Pacto de libre asociación, el modelo que EE.UU. estudia para Venezuela
La Casa Blanca examina el envío de 3.000 técnicos y una inversión inicial de 3.000 millones de dólares para dirigir la reconstrucción de Venezuela
La administración Trump examina una fórmula extraordinaria de administración y tutela transicional para Venezuela con el fin de dirigir la reconstrucción del país y preparar elecciones democráticas, según el periodista David Alandete, del diario español ABC.
Respecto a Venezuela, Washington discute el envío de unas 3.000 personas y una inversión inicial de cerca de 3.000 millones de dólares. La mayor parte del contingente sería civil y de ingeniería. Una parte importante procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañada por especialistas en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones y energía.
Este contingente participaría en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los terremotos, además de coordinar la ayuda humanitaria fuera del control de las instituciones aún controladas por el chavismo.
Una fuente consultada por ABC compara el modelo que estudia Washington con los pactos de libre asociación que Estados Unidos mantiene con las Islas Marshall, Palaos y Micronesia, varios archipiélagos ubicados en el Pacífico, entre Australia y Hawái.
A cambio de asistencia económica, acceso a programas federales de salud y educación, y derecho de sus ciudadanos a residir y trabajar en Estados Unidos sin visa, estos Estados cedieron a Washington el control militar exclusivo sobre sus territorios y sus aguas, incluido el atolón de Kwajalein, sede de un polígono de pruebas de misiles balísticos con derechos vigentes hasta 2066.
Esa cesión de defensa es viable para archipiélagos con 200.000 habitantes combinados, sin fuerzas armadas propias de peso, sin fronteras terrestres que proteger.
No obstante, sería inconveniente para Venezuela adoptar este tipo de esquema. Tiene 30 millones de habitantes, 916.000 kilómetros cuadrados de territorio, fronteras terrestres con Colombia, Brasil y Guyana, salida al Caribe y las mayores reservas de petróleo del planeta.
A esa diferencia de escala se suman dos frentes activos que exigirán contar con capacidad militar propia. Uno es la frontera con Colombia, de más de 2.200 kilómetros, con presencia de disidencias de las FARC y del ELN en la zona binacional.
El otro es la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, un diferendo de 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela mantiene activo ante la Corte Internacional de Justicia y que involucra, además, los intereses petroleros de ExxonMobil en aguas en disputa. Delegar la conducción de la defensa nacional en un tercero, mientras esos dos frentes permanecen abiertos, dejaría a Venezuela sin capacidad de coerción militar en escenarios clave.
Para que un esquema inspirado en el modelo de Pacto de Libre Asociación (COFA por sus siglas en inglés) resulte sostenible en el caso venezolano, tendría que apartarse del original en su punto más sensible: la soberanía.
Washington podría aportar capacidad técnica, financiamiento y respaldo político durante la reconstrucción y la transición, pero la conducción de la defensa nacional, la política exterior y el control del territorio deben permanecer en manos venezolanas.
Un protectorado técnico con plazos de salida definidos y verificables puede ser viable estratégicamente. Una cesión de soberanía sin límite temporal, aplicada a un país del tamaño y la posición estratégica de Venezuela, no lo es.
El Pacto de Asociación delimita, en todo caso, el techo político que la administración Trump acepta discutir en torno a Venezuela. Trump ha bromeado con convertir al país en el estado 51, pero esa hipótesis no formaría parte de los planes reales examinados por su gobierno.
El plan continúa en discusión y no ha sido aprobado por la Casa Blanca; tampoco existe una fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente, ni qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias.