooperación y buena voluntad por parte de Maduro.

Detrás de esa maquinaria había dinero, y parte de ese dinero provenía de Chevron. La empresa aportó $100.000 a la campaña, pero enfrentaba un problema a contrarreloj. Su licencia para operar en Venezuela vencía el 27 de mayo de 2025. Esas licencias, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC), son permisos que permiten a empresas específicas hacer negocios en Venezuela pese a las sanciones. Bajo su licencia, Chevron producía aproximadamente 200.000 barriles diarios, lo que representaba alrededor de un cuarto de la producción total del país.

Los documentos revisados por POLITICO muestran que ejecutivos de Chevron mantuvieron reuniones regulares con Schock mientras la campaña estaba activa. La licencia no se renovó. Rubio anunció su expiración antes de que venciera el plazo.

El ocaso de la operación

La campaña alimentaba una disputa dentro de la administración Trump. Rubio representaba la línea dura. Grenell representaba la línea pragmática. Sargeant apostó todo a Grenell.

No obstante, Rubio ganó. Acumuló poder. Asumió también el cargo de asesor interino de seguridad nacional, reencuadró la narrativa venezolana desde el socialismo autoritario hacia el narcotráfico y logró que la Casa Blanca respaldara una respuesta más agresiva. Mientras tanto, Grenell fue designado para supervisar el Centro Kennedy para las Artes en Washington D.C.

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación nocturna en Caracas y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York. Delcy Rodríguez, la misma funcionaria que habría prometido la mina de oro a Schock, asumió la presidencia interina de Venezuela. Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con el régimen de Rodríguez en marzo de 2026.

Sargeant perdió su licencia del Tesoro en marzo de 2025 y, hasta el momento del reportaje, no la había recuperado. Forward Global cerró el proyecto. Schock no tiene mina de oro. Papermaster, el colaborador que terminó defraudado y sin cobrar, resumió para POLITICO la experiencia de toda la operación: “La narrativa que me vendieron era engañosa. Me dijeron que esto era ‘America First’, que era por el pueblo venezolano. En realidad, era para llenar los bolsillos de Aaron Schock y Harry Sargeant.”

Basado en la investigación de Eric Bazail-Eimil y Adam Wren publicada por POLITICO el 7 de junio de 2026.

Un año después de su reelección en 2006, Hugo Chávez decretó la creación de Corpoelec, una empresa estatal concebida para centralizar la generación, transmisión y distribución de energía en Venezuela. Anteriormente, el sistema eléctrico venezolano funcionaba bajo un modelo mixto y regionalizado, en el que coexistían empresas públicas, privadas y de capital extranjero. La nacionalización del sector dejó fuera a 14 empresas que operaban con capital extranjero.

En 2009, cuando los apagones comenzaron a convertirse en una preocupación nacional, Chávez atribuyó la crisis eléctrica a la severa sequía provocada por el fenómeno de El Niño y al creciente consumo energético de los venezolanos. Entre las medidas anunciadas para combatir la baja producción de electricidad figuraban campañas de ahorro, restricciones al consumo en oficinas públicas, la prohibición de importar equipos de alto consumo e incluso el alquiler de un avión para bombardear las nubes sobre el embalse de Guri y provocar lluvias.

Durante esos años, el discurso oficial culpaba a la sequía y a los picos de demanda de energía por la emergencia, mientras los cortes de energía se multiplicaban en todo el territorio y el gran cuestionamiento ciudadano era la falta de inversión y de planificación que el gobierno no priorizaba en el sistema.

A poco de la muerte de Chávez en el 2013, ocurrió el primer apagón nacional, que dejó al 80% del país sin luz durante más de un día. Para ese entonces, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, instauró un programa de racionamiento que se conoció como “Programa de Administración de Cargas”. Ya era demasiado tarde. El sistema estaba tan colapsado que las fallas de luz en el país iban más allá del racionamiento; se convirtieron en parte del día a día de los venezolanos.

