El 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos fue derrocado por los militares. Había sido elegido presidente mediante el voto universal, directo y secreto y llevaba apenas nueve meses en Miraflores. Su ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, terminó integrando la junta militar que puso fin a aquella experiencia democrática.
Los militares le habían presentado un ultimátum. Gallegos se negó a aceptarlo. Al día siguiente, los hombres que debían obedecer al presidente constitucional decidieron destituirlo. Así comenzó una dictadura que se prolongó hasta enero de 1958. El episodio está documentado en los archivos diplomáticos estadounidenses de noviembre de 1948 y en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Empresas Polar.
Casi ocho décadas después, Venezuela vuelve a debatir qué hacer con una cúpula militar que podría conservar suficiente poder como para condicionar el futuro político del país.
Tras la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump decidió respaldar la continuidad de Delcy Rodríguez. Reuters informó el 5 de enero que una evaluación de la CIA había identificado a dirigentes del propio chavismo como los mejor posicionados para garantizar la estabilidad inmediata. Según las fuentes consultadas por la agencia, ese informe influyó en la decisión de Washington de no respaldar entonces a María Corina Machado. El País informó que uno de los riesgos identificados era la dificultad de Machado para controlar a las Fuerzas Armadas.
El problema, por tanto, tiene nombre y apellido. Y debe ser discutido, especialmente porque la experiencia de Gallegos demuestra que una democracia puede morir cuando los militares deciden desconocer a quienes tienen la mayoría de los votos.
Pero también tenemos otras experiencias. Y algunas ocurrieron en nuestro propio país.
Gallegos cayó. Betancourt resistió
Rómulo Betancourt asumió la Presidencia en febrero de 1959, apenas un año después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Muchos oficiales habían servido durante la dictadura. Otros rechazaban el nuevo orden constitucional y estaban dispuestos a combatirlo.
En abril de 1960, Betancourt enfrentó la rebelión del general Jesús María Castro León. Dos meses después ,sobrevivió a un atentado organizado con el apoyo de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana. En junio de 1961 ocurrió el Barcelonazo y, al año siguiente, el Carupanazo y el Porteñazo, dos insurrecciones en las que participaron militares y sectores de la izquierda revolucionaria.
Betancourt terminó su mandato y entregó constitucionalmente la Presidencia a Raúl Leoni, quien también enfrentó la insurgencia comunista y, en 1967, el desembarco de guerrilleros venezolanos y de combatientes cubanos en Machurucuto.
Leoni también terminó su mandato.
Aquella democracia sobrevivió durante cuatro décadas. Y cuando Hugo Chávez intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992, fueron los militares institucionales quienes lo enfrentaron y derrotaron. La segunda intentona, en noviembre, también fracasó.
Chávez llegó finalmente a Miraflores mediante elecciones, en 1999. Cuando intentó tomar el poder por la fuerza, los militares leales a la Constitución se lo impidieron.
La experiencia venezolana contiene, por tanto, dos antecedentes: Gallegos fue derrocado; Betancourt resistió y entregó el poder. La diferencia estuvo, entre otras cosas, en los acuerdos políticos que sostuvieron a la democracia y en la actuación de militares que decidieron defenderla.
Argentina, Chile y Panamá: los costos de negociar
Raúl Alfonsín asumió la Presidencia argentina en diciembre de 1983, después de siete años de dictadura. Las Fuerzas Armadas conservaban sus estructuras, su armamento y buena parte de su poder.
Alfonsín hizo algo que todavía hoy merece reconocimiento: llevó a juicio a los comandantes de las juntas militares. En 1985, cinco fueron condenados, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
Después vinieron tres rebeliones carapintadas: Semana Santa de 1987, Monte Caseros y Villa Martelli en 1988. Carlos Menem enfrentó una cuarta en diciembre de 1990 y ordenó combatir a los insurrectos.
