El 28 de agosto, en un mensaje en Truth Social, Donald Trump anunció que había logrado “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, mediante el cual Estados Unidos habría conseguido “el control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”. Horas más tarde, Jorge Rodríguez confirmó el acuerdo, proyectando una inversión por más de US$100.000 millones y un ingreso para el Estado venezolano de unos US$209.000 millones.
Pero ¿cómo está conformado el acuerdo?
Prevé otorgar a Estados Unidos el control mayoritario de 17 yacimientos que representan aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo venezolano, lo que equivale al 21,5% de las reservas del país.
Bajo lo anterior, hay dos posiciones claves para entender el alcance político del acuerdo: la de Estados Unidos y la de la sociedad venezolana.
Para Estados Unidos, el petróleo no parece ser un objetivo aislado, sino una herramienta dentro de una estrategia más amplia de estabilización económica y reordenamiento político de Venezuela.
En una entrevista con Sergio Novelli, el secretario de Estado Marco Rubio vinculó explícitamente la recuperación de la industria petrolera con una eventual transición democrática. Rubio sostuvo que Venezuela deberá ser gobernada por un gobierno elegido democráticamente, pero advirtió que la democracia no se reduce a celebrar elecciones; estas deben ser válidas y producirse en un país que no se encuentre nuevamente sumido en una crisis económica.
Esta lógica ayuda a entender la posición de Washington. Primero, a reconstruir la capacidad económica del país y, después, a consolidar las condiciones para una transición política. El petróleo aparece como el mecanismo para atraer inversión, recuperar la producción y generar ingresos que, según Rubio, permitan que un futuro gobierno electo reciba un país estabilizado. Al mismo tiempo, Estados Unidos busca reducir la influencia de China y Rusia en la industria venezolana y poner fin al salvavidas energético con el que Caracas sostiene al régimen cubano.
Rubio también defendió el derecho de María Corina Machado y de otros dirigentes opositores exiliados a regresar a Venezuela y participar en política sin poner en riesgo su seguridad. Sin embargo, evitó presentar el acuerdo petrolero como un pacto directamente con el gobierno de Delcy Rodríguez; aseguró que el entendimiento es con una empresa privada, North American Blue Energy Partners (NABEP).
La posición de la sociedad venezolana es, en cambio, mucho menos uniforme. El anuncio ha generado apoyo entre quienes consideran que la llegada de capital extranjero puede contribuir a la recuperación de una industria petrolera prácticamente colapsada, pero también ha suscitado fuertes cuestionamientos sobre la soberanía y el destino de los recursos.
Una de las principales críticas proviene de organizaciones de la sociedad civil. Provea cuestionó la opacidad del acuerdo y exigió conocer sus términos, la ubicación de los 17 campos y los posibles impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La organización advirtió además que, si los proyectos afectan territorios indígenas o áreas protegidas, deberían garantizarse los procesos de consulta previa y los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Para algunos venezolanos, la inversión estadounidense puede ser una oportunidad para recuperar la producción y generar ingresos. Pero también, entregar derechos de explotación a largo plazo sin transparencia ni participación ciudadana reproduce una lógica de concentración de poder sobre los recursos del país y, peor aún, sigue reconociendo el gobierno ilegítimo de los Rodríguez, quienes estarían tomando decisiones inconstitucionales con otros países, jugando al azar con el futuro de la prosperidad de los venezolanos.
Estados Unidos presenta el acuerdo como una vía para estabilizar Venezuela y preparar el terreno para una transición democrática. Parte de la sociedad venezolana, en cambio, se pregunta si es posible hablar de reconstrucción democrática cuando se toman decisiones sobre uno de los principales activos del país sin un debate público amplio y bajo un gobierno que aún no ha sido elegido.
Algunas noticias de estos últimos 15 días:
Pacific Coast Energy, una petrolera californiana de menor tamaño, avanza más rápido que grandes compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips para entrar al mercado venezolano. La empresa negocia operar algunos campos petroleros, aunque enfrenta una disputa con la familia Cisneros, que reclama la propiedad de parte de esos activos y exige US$2.000 millones por concepto de pérdidas.
Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela, cuestionó el rumbo del chavismo y criticó la influencia de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez. Jaua sostiene que el chavismo perdió el rumbo al convertirse en “partido de Estado” y advierte sobre una creciente división dentro del movimiento, mientras que otras figuras históricas, como Francisco Arias Cárdenas, también cuestionan la actual negociación con EE.UU.
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos para deportar a inmigrantes en situación irregular, priorizando a quienes cometan delitos. La medida podría afectar especialmente a la población venezolana: de los 2,8 millones de venezolanos en Colombia, unos 848.000 estarían en situación irregular, según Migración Colombia.
Venezuela eliminará las alcabalas policiales, una herramienta utilizada durante años para vigilar y controlar la disidencia política. Delcy Rodríguez anunció que serán reemplazadas por patrullajes policiales, lo que se presenta como un cambio hacia mecanismos de seguridad más profesionales y respetuosos de los derechos ciudadanos.
Asesores legales y financieros crearon un comité para organizar a los acreedores comerciales de Venezuela de cara a una eventual reestructuración de la deuda. La iniciativa busca coordinar a las empresas con reclamaciones pendientes y garantizar su representación en futuras negociaciones con Caracas.
El chavismo frenó una propuesta para dolarizar formalmente la economía venezolana. El diputado Antonio Ecarri fue destituido de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-EE. UU. y quedó bajo investigación tras anunciar conversaciones con el economista Steve Hanke para impulsar la sustitución del bolívar por el dólar.
Chevron, ONGC, GE Vernova, Eni y GeoPark avanzan hacia acuerdos definitivos para operar en Venezuela.
Venezuela evalúa abandonar la OPEP en medio de su creciente acercamiento a Estados Unidos. La posibilidad ha sido discutida con funcionarios estadounidenses, aunque aún no hay una decisión definitiva. Una eventual salida marcaría un nuevo giro en la política petrolera venezolana y un golpe al cártel que el país ayudó a fundar hace más de seis décadas.
El cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, busca hacerse con el control de al menos tres campos petroleros venezolanos, según fuentes citadas por Reuters.
Le estamos poniendo el ojo:
María Corina Machado se pronunció sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez y evitó cuestionar la llegada de inversión estadounidense a Venezuela. Por el contrario, reconoció a Estados Unidos como el principal socio que el país necesita para desarrollar su potencial energético. Su preocupación está en las condiciones del acuerdo ya que cuestionó que todavía no se conozca con claridad quién firma, qué se está firmando, quién aporta el capital, qué garantías existen y cómo se beneficiarán los venezolanos. Para ella, los recursos del país no pertenecen a un régimen, sino a los venezolanos.
Su posición plantea una alternativa al modelo actual: atraer grandes inversiones, pero con transparencia, legalidad y reglas claras. Su propuesta energética contempla una Asamblea Nacional legítima que apruebe el marco legal, una Agencia de Hidrocarburos independiente, licitaciones públicas, un régimen fiscal estable y mecanismos de arbitraje internacional. La recuperación petrolera no puede desvincularse de la reconstrucción institucional; sin un gobierno democrático y sin instituciones sólidas, sostiene, difícilmente habrá estabilidad para las inversiones a largo plazo.
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