En el primer semestre de 2026 se registraron 36 protestas en Venezuela por fallas eléctricas y 47 cortes eléctricos no programados.

El proyecto de ley aprobado esta semana pretende abrir la puerta a la participación de empresas privadas en el sector eléctrico, contempla cambios en las tarifas y reduce parte del control centralizado que actualmente ejerce Corpoelec. Lo anterior, por iniciativa de Delcy Rodríguez, quien impulsa reformas a las leyes de hidrocarburos y minerales justo la semana después de la captura de Maduro. Al permitir una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en el sector petrolero, se busca atraer capital e inversiones, lo que disminuye el control directo del Estado sobre la principal fuente de ingresos del país, que en su momento fue uno de los fundamentos históricos del proyecto chavista.

El colapso del sistema eléctrico venezolano es consecuencia de decisiones políticas tomadas en las últimas dos décadas y resulta fundamental para entender el alcance de la reforma. Venezuela contaba con una infraestructura eléctrica confiable antes de la llegada de Chávez. La apertura al capital privado sugiere, implícitamente, el reconocimiento de que el modelo de centralización impulsado por el chavismo no solo fue incapaz de mejorar el servicio, sino que terminó por acompañar su progresivo deterioro.

Los diagnósticos más recientes estiman que la recuperación del sistema requerirá entre 15.000 y 40.000 millones de dólares y podría tardar entre cinco y quince años.

Este domingo, los colombianos se citan a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Encuestas como las de CNC, Atlas Intel o Guarumo & Ecoanalítica posicionan a Iván Cepeda, el senador socialista que aspira a suceder a Gustavo Petro al frente del Pacto Histórico, en el primer lugar. Por otro lado, el populista de derecha, Abelardo de la Espriella, en otras encuestas como las de Cambio (33,4% vs. 30,9%) y Semana (38,7% vs. 37,3%), aparece a una distancia reducida de entre uno y tres puntos porcentuales.

Sin embargo, el escenario podría ser distinto en la segunda vuelta para la izquierda. Los votos huérfanos de la candidata de centroderecha, Paloma Valencia, senadora del Partido Democrático cercana al expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en tercera posición en las encuestas con una intención de voto cercana al 10%, probablemente se sumen más a De la Espriella que a Cepeda en un sentimiento antipetrista.

Ganar en la primera vuelta es un reto ambicioso para cualquiera de los candidatos. Significa obtener más de 11,5 millones de votos, es decir, cerca de una cuarta parte del censo electoral habilitado para sufragar ese día. Un rango de intención de voto entre 34% y 36% para cualquier candidato representaría aproximadamente 8 millones de personas. Desde la entrada en vigor del sistema de doble vuelta, el único ganador en primera vuelta ha sido Álvaro Uribe en 2002, cuando obtuvo el 54,51% de los votos.

Colombia se acerca a las urnas enfrentando tres formas distintas de entenderse a sí misma:

Iván Cepeda asume las banderas izquierdistas de justicia, reparación y reforma agraria. Plantea negociar con los grupos guerrilleros, en lugar de recurrir a la fuerza, además de debilitar sus estructuras financieras. Asimismo, propone una mayor progresividad impositiva, revertir la privatización del sistema sanitario y crear un sistema más sólido contra la corrupción.

Abelardo de la Espriella, con una narrativa que combina orden, castigo y mercado, busca posicionarse como el outsider del sistema. Garantiza una mano dura contra el narcotráfico, propone hacer crecer a Colombia a un 7% anual, aprobar el fracking de petróleo y gas y que el Estado adopte la tecnología blockchain en su gestión.

Paloma Valencia, con una imagen de política disciplinada, propone aumentar el gasto en defensa hasta el 4% del PIB, incrementar el número de militares y afianzar un crecimiento anual del PIB de 5 puntos porcentuales. Sugirió nombrar al expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa.