Argentina lleva casi 43 años de democracia ininterrumpida. Pero aquella estabilidad tuvo costos. Alfonsín impulsó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que restringieron severamente los procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de la dictadura. Menem indultó a militares procesados y condenados, incluidos los antiguos comandantes. Durante años, la impunidad formó parte de los acuerdos y concesiones que acompañaron la subordinación militar.
La democracia argentina tuvo que corregir esas decisiones después. En 2003 se anularon ambas leyes y, en 2005, la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad, lo que permitió reabrir numerosos procesos por delitos de lesa humanidad.
En Chile ocurrió algo parecido, aunque con características propias. Patricio Aylwin asumió la Presidencia en marzo de 1990, pero Augusto Pinochet permaneció como comandante en jefe del Ejército hasta 1998. La Constitución heredada de la dictadura mantuvo importantes espacios de poder militar y la ley de amnistía de 1978 dificultó durante años la investigación de violaciones de derechos humanos.
Chile recuperó la democracia, pero Pinochet conservó el poder durante buena parte de esa transición. Incluso después de abandonar la comandancia del Ejército, pasó a ocupar un escaño como senador vitalicio.
Panamá siguió otro camino.
En diciembre de 1989, Estados Unidos intervino militarmente y derrocó a Manuel Antonio Noriega. Guillermo Endara asumió la presidencia y las antiguas Fuerzas de Defensa fueron disueltas.
Pero en diciembre de 1990, el coronel Eduardo Herrera Hassán encabezó una sublevación policial contra el nuevo gobierno. Endara solicitó apoyo a Estados Unidos y unos 500 soldados intervinieron para sofocarla. La agencia UPI documentó aquella intervención, así como la decisión del gobierno panameño de recurrir a tropas extranjeras.
La democracia panameña apenas cumplía un año y necesitó apoyo militar de Estados Unidos. Casi 37 años después de la caída de Noriega, los militares no han recuperado el poder.
Los tres países consiguieron sostener sus democracias, aunque mediante decisiones muy distintas. Argentina hizo concesiones que derivaron en impunidad. Chile convivió durante años con el poder de Pinochet. Panamá recurrió directamente al Ejército estadounidense.
La democracia sobrevivió, pero nadie dijo que sería gratis.
El veto contra María Corina
Regresemos a Venezuela y al 3 de enero.
Ese día, Estados Unidos ejecutó una operación militar en nuestro territorio y capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que durante años fue presentada como una fuerza prácticamente invencible, no logró impedirlo.
El chavismo había subordinado la institución a su proyecto político, condicionado los ascensos a la lealtad partidista y convertido buena parte de sus estructuras, en particular la Guardia Nacional, en instrumentos de control y represión interna.
El 3 de enero expuso sus enormes debilidades frente a una potencia militar. Pero también dejó algo claro: buena parte de los generales conservaron sus posiciones, respaldaron a Delcy Rodríguez (sin muchas opciones, claro) y siguieron siendo determinantes en el orden político interno.
No pudieron impedir que Estados Unidos se llevara a Maduro, a quien habían sostenido en el poder. Pero conservaron las armas y la organización necesarias para respaldar a su sucesora impuesta desde Washington.
Es una contradicción que debemos entender. La FANB puede estar profundamente deteriorada como institución de defensa nacional y, al mismo tiempo, conservar suficiente poder para reprimir a la población y condicionar una transición.
Por eso sería absurdo negar la existencia de un veto militar de hecho. La pregunta es qué hacemos al respecto.
Porque cuando se afirma que los altos mandos “no aceptarían a María Corina Machado”, hay que precisar qué implica esa amenaza. ¿Impedirían que participara en unas elecciones? ¿Desconocerían una eventual victoria? ¿Se negarían a obedecerla si llegara constitucionalmente a la Presidencia?
El liderazgo de María Corina representa una ruptura con el chavismo y se ha asociado a exigencias de justicia y de rendición de cuentas. Para quienes hayan participado en delitos o dependan de negocios vinculados al poder, su llegada a la Presidencia podría representar riesgos mayores que los de una candidatura dispuesta a preservar buena parte del orden existente.
