Cómo sobrevivió la Asamblea Nacional de 2015 que ahora negocia la transición en Venezuela
El Parlamento electo hace una década nunca dejó de sesionar. Utilizó seudónimos, plenarias secretas y un estatuto que hoy lo convierte en la contraparte del chavismo en la mesa de negociación.
En la víspera de la instalación de la Asamblea Nacional con la mayoría opositora más grande de la era chavista, una docena de diputados electos se tomó una selfie. Todos sonreían. “Qué ilusos éramos”, dice a Politiks uno de los presentes en esa foto. “Pensábamos que ya lo habíamos logrado. Y ahí apenas empezó.”
Diez años y medio después, esa misma Asamblea, electa el 6 de diciembre de 2015 con 112 de 167 curules de la oposición, vuelve al centro de la política venezolana. El próximo 1 de agosto, una comisión de doce de sus diputados iniciará una agenda de trabajo con el parlamento que controla el chavismo, presidido por Jorge Rodríguez, para negociar la reconstrucción institucional del país, empezando por un nuevo Consejo Nacional Electoral. La mesa cuenta con el aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que designó a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea, para encabezar las conversaciones.
Que ese cuerpo todavía exista sorprende incluso a muchos venezolanos. La mayoría le perdió el rastro después de 2020, cuando el chavismo tomó el Palacio Federal Legislativo tras una elección parlamentaria que buena parte de la comunidad democrática desconoció. Pero la Asamblea Nacional de 2015 (AN-2015) nunca se disolvió. Se dedicó a proteger los activos de la República en el exterior y sobrevivir como institución. “Era mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla”, dice una fuente parlamentaria.
El andamiaje jurídico
La supervivencia de la Asamblea descansa en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, aprobado en 2019 y reformado varias veces desde entonces. El Estatuto se fundamenta en el artículo 333 de la Constitución, que obliga a todo ciudadano a colaborar en el restablecimiento de la carta magna cuando deja de observarse. Sobre esa base, la Asamblea declaró ilegítimas las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020 y estableció su continuidad.
La reforma más reciente, aprobada tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024, garantiza la continuidad constitucional del Poder Legislativo a través de la AN-2015, que funciona mediante su Comisión Delegada “hasta el 31 de diciembre de 2026 o mientras se produzca el restablecimiento de la democracia y se convoquen legítimas elecciones parlamentarias dentro de este mismo año 2026”.
La Comisión Delegada es el corazón operativo del mecanismo. La integran 18 miembros: los presidentes de las 15 comisiones permanentes y los tres miembros de la Junta Directiva, que este año quedó conformada por Figuera en la presidencia, Marco Aurelio Quiñones como primer vicepresidente y Richard Blanco como segundo vicepresidente. El Estatuto le asigna a la Delegada funciones que van desde aprobar el presupuesto de la Asamblea hasta ejercer el control constitucional y tramitar la cooperación financiera internacional.
Sesionar sin ser vistos
En la práctica, la Asamblea funcionó durante años bajo un principio que otra fuente parlamentaria resume en “cuidar las formas”. Cada extensión de la continuidad se aprobó en plenaria. Cada acuerdo parlamentario sobre el desconocimiento de las convocatorias electorales del chavismo (las regionales, las parlamentarias de 2020 y 2025 y el proceso presidencial) fue entregado formalmente a organismos multilaterales, embajadas y gobiernos aliados. “Eso permitía dar un sustento jurídico a lo que estaban haciendo”, explica una fuente con conocimiento de la política exterior. El desconocimiento de la AN-2015, como órgano internacionalmente reconocido y legítimo, se convirtió en un fundamento jurídico y político para la toma de decisiones en materia de política exterior.
El costo de esa disciplina fue elevado. La Asamblea llegó a tener siete parlamentarios presos y seis han fallecido en estos años. El régimen allanó ilegalmente la inmunidad parlamentaria de muchos diputados, como paso previo a secuestrarlos. Cuando la persecución arreció en 2024, el cuerpo aprobó una normativa para celebrar sesiones secretas. Y en las plenarias del año pasado, con varios diputados detenidos y la mayoría de los que permanecen en Venezuela obligados a mantener un perfil bajo, el secretario asignó a cada diputado un seudónimo para conectarse a la sesión, y fue él, facultado por el reglamento para verificar el quórum, quien validó la asistencia. Así se aprobó la continuidad y, en enero, pudo instalarse la nueva Comisión Delegada.
Hoy, la Asamblea cuenta con 154 diputados, entre principales y suplentes. El quórum reglamentario es de 84 y, según la fuente, las plenarias siempre han superado los 100 principales. Las suplencias operan de forma automática, sin trámite: cuando un principal falta, renuncia o cae preso, el suplente asume.