La falta de un relato común entre estas campañas anticipa un escenario en el que, gane quien gane, gobernar implicará tender puentes en un país que parece cada vez más fracturado por los extremos.

Algunas noticias de estos últimos 15 días:

• María Corina Machado sostuvo un encuentro en Panamá con el presidente panameño, José Raúl Mulino. Durante la reunión, ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia elecciones “libres, transparentes y democráticas”. La visita también incluyó encuentros con migrantes, dirigentes opositores y autoridades panameñas.

• Luego de que la Fiscalía venezolana informó sobre la apertura de una investigación tras denuncias de torturas, golpizas, aislamiento y malos tratos en el Internado Judicial de Barinas, el Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó la fiabilidad de los resultados de dicha investigación. Investigaciones similares en el pasado no han derivado en sanciones públicas.

• Elías Jaua, exvicepresidente: los ejercicios militares de Estados Unidos sobre Caracas son una “nueva violación” del espacio aéreo venezolano por parte de una potencia ocupante.

• Las reservas internacionales de Venezuela cerraron la semana del 22 de mayo en 14.652 millones de dólares, registrando un incremento de 1.634 millones respecto a la semana anterior, según cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

• El economista y profesor de Macroeconomía de la UCAB, Jesús Palacios Chacín, proyectó que Venezuela podría cerrar 2026 con una inflación cercana al 192%, lo que representaría una reducción importante respecto del 565% registrado en 2025.

Le estamos poniendo el ojo

Zapatero a tus zapatos: El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por la justicia española por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19.

Según destacó un reportaje de la BBC Mundo, es “la primera vez en la historia de la democracia española” que un expresidente debe declarar como imputado ante la justicia por un caso de corrupción.

La investigación gira en torno al rescate financiero de 53 millones de euros otorgado por el gobierno español a Plus Ultra en 2021. El proceso suscitó cuestionamientos debido al reducido tamaño de la empresa y a sus vínculos con inversionistas venezolanos.

El periodista venezolano Roberto Deniz señaló que la empresa “fraguó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos”, entre ellos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, lo que permitió su expansión en rutas entre Venezuela y España, según una investigación publicada por Armando.Info en 2018.

Documentos incautados por la justicia española contendrían referencias a petróleo, oro y presos políticos venezolanos. Existiría un vínculo directo entre Zapatero y múltiples presos políticos venezolanos, actuando como una especie de carcelero, según el internacionalista Luis Peche. De cara a la audiencia en tribunales el próximo 2 de junio, estas incógnitas quedan por resolver.

Recomendación de la semana

El Papa León XIV presenta la encíclica Magnifica Humanitas sobre la custodia de la persona humana en el contexto de la inteligencia artificial.

La carta hace una invitación a la humanidad entera a aprender a escucharnos unos a otros con valentía ante los desafíos del presente y a cooperar en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Como lo fue la época de la revolución industrial, con sus complejos cambios en el mundo del trabajo, hoy es la inteligencia artificial, con su potencial y sus peligros, la que se pone en la mira del Pontífice.

Para leer la encíclica completa: aquí

Durante años, María Corina Machado fue tratada como una figura incómoda en algunos sectores de la oposición. La llamaron “radical” por su lenguaje frontal, sus principios indoblegables y por promover estrategias que parecían inviables: realizar la primaria ciudadana del 2023 sin el apoyo del CNE, ganar y documentar el triunfo opositor en 2024, y crear las condiciones que terminaron con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Suscríbete ahora

The Freedom Manifesto debe leerse desde ese tránsito. En unas 160 páginas, María Corina condensa sus ideas, sus motivaciones más profundas y una visión de país construida en torno a la libertad, la dignidad humana y la responsabilidad de todos los ciudadanos con Venezuela.

El libro permite ver más allá de los tumultuosos meses que ha vivido Venezuela en el último año. Allí aparece una dirigente que ha pasado de ser una líder audaz, disruptiva y muchas veces solitaria, a una figura que hoy busca articular el regreso de Venezuela al concierto de naciones tras casi tres décadas de dictadura.

