La reconstrucción de Venezuela no puede convertirse en el último gran negocio del chavismo
La reconstrucción de Venezuela dependerá, antes que del dinero, de quién administre esos recursos y bajo qué reglas
Los terremotos del 24 de junio devastaron buena parte de la región central del país. Sin embargo, encontraron una Venezuela cuya capacidad de respuesta ya había sido erosionada durante años. La tragedia natural ocurrió el 24 de junio, pero la destrucción del Estado comenzó mucho antes.
Mientras más se habla del dinero que hará falta para levantar las ciudades destruidas por los terremotos, más necesario resulta preguntarse por qué un país que administró la mayor renta petrolera de su historia llegó a esta tragedia sin ahorros públicos suficientes, sin infraestructura resiliente, con hospitales colapsados, organismos de emergencia debilitados y buena parte de sus capacidades técnicas dispersas fuera del territorio nacional.
La discusión pública se ha centrado casi exclusivamente en el costo de la reconstrucción. El Banco Mundial estima que los daños físicos directos rondan los US$19.600 millones, mientras que distintas evaluaciones elevan el costo total de la recuperación hasta cerca de US$50.000 millones al incorporar infraestructura resiliente, la modernización de los servicios públicos y la reducción del riesgo frente a futuros desastres. Son cifras extraordinarias para cualquier economía latinoamericana y gigantescas para un país que todavía intenta recuperarse de la contracción económica más profunda registrada en la historia moderna de la región.
Durante más de dos décadas, el país dispuso de recursos suficientes para modernizar hospitales, reforzar puentes, ampliar puertos, renovar el sistema eléctrico, construir viviendas de calidad e invertir sostenidamente en infraestructura crítica. Sin embargo, cuando ocurrió el mayor desastre natural de las últimas décadas, el aparato público respondió con una evidente incapacidad para coordinar una respuesta acorde con la magnitud de la catástrofe.
La reconstrucción, por tanto, no consiste únicamente en reemplazar edificios dañados. Exige reconstruir la capacidad del Estado para planificar, contratar, supervisar y ejecutar obras públicas sin que los recursos vuelvan a perderse en las mismas redes de corrupción, improvisación y opacidad que caracterizaron buena parte de la administración pública durante el chavismo.
La literatura especializada sobre gestión del riesgo insiste en que los fenómenos naturales producen daños, pero que las instituciones determinan la magnitud de los desastres. Dos países pueden enfrentar terremotos de intensidad similar y obtener resultados completamente distintos dependiendo de la calidad de su infraestructura, de la capacidad de respuesta de sus organismos públicos y del funcionamiento de sus sistemas de planificación.
Venezuela enfrentó el doble terremoto con una vulnerabilidad acumulada durante más de un cuarto de siglo. Distintos organismos internacionales advertían sobre el deterioro sostenido de hospitales, escuelas, redes eléctricas y sistemas de agua potable. Investigaciones de Armando.info documentaban graves irregularidades en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mientras que Transparencia Venezuela registraba centenares de obras públicas inconclusas financiadas con recursos del Estado.Ese contexto explica por qué la discusión sobre la reconstrucción no puede limitarse al origen del dinero. La pregunta de fondo es otra: ¿qué garantías existen para impedir que los recursos destinados a reconstruir Venezuela recorran el mismo camino que siguió buena parte de los recursos públicos durante los últimos veintisiete años? Esa pregunta ya no es únicamente venezolana.
La información publicada recientemente por Bloomberg indica que la administración Trump estudia utilizar parte de los activos venezolanos congelados en el extranjero para financiar la reconstrucción mediante un esquema de auditorías independientes, mecanismos de trazabilidad y desembolsos condicionados al cumplimiento verificable de proyectos específicos. Más allá de las dificultades jurídicas que todavía enfrenta esa propuesta, el mensaje es claro: antes de discutir el volumen de los recursos, la comunidad internacional quiere discutir las reglas bajo las cuales esos recursos serán administrados. Y tiene razones para hacerlo.
El costo de destruir las instituciones
Durante más de dos décadas, el Estado venezolano administró una riqueza extraordinaria sin que esa bonanza se tradujera en instituciones más sólidas, infraestructura más segura o servicios públicos de mejor calidad. Ocurrió exactamente lo contrario.
Mientras aumentaban los ingresos petroleros, disminuían los mecanismos de control sobre dichos recursos. El presupuesto perdió centralidad como instrumento de planificación, los organismos encargados de fiscalizar el gasto fueron perdiendo autonomía y una parte creciente del dinero público comenzó a administrarse mediante fondos paralelos, procedimientos excepcionales y decisiones cada vez más discrecionales. Ese cambio transformó la naturaleza del Estado venezolano.
