El Comité de Postulaciones Judiciales, con mayoría de la sociedad civil, recibe las postulaciones de quienes aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al 5 de noviembre, el comité contabilizaba 306 postulaciones y avanzaba en la revisión de los requisitos previos.
Para entender las dinámicas internas del Comité, conversamos con Guillermo Tell Aveledo, politólogo, doctor en Ciencias Políticas y decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet), quien integra el Comité como representante de la sociedad civil tras postularse por iniciativa propia.
Conversamos sobre el baremo con el que se evaluará a los aspirantes, la autonomía del comité frente a la mesa de negociación, la relación entre los distintos miembros, sus motivaciones y lo que tendría que ocurrir para que el proceso valga la pena.
Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad.
¿Qué lo llevó a postularse al Comité de Postulaciones Judiciales?
He sido partidario de cómo se va desarrollando el proceso. Es importante que tengamos una apertura institucional, que aprovechemos la oportunidad que nos brindan las circunstancias externas y que actuemos en consecuencia. Estoy en una coyuntura institucional particular, porque a nosotros, los decanos de las facultades de ciencias jurídicas y políticas, nos han consultado sobre distintos temas de esta etapa. Hubo una primera convocatoria sobre la agenda legislativa, que no avanzó demasiado, y después del terremoto, en medio de todos estos diálogos y conversaciones, hubo consultas concretas en torno a las reformas institucionales y la mesa de diálogo. Esas consultas se formalizaron entre los decanos, y lo que yo veía en mis colegas era la inquietud de cómo se estaba llevando este proceso, qué iba a ser, quiénes iban a estar allí, qué podíamos hacer. No los veía como espectadores, sino que pensaba en cómo las universidades podíamos colaborar para lograrlo.
A diferencia de casi todos mis compañeros decanos, soy uno de los que no es abogado, o uno de los de Caracas que no lo es. Llevo ya cierto tiempo como decano y, salvo en algunas universidades nacionales, soy de los más antiguos en el cargo. Pensé: ¿cómo puedo contribuir? Las universidades pueden contribuir de tres maneras: doctrinalmente, dando consejo sobre el baremo y la idoneidad técnica de los candidatos; en términos de participación, con las candidaturas propiamente dichas; y avalando el proceso desde dentro.
Participar en el Comité de Postulaciones Judiciales era una tarea que creía que podíamos hacer. Diversos actores cercanos al proceso me preguntaron si veía con buenos ojos la participación de las universidades. Yo pensaba que sí, y estaba bastante decidido cuando estas personas se me acercaron. Fue por eso: tratar de apuntalar el proceso y darle, además, criterio técnico y pro-democrático, que es la dirección que creo que debe tener.
Esto lleva a otro punto. El sentido del deber republicano es importante, pero también lo es la idea de colaborar fuera de la academia. A veces, en la academia, tendemos a hacer diagnósticos y no nos mojamos en el ambiente; creo que es el momento de aportar. Tenemos una oportunidad inédita, y eso me ha inspirado.
Por último, siempre les he dicho a los estudiantes de Derecho de la facultad, algunos de los cuales son mis estudiantes porque los veo en Introducción a la Política u otras materias cuando hacen planes de estudio simultáneos, que me los imagino como un signo del futuro cuando sean jueces y magistrados. Para eso falta muchísimo, pero la idea de poder incidir en el cambio del sistema judicial era importante. Mi hija estudia Derecho y quiero un sistema de justicia bueno, donde ella pueda desempeñarse con honestidad y tranquilidad.
Entre los 127 postulados, se señalaron algunos perfiles con vínculos partidistas y, finalmente, se designaron 12. ¿Cómo evalúa el filtro aplicado para llegar a esos 12? ¿Cree que la integración final refleja una sociedad civil plural e independiente?
Sí, ciertamente, al punto de que no nos conocemos previamente. Yo solo conozco a una de las personas, de trato, vista y consideración. Del resto, los que estamos allí no nos conocemos, así que, de entrada, eso me refleja bastante pluralidad.
Que no nos conozcamos, pese a estar en círculos profesionales similares, es para mí un símbolo de que esto no está preacordado ni preacomodado de ninguna manera. Algunos vienen de iniciativa propia y otros son apoyados por instituciones y fundaciones. Yo vengo de la academia, pero otros vienen de la práctica jurídica, otros de otras profesiones, otros de la carrera judicial propiamente dicha, otros de las ONG. Así que sí, creo que es bastante representativo de sectores de la sociedad, como dice la ley, y de la sociedad en general.
En mi caso, me postulé por iniciativa propia justamente para evitar que la universidad se sintiera inhibida. Yo presido el consejo de facultad, y quería evitar que el consejo tuviera que pronunciarse en un sentido u otro sobre una candidatura o un aval. No comprometo a la universidad ni al consejo universitario, del cual también soy miembro.