Una de las ideas más poderosas del libro es la dimensión espiritual de la lucha venezolana. La resistencia contra la tiranía ocurre en la política, en la calle y en las instituciones, pero también en la conciencia, en la fe, en la esperanza y en la decisión indoblegable de Machado y de muchos otros de no rendirse.

En las motivaciones de Machado entra un tema transversal: los hijos. Esos que esperan a sus padres injustamente detenidos. Esos que emigraron en busca de un futuro mejor. Esos que padecen la carestía de una emergencia humanitaria compleja que no da tregua. Esos que obligan a pensar en el país que viene.

También se evidencia una profunda confianza en los ciudadanos. La reconstrucción de Venezuela, señala Machado, no puede descansar únicamente en las élites ni en las instituciones. Necesita ciudadanos capaces de decidir, producir, cuidar, crear y sostener una república libre.

El manifiesto publicado el 9 de noviembre e incorporado dentro de la obra, concentra con mayor claridad las ideas de Machado para Venezuela. A nivel ideológico, es clara la inspiración del liberalismo clásico: derechos individuales, libertad, propiedad y un Estado limitado y subyugado a la ciudadanía.

La segunda mitad del libro se centra en dar a conocer la verdad de Venezuela en voz de las víctimas. Allí conocemos las historias de Rosa Orozco, una madre que, tras el asesinato de su hija en 2014, se convirtió en una defensora de derechos humanos. O de María Franco, hija de Salvador Franco, un indígena pemón que murió en custodia del Estado por tuberculosis en el año 2020.

The Freedom Manifesto es una obra que condensa la aspiración de Machado: que todas las familias venezolanas se encuentren, de nuevo y para siempre, en Venezuela.

El pasado jueves, el nombre de María Corina Machado resonó en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Con motivo de la presentación del libro María Corina Machado: a contracorriente, finalmente en la universidad se pronunció su nombre con la dignidad que el galardón merece, en contraste con el silencio de las autoridades universitarias en su momento.

A pesar de no estar en la agenda del día, María Corina dirigió unas palabras a distancia al inicio del evento, en medio de la gira que emprende por la democracia de Venezuela. Posteriormente, Sergio Dahbar, director de la editorial Dahbar, mencionó que, aunque la presentación del libro pudo realizarse, aún se percibía que las personas “hablaban bajo”. En Venezuela persiste el miedo a las arremetidas represivas contra quienes se pronuncian a favor de una transición hacia la democracia y, por supuesto, contra quienes rinden homenaje a la líder de este movimiento.

Sin embargo, María Corina transmitió en Montalbán las ganas de hablar alto, de hacerse escuchar y el anhelo de regresar al país que los venezolanos expresan desde todas partes del mundo.

A su vez, resaltó que la ruta consiste en construir una gran alianza con los ciudadanos para restituir la democracia, legitimar las instituciones mediante nuevas elecciones y exigir el desmantelamiento de las estructuras de corrupción.

“María Corina ha sido contracorriente a un sistema que buscó controlar a un país y ha mostrado la verdad frente a esa narrativa. A pesar de eso, siguió adelante diciendo la verdad”, dijo Mayrin Cedeño, miembro de Vente Venezuela.

María Corina Machado rompe estereotipos históricos de la política nacional; por eso va a contracorriente. “No tiene un rol como la esposa o la hija de alguien”, comentó María del Carmen Míguez, psicoanalista y coautora del libro. Machado es una líder política que impulsó un movimiento importante para Venezuela, haciéndose valer en nombre propio.

Machado, en tanto mujer, ha sido objeto de ataques que forman parte de la segregación que enfrentan las mujeres en la esfera pública. El chavismo la ha llamado “la sayona”, un apodo peyorativo basado en el conocido espectro del folclore venezolano, reflejo de la barrera de entrada más alta que enfrentan las mujeres que buscan hacer política en comparación con sus pares varones.

Más adelante, Elías Pino Iturrieta, reconocido historiador, señaló a Machado como la mujer más importante de la historia de Venezuela hasta hoy. Estableció una similitud con el proceso del trienio de 1945, un momento marcado no solo por el miedo, sino también por la ausencia de mujeres en la escena política. Frente a ese antecedente, destacó el surgimiento de un movimiento liberal protagonizado por mujeres, que ha dado pasos importantes en favor del país.

María Corina Machado enseñó a impulsar movimientos sociales en torno a la causa venezolana. Supo apelar a elementos centrales de la familia venezolana, como la unión de cara al reencuentro, para que la sociedad levantara la voz a favor de la libertad. Lo hizo con la esperanza del regreso de los venezolanos en el exilio y desde una posición firme contra el horror producido por la represión, en una carrera democrática que terminó siendo también una victoria de toda la sociedad venezolana.

El padre Luis Ugalde, exrector de la UCAB y presente en el evento, relató una breve anécdota: antes de graduarse, Machado se acercó a él para contarle que quería empezar en la política. Luego le pidió que la acercara a la comunidad de La Vega, donde estuvo tres meses seguidos dando refuerzo en matemáticas, yendo sola y de forma constante a un barrio que impone respeto.

Machado resalta que en este proceso toda la sociedad importa. Venezuela se encuentra en un umbral de cambio gracias a ella. María Corina Machado va a contracorriente y, siendo ella una de las líderes y mujeres más importantes de esta historia que el país escribe, toda Venezuela va a contracorriente junto a ella.

Una orquesta de migrantes venezolanos se acercó a ella en la Plaza de la Villa y comenzó a tocar Venezuela. María Corina Machado la dirigió. Por unos minutos, Madrid dejó de ser Madrid.

Fue solo uno de los momentos que definieron los dos días que Machado pasó en la capital española, el 17 y 18 de abril. Llegó con una agenda de reuniones institucionales, alianzas políticas y declaraciones ante la prensa. Lo que quedó fue evidencia de que la diáspora venezolana está organizada, cargada de años de espera y lista para volver. Según Machado, ese regreso ya comenzó.

El 17 de abril comenzó con una señal política precisa. En la sede del Partido Popular, Machado fue recibida por Alberto Núñez Feijóo, quien respaldó una transición democrática en Venezuela y reafirmó la cercanía histórica entre ambos países. “El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que la ha perseguido”, dijo Feijóo. Estuvieron presentes figuras destacadas del principal partido de la derecha española (Cayetana Álvarez de Toledo, cercana a la causa venezolana, y el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado) junto a cientos de activistas venezolanos y cubanos.

Horas más tarde, Machado cruzó Madrid para reunirse con Santiago Abascal, presidente de Vox, en la Fundación Disenso. A la salida, el protocolo se disolvió entre abrazos, lágrimas, consignas de venezolanos que la esperaban. Un niño rompió en llanto al acercarse a ella. Incluso Abascal, testigo de la escena, no ocultó su emoción.

La agenda del día también trazó una línea política. Machado se reunió con las principales fuerzas de la oposición española y descartó un encuentro con Pedro Sánchez, el presidente español, quien ese mismo día compartía escenario en Barcelona con líderes de izquierda como Gustavo Petro, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi. La omisión alude a las distancias entre la izquierda internacional y el liderazgo de la causa democrática venezolana. Sánchez no felicitó a Machado por el Nobel de la Paz, ha liderado votaciones contrarias a la causa venezolana en las Cortes y mantiene vínculos con el expresidente Rodríguez Zapatero, figura históricamente cercana y funcional al chavismo. Machado distingue entre aliados firmes y posturas ambiguas. Sánchez cae en la segunda categoría.

Pero fue por la tarde cuando Madrid se transformó. En la Plaza de la Villa, el alcalde José Luis Martínez-Almeida le entregó las llaves de la ciudad. Afuera, cientos de venezolanos esperaban desde horas antes. Cuando Machado salió, los regalos, los abrazos y las lágrimas contenidas durante años habían reemplazado cualquier protocolo. Dentro del acto, su mensaje fue breve y firme: libertad, justicia y el valor del sacrificio de millones de venezolanos. La despedida tuvo banda sonora propia: una orquesta de migrantes venezolanos interpretó “Venezuela” bajo su dirección.

El 18 de abril amaneció con preguntas. Durante más de tres horas, Machado respondió a medios internacionales, españoles y venezolanos. Habló del rumbo del país, del papel de la comunidad internacional (incluida la posible influencia de Donald Trump) y, sobre todo, de la pregunta que sobrevuela a millones: cuándo será el regreso.

Por la tarde, la agenda volvió a centrarse en su gente. Primero, con militantes de Vente Venezuela en el exterior; después, con actores políticos y de la sociedad civil en el exilio. En ambos encuentros, el mensaje fue el mismo: la vuelta está cerca y será el inicio de una nueva etapa.

El momento más simbólico llegó en la Real Casa de Correos. Junto a Edmundo González Urrutia (representado por su hija), Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso, un reconocimiento habitualmente reservado a jefes de Estado. Desde el balcón, ante una Puerta del Sol desbordada, Ayuso definió a Madrid como “casa de la libertad” y a Machado como “la mujer más importante de la historia de Venezuela”.

Minutos después, Machado salió al encuentro de una multitud que no cabía en la plaza. Abrazos largos, rosarios apretados en las manos, cartas entregadas, miradas cargadas de años de ausencia, lágrimas de emoción e ilusión.

Cuando subió a la tarima, empezó por fijar el momento: “Este es un día que recordaré toda mi vida”. Habló de un país que, cuando parecía derrotado, volvió a encontrar a sí mismo. De una sociedad fragmentada que logró rehacerse “abriendo puertas, uniendo, tejiendo”. Y de un punto de inflexión: las primarias del 22 de octubre, cuando Venezuela se reconoció como una sola, dentro y fuera de sus fronteras.

Su relato fue el de una fuerza que ya no retrocede. “Si quieren saber quién está con el régimen”, dijo, “pregúntenle si quieren elecciones libres”. Reivindicó a los presos políticos como “héroes” y describió a Venezuela como un país que ha resistido la represión hasta convertirse en “invencible”. Definió la lucha como “espiritual”, una confrontación entre el bien y el mal que, aseguró, terminará por imponer la libertad.

El discurso alcanzó su punto más personal cuando dejó de hablar del país en abstracto y se dirigió directamente a la diáspora. Les pidió que recordaran quiénes eran cuando se fueron, con miedo e incertidumbre, y los compararan con quiénes son hoy. “Somos más fuertes”, dijo. Transformó el exilio en aprendizaje y el aprendizaje en promesa: todo lo vivido fuera será parte de la Venezuela que viene.

Cerró con una tarea concreta: organizarse, no callar, prepararse. “Hacer las maletas”. Y una frase que también sirvió de punto de partida: “Hoy estamos iniciando la vuelta a casa”.

Al terminar, la Puerta del Sol se expresó en cánticos, banderas alzadas, abrazos y lágrimas. Durante unos minutos, Madrid dejó de ser Madrid. Se convirtió en Venezuela.

La dictadora encargada, Delcy Rodríguez, habló el miércoles al país como si estuviera inaugurando una nueva etapa. Su discurso pretende imponer la idea de que el presente puede separarse del pasado, aun cuando quienes gobiernan siguen siendo los mismos.

Rodríguez se refirió al recuento del colapso económico, la caída del PIB, la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo y la migración masiva. Luego, la explicación de lo anterior, lo que el régimen denomina “el bloqueo”. Finalmente, cerró con una promesa: una recuperación sostenida del país, de manera responsable, que ya estaría en marcha.