La administración pública dejó de responder principalmente a reglas impersonales y pasó a depender progresivamente de la voluntad de quienes concentraban el poder. Los controles institucionales fueron sustituidos por la lealtad política; la contratación pública perdió transparencia; la rendición de cuentas se convirtió en una excepción y la información oficial desapareció gradualmente del escrutinio ciudadano. El resultado fue un Estado que manejaba enormes cantidades de dinero mientras perdía la capacidad de convertir esa riqueza en bienes públicos duraderos.
El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) resume buena parte de ese proceso. Creado en 2005 para financiar proyectos estratégicos de inversión, terminó administrando alrededor de US$174.000 millones con niveles de supervisión pública muy inferiores a los que cabría esperar para un fondo de esa magnitud. Aquello fue la expresión de un modelo de gestión que privilegió la discrecionalidad por encima de la institucionalidad.
A ello se sumaron los miles de millones de dólares comprometidos en obras inconclusas documentadas por Transparencia Venezuela, las tramas de corrupción alrededor de PDVSA investigadas en varias jurisdicciones, el sistema de control cambiario que facilitó uno de los mayores mecanismos de extracción de rentas de la historia económica venezolana y una larga lista de proyectos cuya ejecución nunca guardó relación con los recursos comprometidos. Cada hospital inconcluso, cada puente abandonado y cada planta industrial paralizada representan instituciones que dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas.De acuerdo con el Financial Times, el esquema petrolero implementado bajo supervisión estadounidense habría generado más de US$13.000 millones para Venezuela durante 2026. Paralelamente, The New Yorker citó a un alto funcionario de la administración estadounidense, según el cual Washington “autorizó el uso de más de US$6.000 millones por parte del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez para distintas áreas de gestión pública”. Este mismo año el Estado venezolano ha tenido acceso a recursos extraordinarios. Sin embargo, la información pública sobre su ejecución sigue siendo insuficiente.
¿Cuánto de ese dinero se ha desembolsado efectivamente? ¿En qué proyectos concretos? ¿Qué organismos los ejecutan? ¿Quién audita esos recursos? ¿Dónde pueden consultarse los contratos, los avances físicos de las obras o las evaluaciones independientes sobre su impacto?
La ausencia de información tiene consecuencias políticas mucho más profundas de lo que parece. Porque si todavía resulta difícil reconstruir el recorrido de miles de millones de dólares administrados durante este mismo año, ¿sobre qué base podría pedirse confianza para gestionar una reconstrucción que probablemente exigirá varias veces esa cantidad?
Ese es, probablemente, el verdadero significado de la información publicada por Bloomberg. La discusión sobre auditorías independientes, trazabilidad financiera y desembolsos condicionados no responde únicamente a una decisión de política exterior estadounidense. Responde a una constatación mucho más amplia: la reconstrucción de Venezuela exigirá mecanismos extraordinarios de transparencia, porque la experiencia ordinaria de la administración pública venezolana destruyó la confianza que hacía extraordinarios a dichos mecanismos.
La transición también es una política de reconstrucción
La reconstrucción exigirá credibilidad. Y la credibilidad se construye con información pública, licitaciones abiertas, auditorías independientes, trazabilidad financiera, tribunales capaces de sancionar irregularidades y organismos de control que respondan a la ley antes que al poder político. Exactamente los elementos que el chavismo fue desmontando sistemáticamente durante casi tres décadas.
Por eso la transición democrática pasa a convertirse en una condición práctica para reconstruir el país. Ningún programa serio de recuperación podrá sostenerse durante años si quienes deben financiarlo dudan de la capacidad del Estado para administrar honestamente esos recursos.
Mientras tanto, la prioridad sigue siendo otra. Miles de venezolanos necesitan atención médica, alimentos, refugio, agua potable y servicios básicos. La ayuda humanitaria no admite demoras. Pero la ayuda inmediata y la reconstrucción pertenecen a planos distintos. La primera busca aliviar el sufrimiento de las víctimas. La segunda exige transformar las condiciones que hicieron posible una tragedia de semejante magnitud.
Después de todo, ningún país se reconstruye únicamente con concreto. Los edificios pueden reconstruirse relativamente rápido cuando hay recursos. Mucho más difícil es reconstruir la confianza, las instituciones y la capacidad del Estado para administrar el patrimonio público con honestidad y eficacia. Y mientras ese modelo de poder permanezca intacto, la reconstrucción seguirá enfrentando un sistema cleptocrático que convirtió al Estado en un mecanismo de extracción de rentas antes que en un instrumento para producir bienes públicos.
Venezuela se levantará cuando vuelva a existir una república en la que el poder esté limitado por la ley, el dinero público sea auditable y las instituciones sirvan a los ciudadanos y no a quienes gobiernan. Solo entonces la ayuda humanitaria de hoy podrá convertirse en la reconstrucción de mañana y los miles de millones destinados a recuperar el país dejarán de representar un riesgo de saqueo para convertirse, por fin, en una oportunidad de renacimiento.
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