El veto, entonces, puede estar dirigido especialmente contra ella. Pero si aceptamos que esa amenaza basta para descartarla, cualquier candidato que pretenda desmontar esas estructuras quedaría sometido a la misma condición. Los generales (no la FAN) terminarían decidiendo qué clase de democracia podemos tener… o, mejor dicho, que jamás haya democracia.
María Corina ganó la primaria opositora de 2023 con más del 92% de los votos emitidos, encabezó la movilización electoral de 2024 (nuestro mayor movimiento ciudadano) y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025. Su liderazgo tiene una base social y política que no depende de la aprobación de los militares.
¿Significa eso que podría gobernar sin negociar con ellos? Desde luego que no.
Habrá que negociar. Garantizar que quienes no hayan cometido delitos puedan continuar sus carreras, recuperar los criterios profesionales para los ascensos y ofrecer seguridad jurídica a los militares que acepten el nuevo orden constitucional. Incluso, seguramente, ofrecer cierto grado de impunidad… Pero también habrá que investigar los crímenes, desmantelar las redes de corrupción y establecer responsabilidades individuales.
En todo este debate, hay algo que siempre debemos recordar, por más obvio que parezca: la FANB es mucho más que su actual cúpula.
Hay oficiales medios, subalternos y soldados que también padecen el desastre venezolano. Tienen familias, hijos, salarios y aspiraciones. Muchos pueden querer una institución profesional, una carrera basada en el mérito y que su uniforme vuelva a ser respetado. La obediencia militar no equivale necesariamente a la adhesión política. Menos aún en una institución sometida durante años a vigilancia, castigos y depuraciones partidistas.
La propia María Corina Machado ha planteado que la FANB debe ser liberada, no desmontada. Y hay un argumento atendible en esa posición: Venezuela necesita recuperar una institución que sirva a la República y no a un partido.
Estados Unidos también tendrá un papel en este proceso. Washington ya demostró su disposición a intervenir militarmente en Venezuela y hoy ejerce una influencia determinante en las decisiones políticas del país. Un futuro gobierno democrático podría negociar cooperación y garantías de seguridad durante sus primeros años. Lo hará, sin duda alguna. Y no solo dentro de la propia FAN, sino también en los aparatos de inteligencia.
Panamá ofrece un antecedente. Pero el apoyo estadounidense no está garantizado y, como demuestra la propia decisión de respaldar momentáneamente a Delcy Rodríguez, Washington puede privilegiar la estabilidad inmediata por encima de las aspiraciones de las fuerzas democráticas venezolanas.
Por eso cualquier acuerdo tendrá que ser explícito. Y, sobre todo, Venezuela tendrá que recuperar instituciones capaces de sostener por sí mismas el orden constitucional.
Frente a una oportunidad histórica de volver a ser libres, las excusas no faltan. Y esta puede convertirse en una más. No porque el factor militar sea secundario. Todo lo contrario; nuestra historia es, en buena medida, militar y militarista. Y sabemos, por Gallegos, que una democracia puede morir cuando quienes tienen las armas deciden desconocer a quienes tienen los votos.
Pero también sabemos, por Betancourt, Alfonsín y Endara, que las democracias pueden enfrentar y derrotar a las rebeliones militares. A veces mediante acuerdos, otras mediante el uso legítimo de la fuerza y, en ocasiones, pagando costos que tardan décadas en corregirse.
Habrá que negociar, reconstruir la FAN, ofrecer garantías a quienes respeten la Constitución y enfrentar a quienes pretendan seguir ejerciendo el poder por la fuerza. Y habrá que hacerlo sin repetir los errores de 1948 ni comprar una nueva democracia al precio de la impunidad.
Que algunos generales no quieran a María Corina Machado puede ser cierto. Que tengan armas para intentar impedir su gobierno, también (aunque tengo serias dudas). Pero si aceptamos que esa amenaza basta para descartarla, habremos concedido a la cúpula militar exactamente lo que llevamos décadas intentando quitarle: el derecho a decidir quién gobierna Venezuela.