Rodríguez insiste en que “no se pueden repetir los errores del pasado”; la frase parece técnica, pero cumple una función política clave: reconoce las fallas sin asignar responsabilidades. Algo así como que “el error existe, pero no tiene autor”; en síntesis, el pasado se menciona, pero no se le atribuye a nadie ni a nada.

El Rodrigato propone una separación entre dos momentos: el del deterioro y el de la recuperación, y en esa separación, reposicionarse como conductores de la solución.

Sin embargo, hay una paradoja evidente: quienes administraron el colapso son los mismos que ahora proponen corregirlo. El chavismo no sería un ciclo agotado, sino un proyecto que aprendió y se ajustó.

¿Cómo sostiene esa idea? Cambiando el lenguaje. Desaparece el tono épico y aparece una retórica técnica: aumentos “responsables”, crecimiento “paulatino”, rechazo a los “falsos incrementos”.

Ese desplazamiento reduce expectativas, justifica la lentitud y desplaza la discusión fuera del terreno democrático. En paralelo, el llamado a la unidad atraviesa el mensaje al incluir a empresarios, trabajadores, jóvenes e incluso a la propia oposición. En conjunto, el discurso busca intervenir en la memoria, instalar la idea de que el pasado puede quedar atrás sin alterar el poder.

Ese es el intento de convencer a un país que atravesó una crisis profunda de que empieza algo distinto, sin que cambien los actores. La pregunta es si Venezuela está dispuesta a creerlo.

Suscríbete ahora

Una de las maneras más efectivas para lograrlo es reestructurar cómo se financian las alcaldías y gobernaciones.

En la actualidad, las capacidades de recaudación de las alcaldías y especialmente de las gobernaciones, son limitadas, por lo que dependen profundamente del El famoso “situado constitucional”, la partida presupuestaria que el gobierno central asigna , discrecionalmente, a gobernaciones y alcaldías. La dependencia de las alcadías y gobernaciones de este situado puede variar desde un 30% (en el mejor de los casos), hasta un 98%.

En pocas palabras, durante décadas los venezolanos hemos aceptado que arreglar un bache en una calle de Naguanagua o San Diego depende de que una partida presupuestaria sea aprobada en Caracas .

El actual momento de “reseteo” político es una oportunidad para una transformación real que nos permita tener municipios con mayor autonomía fiscal, lo cual traería beneficios económicos, y también de pacificación política.

La propuesta es otorgar a las alcaldías y gobernaciones la potestad de recaudar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), el IVA y la capacidad de emitir deuda pública.

¿Suena a locura? Pues ese es el estándar de ciudades que lograron desarrollarse y prosperar.

Córdoba, Bogotá y Medellín: Tres casos de éxito

Hay muchos ejemplos de ciudades que lograron dar el salto de modernidad que buscaban, gestionando su fisco y deuda, tal es el caso de Nueva York, Zurich, Phoenix y demás ciudades de países desarrollados.

Sin embargo, con frecuencia se dice que Venezuela es un caso distinto y que debe compararse más bien con sus pares; por tanto traigo 3 ejemplos latinoamericanos de ciudades que lograron dar un salto de modernidad a través de la gestión del fisco y la deuda:

• Córdoba (Argentina): Mientras el gobierno nacional de Argentina lidiaba con su crisis económica, la Provincia de Córdoba se convirtió en un faro de solvencia. Córdoba emite bonos internacionales (como el premiado por LatinFinance) para financiar obras de envergadura como gasoductos e infraestructura vial. Al tener capacidad de deuda propia, la ciudad no espera por “la transferencia” de Buenos Aires; sale al mercado, demuestra su buena gestión y atrae capital. Funcionando además como un compromiso a largo plazo con los acreedores y por tanto evitando que los proyectos sean abandonados cuando un nuevo alcalde llegue a la oficina.

