La reforma que podría poner fin al monopolio estatal del sistema eléctrico en Venezuela
El modelo que nacionalizó el sector eléctrico venezolano ahora apuesta por la inversión privada para intentar recuperarlo.
La Asamblea Nacional controlada por el régimen aprobó en primera discusión una reforma que abriría la puerta a la inversión privada en el sistema eléctrico, un sector que ha permanecido bajo control estatal desde 2007. La medida ha representado un giro significativo para el chavismo, que durante años defendió la nacionalización como garantía de eficiencia y soberanía, lo que ha derivado en más de dos décadas de crisis eléctrica en el país.
Un año después de su reelección en 2006, Hugo Chávez decretó la creación de Corpoelec, una empresa estatal concebida para centralizar la generación, transmisión y distribución de energía en Venezuela. Anteriormente, el sistema eléctrico venezolano funcionaba bajo un modelo mixto y regionalizado, en el que coexistían empresas públicas, privadas y de capital extranjero. La nacionalización del sector dejó fuera a 14 empresas que operaban con capital extranjero.
En 2009, cuando los apagones comenzaron a convertirse en una preocupación nacional, Chávez atribuyó la crisis eléctrica a la severa sequía provocada por el fenómeno de El Niño y al creciente consumo energético de los venezolanos. Entre las medidas anunciadas para combatir la baja producción de electricidad figuraban campañas de ahorro, restricciones al consumo en oficinas públicas, la prohibición de importar equipos de alto consumo e incluso el alquiler de un avión para bombardear las nubes sobre el embalse de Guri y provocar lluvias.
Durante esos años, el discurso oficial culpaba a la sequía y a los picos de demanda de energía por la emergencia, mientras los cortes de energía se multiplicaban en todo el territorio y el gran cuestionamiento ciudadano era la falta de inversión y de planificación que el gobierno no priorizaba en el sistema.
A poco de la muerte de Chávez en el 2013, ocurrió el primer apagón nacional, que dejó al 80% del país sin luz durante más de un día. Para ese entonces, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez, instauró un programa de racionamiento que se conoció como “Programa de Administración de Cargas”. Ya era demasiado tarde. El sistema estaba tan colapsado que las fallas de luz en el país iban más allá del racionamiento; se convirtieron en parte del día a día de los venezolanos.
En el primer semestre de 2026 se registraron 36 protestas en Venezuela por fallas eléctricas y 47 cortes eléctricos no programados.
El proyecto de ley aprobado esta semana pretende abrir la puerta a la participación de empresas privadas en el sector eléctrico, contempla cambios en las tarifas y reduce parte del control centralizado que actualmente ejerce Corpoelec. Lo anterior, por iniciativa de Delcy Rodríguez, quien impulsa reformas a las leyes de hidrocarburos y minerales justo la semana después de la captura de Maduro. Al permitir una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en el sector petrolero, se busca atraer capital e inversiones, lo que disminuye el control directo del Estado sobre la principal fuente de ingresos del país, que en su momento fue uno de los fundamentos históricos del proyecto chavista.
El colapso del sistema eléctrico venezolano es consecuencia de decisiones políticas tomadas en las últimas dos décadas y resulta fundamental para entender el alcance de la reforma. Venezuela contaba con una infraestructura eléctrica confiable antes de la llegada de Chávez. La apertura al capital privado sugiere, implícitamente, el reconocimiento de que el modelo de centralización impulsado por el chavismo no solo fue incapaz de mejorar el servicio, sino que terminó por acompañar su progresivo deterioro.
Los diagnósticos más recientes estiman que la recuperación del sistema requerirá entre 15.000 y 40.000 millones de dólares y podría tardar entre cinco y quince años.