¿Cómo evalúa la disposición de los miembros, tanto diputados como los de la sociedad civil, para ceder o concertar acuerdos que ayuden a avanzar? ¿Cuál es el espíritu actual del comité de postulaciones?
Nosotros estamos enmarcados en un proceso más amplio. El Comité de Postulaciones tiene la potestad de revisar lo que técnicamente puede hacer para aconsejar, porque somos un cuerpo asesor para los decisores últimos de este proceso, que formalmente es la Asamblea Nacional, de nuevo, enmarcado en un proceso más amplio de negociaciones.
Los cuestionamientos, las indicaciones, las alertas y las críticas se plantean abiertamente. No todo ha sido visto de manera unánime, pero, en general, por ejemplo, la confección del baremo se alcanzó de manera unánime, punto por punto. Cuando se ha planteado algo, se ha discutido. A veces hay criterios y visiones distintos sobre el Estado y la historia reciente del país; eso está ahí, pero hemos podido discutirlo sin crispaciones, y eso lo encuentro positivo.
El TSJ ha estado integrado durante más de dos décadas por personas que no han cumplido con los requisitos exigidos por la ley. El comité publicó el baremo para la escogencia de perfiles: ¿qué nos puede decir de este instrumento, qué incluye, qué le está sumando a este proceso? ¿Qué los diferencia de otros? Se lo pregunto, sobre todo, pensando en aquellos sectores de la población que desconfían del proceso.
Sin calificar procesos anteriores, porque tenemos resultados que todos conocemos, el sistema judicial que existe y los resultados previos de esas visiones, una justicia muy politizada, muy partidizada, eso está allí. Nosotros teníamos un borrador de trabajo, que fue planteado como un punto de partida desde cero, con principios.
¿Qué queríamos como principios? Equilibrar las rutas constitucionales en torno al tema y potenciar el aspecto académico para reducir los elementos de discrecionalidad. Debe haber algún tipo de discrecionalidad, algún criterio, porque no todo se puede ver en la trazabilidad documental: yo puedo decir cualquier cosa en los documentos, podría incluso mentir, o tener un gran currículum y ser una persona improba, un talento sin probidad. Pero lo esencial era mantener un equilibrio entre las rutas hacia la magistratura y hacia otras posiciones, como la de inspector general de tribunales y la de directora ejecutiva de la magistratura.
¿A qué nos referimos? La Constitución y la ley establecen que se tiene derecho a las posiciones en el TSJ tras cierta experiencia, como abogado, profesor de derecho o juez. Entonces tratamos de equilibrar las cosas para que una persona pueda acceder de manera razonable, independientemente del origen de su carrera. ¿Qué la va a diferenciar? Su formación, su cualidad intelectual y la entrevista.
Las leyes y la Constitución exigen un posgrado en Derecho, de manera un tanto vaga. Sabemos que hay posgrados y “posgrados”, y en Venezuela hay muchísimos estudios de posgrado. Calificarlos o no implicaría una serie de fases externas que merecen revisión y discusión, pero, en cualquier caso, están jerarquizados: los doctorados, las maestrías, las especializaciones y otros estudios de cuarto y quinto nivel, como una exigencia potencial. El postulante podría obtener un máximo de esos puntos. En términos de la carrera, el punto diferenciador es relativamente escaso, y eso es por diseño.
Hemos ido añadiendo al baremo elementos que reflejan también la diversidad: la participación en ONG de derechos humanos y de reforma de la justicia, y en trabajos comunitarios y de extensión, que también implican lo popular y la justicia social. Pero, por supuesto, la diferencia la hará qué tan potente sea cada elemento. Si tienes varios doctorados, alguien podría preguntar por qué el doctorado vale tanto. Porque los doctorados tienen un peso específico mayor, aunque eso sea solo una parte del puntaje.
Mucha gente ve el baremo desde su propia perspectiva y a su propia medida, y hay opiniones al respecto. Hemos querido nosotros fortalecer la creación intelectual. Es muy importante que haya una creación doctrinal, una creación intelectual que avale ese trabajo. A veces, ¿qué diferencia a un doctorado de acreditación limitada de uno de gran acreditación? La trayectoria de publicación del aspirante, ahí se nota. Y eso va a ser evidente, porque no puedes, en cierta medida, falsificar tu trayectoria para estar a prueba de este baremo. Tienes que haber tenido algo previo y asentarlo allí.”
El comité es un órgano previsto en la ley, pero su ampliación y este proceso de renovación del TSJ surgieron de lo acordado en la mesa de negociación. ¿Cómo ve usted el rol del comité en ese proceso político? ¿Es el ejecutor de lo acordado en la mesa o un actor con autonomía propia? ¿Han recibido lineamientos o expectativas de la mesa sobre cómo conducir el proceso, o el comité decide de manera independiente?