• Bogotá y Medellín (Colombia): Estas ciudades son las “joyas de la corona” del desempeño fiscal. En Colombia, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y el predial son gestionados localmente. Bogotá ha logrado una independencia tal que el 77% de sus indicadores de desempeño fiscal son sobresalientes, reduciendo su dependencia de las transferencias nacionales. Medellín, por su parte, utiliza su fortaleza financiera para emitir deuda y financiar proyectos de transformación social que son referencia mundial (como el Metrocable), demostrando que la autonomía local es el motor directo de la calidad de vida.

¿Qué hay que cambiar?

Para lograr estos cambios, hay que reformar ciertos instrumentos legales que permitan el endeudamiento y la recaudación municipal:

1. Reforma de la Constitución (CRBV): Modificar el Artículo 156 (Numeral 12) que define el IVA y el ISLR como competencias exclusivas del Poder Nacional. Esas competencias deben pasar a ser concurrentes o compartidas con el poder municipal y regional. La modificación implicaría establecer una alícuota porcentual de estos impuestos (Por ejemplo, el 40%) que sea recaudada y administrada directamente por el municipio y la gobernación donde se genera la actividad económica.

2. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM): Ampliar el capítulo de la Hacienda Pública Municipal para permitir la emisión de títulos valores y deuda pública municipal, respetando siempre el principio de responsabilidad fiscal, para evitar que los municipios se endeuden irresponsablemente desequilibrando las finanzas públicas.

3. Reforma del Código Orgánico Tributario (COT): Descentralizar el control sobre la recaudación del SENIAT, permitiendo que las gobernaciones creen sus propias instituciones para recaudar los impuestos nacionales compartidos (ISLR e IVA), operando con un sistema de “taquilla única virtual”, donde todo el proceso de cobranza sea simplificado y digitalizado.

El federalismo como herramienta de pacificación política y recuperación económica

Cuando las alcaldías y las gobernaciones reciben sus ingresos principalmente de los impuestos que recaudan, en lugar del situado constitucional, el comerciante sustituye a Miraflores como el principal contribuyente y por tanto también sustituye al poder central como principal fiscalizador del alcalde.

Por otro lado, se reducen los incentivos para la evasión fiscal, porque el beneficio (una mejor calle, iluminación, seguridad local) es tangible e inmediato.

Además, la capacidad de emitir deuda permitiría a ciudades como Valencia o Maracaibo buscar financiamiento internacional para sus propios proyectos sin pasar por el filtro burocrático de la capital, permitiendo el desarrollo de obras de gran escala y un desarrollo de la ciudad a largo plazo.

La política en Venezuela es desde hace mucho tiempo un juego de “todo o nada”, donde quien controla Miraflores controla todo, desde los asuntos más importantes del Estado hasta el dinero que manejan las alcaldías más pequeñas.

La pacificación política de Venezuela pasa por bajarle la temperatura a la lucha por la presidencia. Si más ingresos del Estado y su administración se quedan en los municipios y gobernaciones, Miraflores deja de ser el “todo o nada”.

Un alcalde o gobernador de oposición en una zona industrial o un alcalde oficialista en una zona rural tendrían los recursos para demostrar su gestión sin depender de la “buena voluntad” del Ejecutivo nacional.

Se generaría un mercado de competencias entre las ciudades, donde cada una de ellas buscaría ofrecer las mejores oportunidades y servicios para los venezolanos. Así, se alinean los incentivos para que todo el espectro político acompañe una campaña federalista y descentralizadora.

El “reseteo” no debe ser solo sobre las caras del poder público, o la gestión de la renta petrolera, sino sobre cómo se estructuran los ingresos del Estado y su administración a todo nivel. Darle autonomía fiscal a los municipios y gobernaciones es darle el poder a los ciudadanos y convertir a cada alcaldía y gobernación en un motor de reconstrucción nacional. Las ciudades de Venezuela no pueden seguir esperando por el permiso de Caracas.