La composición ha cambiado con los años. Los diputados chavistas se retiraron y, en 2020, se sumó la fractura de los llamados “alacranes”. La Asamblea adoptó entonces un criterio para desincorporar a quienes se postulaban a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen.
Hoy Primero Justicia mantiene la bancada más numerosa, seguida por Acción Democrática y Voluntad Popular. La mayoría de los diputados de Un Nuevo Tiempo rompió con la línea de su partido, que participó en la elección de 2025, y conformó una fracción propia llamada Democracia Parlamentaria. La fracción 16 de Julio, vinculada a María Corina Machado, creció con incorporaciones provenientes de otros partidos.
El dinero que no tocaron
El argumento central que la Asamblea esgrime para justificar su década de resistencia es de carácter patrimonial. Su existencia como órgano legislativo reconocido bloqueó el acceso del régimen a los fondos del Fondo Monetario Internacional y a los mecanismos multilaterales de crédito, lo que frenó el crecimiento de la deuda pública en los últimos años.
El caso más visible es el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, objeto de un litigio que la Asamblea mantiene desde hace años. “La gente decía: ‘¿Cómo es eso de que ustedes [la Asamblea] están pagando 4 millones de dólares a abogados?’”, dijo una fuente consultada. “[El valor del oro] era de 2.200 millones de dólares y hoy es de 4.300 millones. Dime si valió la pena invertir 4 millones para que [el chavismo no] lo desapareciera.”
Las decisiones de la Asamblea tuvieron efectos prácticos para los venezolanos comunes. La extensión de la vigencia de los pasaportes vencidos, aprobada en plenaria, permitió que Estados Unidos y otros países siguieran reconociéndolos.
El Legislativo que Washington reconoce
La caída de Nicolás Maduro en enero reordenó el tablero. Delcy Rodríguez emergió como presidenta encargada y Washington optó por tratar con ese Ejecutivo sin retirar su reconocimiento a la AN-2015. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio compareció ante el Senado en enero, reafirmó ese reconocimiento y habló de buscar fórmulas creativas para avanzar en la transición, según recuerda una fuente parlamentaria. “Todo el mundo entró en crisis cuando [Estados Unidos] reconoció al Ejecutivo”, dijo. “Pero reconocieron al Ejecutivo. Nosotros seguimos siendo el Legislativo que ellos [Estados Unidos] reconocen.”
Ese diseño, sin embargo, no fue una construcción autónoma de la Asamblea. Según una fuente con conocimiento directo de las gestiones, fue Washington quien planteó desde el inicio un esquema de tres fases (estabilización, recuperación y transición) y buscó, para la fase de transición, un instrumento institucional estable para su ejecución.
La AN-2015 negoció condiciones dentro del esquema estadounidense. A mediados de abril, envió una carta al Departamento de Estado en la que pedía que el mecanismo contara con el acompañamiento y la garantía directos de Estados Unidos en la mesa. “Esto no es una negociación Oposición-Delcy Rodríguez”, dijo la fuente. “Es una negociación Oposición-Estados Unidos-Delcy Rodríguez.”
Ese estatus es el que la Asamblea lleva ahora a la mesa. 12 diputados integrarán, en principio, el mecanismo de negociación: seis en un rol principal y seis en un rol de soporte técnico y operativo que aún se define. Los primeros seis serían Dinorah Figuera (PJ), Marco Aurelio Quiñones (VP), Juan Miguel Matheus (PJ), Ramón López (PJ), Jorge Millán (PJ) y Sergio Vergara (VP), según Efecto Cocuyo. El objetivo declarado es contar con un árbitro electoral creíble, garantías de participación política y resultados visibles para diciembre de 2026.
Varias fuentes consultadas concuerdan en que el proceso genera tensiones dentro de la propia oposición y que la desconfianza acumulada pesa. Por eso, dice una de ellas, la Asamblea ha planteado un mecanismo de doble validación. Todo lo acordado con el régimen deberá aprobarse también en las plenarias de la AN-2015 y el régimen debería comprometerse a hacer lo mismo, sin debate, en la Asamblea controlada por ellos. “Si mañana a esto se le da una vuelta y nos vuelven a poner la pata encima, nosotros podemos decir: nunca te reconocimos plenamente. Siempre validamos con nuestro mecanismo.”
Hay una ironía en el calendario. El mismo Estatuto que mantuvo viva a la Asamblea le fijó fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2026, o antes si se convocan elecciones parlamentarias legítimas. El Parlamento que sobrevivió una década escondiéndose tiene ahora poco más de cinco meses, a partir del 1 de agosto, para negociar las condiciones de su propio reemplazo. Los diputados de aquella selfie de 2016 creían haber logrado las condiciones para una transición. Los que se mantienen a día de hoy asumen un mandato para conseguirlas finalmente.