Estamos rodeados del proceso. La idea de recibir lineamientos o instrucciones no es el caso, pero por supuesto hay interacciones propias de esta dinámica. En rigor, somos autónomos y trabajamos de manera autónoma. Podemos recibir insumos y comentarios, pero en general hemos trabajado de forma autónoma. Ellos [la mesa de diálogo] tienen su propia dinámica y ya tienen bastante que resolver.
¿Cuál es su opinión de las que se han hecho públicas, tales como la de Jesús María Casal, Juan Carlos Apitz, entre otros? ¿Qué llamado hace a los juristas del país?
Celebro que estén esas manifestaciones, que todos los juristas que consideren que tienen los méritos para hacerlo, al punto de exponerlo ante el país, lo hagan. Da confianza en este proceso y estimula la participación . Eso es lo que quiero transmitir: que se sientan animados los abogados y abogadas del país, que sientan que tienen los méritos y la capacidad, y que pueden competir en buena lid, porque van a ser examinados de manera justa, meritoria y correcta. Esto no va a ser engavetado. No es un proceso predeterminado. Aquí no hay un roster preconcebido. Y hay que hacerlo en el clima político actual. Hay que estimularlo.
Me contenta el hecho de las postulaciones. Cada postulación, para mí, es un éxito y también un reto, porque hay que verla con atención y humildad. Tenemos una grave responsabilidad. Tenemos que ver con exactitud lo que hay allí y ser tan exigentes como lo exijan las circunstancias.
¿Cuántas postulaciones tienen hasta el momento?
Para hoy jueves, 5 de noviembre tenemos 306 postulaciones, hemos revisado los requisitos previos de unas 250 postulaciones. Se han descartado algunos por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por ley.
Hace pocos días regresó al país María Corina Machado, ¿cómo cree que este nuevo escenario influye en el trabajo del comité y en las expectativas que hay sobre el nuevo TSJ?
No comentamos la política de coyuntura internamente, para nada, pero no estamos en una burbuja. Es parte de la dinámica social del país.
Yo estimo que parte del ambiente de libertades renovado implica una mayor presencia de distintos actores. Lo considero celebratorio: el regreso de personas, por ejemplo, que han vuelto para postularse ante esta oportunidad, que están planteándose un avance en sus derechos políticos. Es un símbolo del cambio en el que nos encontramos. A mí eso personalmente me alegra, y mi deseo es que Venezuela tenga una sociedad abierta y pluralista.
Usted viene del mundo académico y hoy vive este proceso desde adentro. Cuando termine su rol en el comité, ¿de qué otra forma le gustaría seguir participando en la vida pública del país?
Habiendo tantos ciudadanos que tienen la oportunidad de servir, creo que sería para mí muy presuntuoso plantear eso. ¿Qué deseo yo? Deseo que esto sea una posible habilitación para que millones de ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos políticos. Yo, feliz de regresar a la universidad, sin ambiciones adicionales.
¿Qué tendría que ocurrir al final de este proceso para que usted pueda decir “valió la pena haber participado”?
Cambiar la situación de extrema politización de la justicia venezolana y apuntar hacia criterios de modelaje técnico, intelectual y ciudadano que permitan a los jueces apuntar a un nuevo modelo de juez. Venezuela tiene muchos años de deuda con el sistema judicial y consigo misma, por no haber logrado un sistema que, por diversas razones, resulta absolutamente insatisfactorio. En ese sentido, para mí ese comienzo ya sería satisfactorio.
¿Cuánto será esto, en qué proporción, en qué temas? Depende de los actores de la negociación. Lo que nosotros podamos presentar, lo más limpio posible, mejorará eso, y dependerá mucho de las candidaturas. Si solo están las candidaturas de siempre dentro del Estado, poco podríamos hacer.
Y pensando en caso contrario, en el que predominen perfiles netamente partidistas para el TSJ, ¿cuál sería su postura?
Lo veo en un orden de posibilidad bajo, prácticamente imposible por el momento. Dicho esto, no quiero decir que vaya a ser algo perfecto, porque toda creación humana es imperfecta. Pero si hubiera algo completamente contrario a la dirección general hacia una apertura democrática y una liberación del tema político, y si eso se hubiera hecho a expensas de criterios que pudimos conversar y aplicar, contraviniendo el trabajo realizado, sí, por supuesto, me habría obligado a plantearlo. No estoy poniendo asteriscos aquí, creo que es algo muy concreto.
Por ahora, hay que cuidar el proceso para que haya confianza en él y para que participen más y mejores ciudadanos. Pero, a la vez, no hay que cuidar tanto el proceso como para que este se vuelva independiente de la transformación del sistema de justicia. Si eso no se logra porque no hicimos bien el trabajo, tendré que rendir cuentas. Y si no se logra porque el trabajo fue desoído, tendré que reclamar.
